Canarias en las negociaciones sobre los espacios aéreos y marítimos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Marruecos el 22 de febrero último para mantener un encuentro con el monarca marroquí, Mohamed VI. Fue una visita breve que no figuraba en la agenda oficial. Seguramente se precipitó cuando las autoridades marroquíes ofrecieron esa fecha para celebrar una reunión presencial con el rey de Marruecos, en señal de desagravio por su ausencia inesperada en la Reunión de Alto Nivel (RAN) de abril de 2022, ya que la agenda de las cumbres bilaterales que tienen lugar en Marruecos no se cierra hasta que la casa real marroquí confirma que el rey recibirá al presidente español. 

Cabe recordar que en esa última RAN se hizo pública una declaración conjunta que incorporaba una «nueva hoja de ruta» con 16 puntos, entre los que se incluían dos cuestiones estratégicas que afectan a Canarias: la reactivación del grupo de trabajo sobre delimitación de los espacios marítimos de la fachada atlántica y el inicio de conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos.

Hasta ese momento se sabía, a través de las respuestas dadas a preguntas parlamentarias, que, en lo que atañe a la delimitación de las aguas atlánticas, se había mantenido por el Ministerio de Exteriores alguna reunión de trabajo con Marruecos de la que no se conoce ningún resultado, en cuya preparación participó un representante de Canarias. Respecto al espacio aéreo del Sáhara, el Gobierno respondió en marzo del pasado año que se habían iniciado conversaciones con Marruecos referidas a la gestión y coordinación técnica para conseguir mayor seguridad en las conexiones.

Sin embargo, tras la visita a Rabat, un medio de comunicación informó de que el presidente Sánchez había accedido a la condición impuesta por el rey marroquí de traspasar a Marruecos la gestión del tráfico aéreo sobre el Sáhara, a cambio de la reapertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, de lo que no tenía constancia el presidente canario, Fernando Clavijo, a pesar de que en el pacto de legislatura firmado entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, este último aceptó la ‘agenda canaria’, en cuyo apartado 7 se garantizaba que Canarias participaría en un diálogo previo y tendría representación en las negociaciones con Marruecos en relación con las materias que afectan a la Comunidad Autónoma, especialmente en la delimitación de los espacios marítimos, control migratorio y explotación de recursos naturales. 

De confirmarse esta información, las consecuencias serían muy preocupantes para los intereses españoles pues se pasaría de una negociación en curso sobre una cuestión que afecta a Canarias sobre el espacio aéreo del Sáhara, a la cesión a Marruecos de su gestión como posible contrapartida de un acuerdo aduanero que nada tiene que ver y que además ya estaba cerrado, pendiente solo de la implementación técnica, según se había informado. 

Conviene recordar que el espacio aéreo sobre las aguas del archipiélago canario se gestiona por la empresa pública Enaire que también se ocupa, a través del centro de control de Gran Canaria, de regular la navegación aérea en el territorio del Sáhara Occidental, incluyendo los aeropuertos de El Aiún y Dajla, de conformidad con las decisiones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que es el organismo de Naciones Unidas responsable de la regulación técnica y económica de la aviación mundial. A pesar de ello, existen problemas de comunicación con las torres de control de los aeródronomos del Sáhara y dificultades de coordinación que pueden afectar a la seguridad de las operaciones aéreas.

Por otro lado, España y Marruecos son parte del Convenio sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR), habiendo comunicado ambas a la Organización Marítima Internacional (OMI) que son responsables de las tareas de rescate y salvamento en el espacio marítimo correspondiente a la costa del Sáhara Occidental, figurando esa franja de mar en los mapas de la OIM como un área de salvamento superpuesta entre los dos países. Aunque es una zona compartida, no se han producido conversaciones para la utilización mancomunada de los medios de salvamento disponibles y la adopción de procedimientos comunes, como aconseja la autoridad internacional en estos casos de solapamiento.

Hay que señalar que el control del espacio aéreo y de la zona de salvamento marítimo del Sáhara se rige por una normativa internacional que atiende exclusivamente a razones técnicas y operativas, ajenas a la soberanía, relacionadas con la seguridad de la navegación aérea y la eficacia de los medios y operaciones de rescate. En cambio, el asunto de la delimitación de las aguas de la costa atlántica es diferente, pues afecta a los espacios marítimos de España, Marruecos y el Sáhara e implica cuestiones de soberanía que no pueden resolverse definitivamente hasta que esta última región deje de tener el estatus internacional de territorio no autónomo. 

Una solución provisional, acorde con el derecho internacional, podría consistir en establecer la mediana como límite de separación de las aguas situadas entre las costas enfrentadas de Canarias y África, tomando como punto de partida las líneas de base establecidas en la legislación española y marroquí. Este es precisamente el criterio previsto en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para estos casos y el que se viene aplicando por parte de España, aunque Marruecos no lo acepta.

Por todo ello, en mi opinión, las cuestiones relativas a la gestión de los espacios aéreos, la delimitación de los espacios marítimos y también la gestión de la zona común de salvamento marítimo están interrelacionadas, por lo que deberían abordarse en la negociación con Marruecos como un paquete conjunto. La cesión por parte española de una gestión compartida del espacio aéreo del Sáhara solo sería aceptable si se consiguiera como contraprestación que Marruecos accediera a delimitar provisionalmente los espacios marítimos atlánticos generados por el archipiélago canario, aplicando la regla de la equidistancia.

En cualquier caso, aunque las negociaciones diplomáticas relativas a temas tan delicados deban llevarse a cabo con discreción, el Gobierno de Canarias ha de ser informado y escuchado antes del inicio de cualquier negociación y tiene derecho también a formar parte de la delegación negociadora española. Ello es así, no solo por el acuerdo de investidura, sino también por las competencias en materia de acción exterior atribuidas en el Estatuto de Autonomía.

Por último se echa en falta en el ámbito internacional que el Gobierno canario, teniendo competencias para ello, solo disponga en Marruecos de una oficina sectorial de la empresa pública Proexca para la promover la internacionalización empresarial y el comercio exterior y que carezca, en cambio, de una delegación u oficina de representación institucional, pese a ser Marruecos el país de mayor importancia estratégica para las relaciones exteriores. 

Por esa razón, convendría plantearse la apertura de una delegación del Gobierno de Canarias en ese país que permita, además de impulsar las actuaciones de los departamentos del Gobierno autonómico, establecer contactos de alto nivel con las autoridades marroquíes para facilitar el diálogo político sobre cuestiones de relevancia para los intereses de Canarias y consolidar una cooperación institucionalizada y permanente con el país vecino.