Los cabildos se alían con el Gobierno para comprar y construir viviendas

El decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda da vía libre a los cabildos para que asuman la competencia de promover la construcción de viviendas protegidas. Las corporaciones insulares no tienen esta función pero la emergencia habitacional en la que se encuentra Canarias ha decidido al Ejecutivo a ofrecer a los cabildos la posibilidad de entrar de lleno en la política de vivienda para colaborar en la compra y promoción de casas y ofrecerlas en las modalidades de alquiler social o asequible. Los cabildos de Gran Canaria y Tenerife ya se encuentran ultimando proyectos y programas tanto de construcción como de compra y ayudas para adquirir pisos de protección oficial.

Han sido los propios cabildos los que habían demandado al Ejecutivo que se contemplara en la ley esta opción para dar suficiente seguridad jurídica a las corporaciones que quisieran desarrollar políticas de vivienda. El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, cree que se abre una importante «oportunidad» para las instituciones insulares a través de un decreto en el que se contemplan las principales peticiones de la Corporación en materia de vivienda: ser copartícipes en la construcción de casas de protección oficial, incorporar la modalidad del cohousing o vivienda colaborativa y que se incrementaran los ingresos de las familias hasta cinco veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) para tener derecho a acceder a un piso de protección oficial con un alquiler asequible.

Hidalgo muestra su satisfacción porque el Ejecutivo haya sido «receptivo» a sus peticiones en el marco de este decreto ley. La Corporación grancanaria tiene en proyecto la construcción de una promoción de 64 viviendas en El Secadero y otras 300 en La Feria, una parte de ellas en forma de cohousing. Gran Canaria es la única isla que cuenta con un Consorcio insular de viviendas, con promociones en Gáldar y La Aldea, y ahora incrementará el parque pública con las dos promociones previstas en la capital. Según Hidalgo, el Consorcio se incorpora como entidad pública a la política de vivienda y centrará una parte destacada de su actuación en ofrecer casas asequibles al segmento de la clase media, ya que la Comunidad Autónoma se centra más en las familias más vulnerables.

El decreto ley de emergencia habitacional da más seguridad jurídica a las corporaciones

También el Cabildo de Tenerife aprovecha la disposición que le ofrece la nueva normativa para destinar fondos a comprar viviendas vacías o inacabadas para ofrecerlas en alquiler social o asequible. La presidenta insular, Rosa Dávila, indica que ya hay una partida presupuestaria de cinco millones de euros, ampliable a otros cinco, para que el Cabildo tinerfeño tenga un «papel más activo» en materia de vivienda tanto en la compra directa como en la construcción. En un primer momento «tendrá prioridad todo lo que se pueda comprar y poner en el mercado de inmediato». En unos días se concretarán dos actuaciones, una en La Gallega, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, y una primera piedra de una promoción en La Orotava.

Otros cabildos como La Palma o La Gomera también entran en la política de vivienda de la mano de la empresa pública Visocan, a través de la financiación de nuevas viviendas protegidas en las dos islas.

Ayuntamientos y suelo

En relación con los ayuntamientos, el decreto ley contempla una batería de medidas relacionadas con la disposición de suelo para edificar casas protegidas tanto de promoción pública como privada. El presidente de la comisión de Vivienda de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Isidro Pérez, advierte que la entidad que representa a los 88 ayuntamientos canarios no conoce los detalles del decreto ley y están a la espera de que lo apruebe el Gobierno el lunes para analizarlo en profundidad en el comité ejecutivo que celebrará la Fecam la próxima semana.

Los municipios no conocen los detalles de la norma pero valoran la agilización del suelo

No obstante, a priori los municipios ven «positivo» que se intente agilizar los procedimientos en la búsqueda y disposición de suelo y que facilitar la modificación de los usos sin tener que esperar años es una «buena base» para «buscar soluciones y reducir la tensión del mercado». De todas formas, las posibles alegaciones o matices que tengan que hacer los ayuntamientos serán trasladadas al Ejecutivo cuando haya una decisión de los órganos de dirección.