El presidente Paulino Rivero teme que la reducción de vuelos por parte de las aerolíneas tenga consecuencias en el desarrollo socioeconómico del Archipiélago, que sigue anclado al turismo como motor principal. Por ello, Rivero advirtió de que si la situación no se reconduce, "exigiremos el Estado la activación de la Obligación de Servicio Público para los vuelos con la Península, amparándonos en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1998".
"Hasta ahora no se estaba aplicando porque entendíamos que la competencia entre las compañías era suficiente para garantizar las conexiones y unos precios razonables", indicó el jefe del Ejecutivo canario. Sin embargo, tras el anuncio de Iberia de su intención de traspasar el grueso de su operativa a Iberia Express -que no solo no oferta mejores precios, sino que además cobra 12 euros por maleta y trayecto a los residentes- y el recorte de frecuencias por parte del resto de las compañías, Rivero aseveró que Canarias "no puede quedar solamente en manos de los intereses empresariales de las aerolíneas".
Según el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, la continua reducción de plazas "afectará al turismo, sobre todo al nacional, y puede conllevar pérdidas de empleo". Aunque Marichal admite que "las aerolíneas también sufren las consecuencias del contexto económico", lamenta que Canarias sufra "otra mala noticia" para el sector, que contaba con "buenas previsiones para el invierno". "No solo se trata de que se baje la conectividad, sino de que se suben los precios", denuncia el presidente de la patronal.
