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Medio Ambiente tiene que autorizar 22 parques eólicos este año

Los inversores exigen poder acogerse desde ya y sin autorización administrativa al cupo de 450 megavatios

Aerogeneradores del parque eólico de Pozo Izquierdo, en Gran Canaria.

Aerogeneradores del parque eólico de Pozo Izquierdo, en Gran Canaria. LP / DLP

La energía eólica canaria tiene por delante una carrera contra el reloj de un año de duración. El último día del recién estrenado 2015 finaliza el plazo para acceder al cupo de 450 megavatios de potencia que dan derecho a una retribución de 84 euros por megavatio hora de electricidad generado. Para poder registrarse, los proyectos tendrán que contar con una autorización administrativa cuyo primer capítulo se escribe en la Consejería de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias en forma de declaración de impacto ambiental (DIA). Solo 17 de los 39 parques adjudicados han logrado cubrir ese trámite desde que se produjo el fallo del concurso, hace más de cinco años y medio.

El departamento medioambiental canario habrá de acelerar en 2015 para que salgan adelante otros 22 de estos proyectos que abaratan en dos tercios el coste del sistema eléctrico canario y reducen a cero las emisiones de gases nocivos a la atmósfera. La segunda, razón suficiente para, dentro de un orden, captar todo su interés.

Con estos datos en la mano, "parece obvio que un plazo de tan solo doce meses es insuficiente para garantizar que todos los parques eólicos pendientes de aprobación puedan llegar a tiempo para cumplir con el trámite", explicó el presidente de la Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico, Claudio Palmés. Los inversores no se fían de que vaya a producirse una apuesta decidida por aligerar los trámites.

Tal es así que, desde prácticamente el mismo momento en que José Manuel Soria decidió trasladar la fecha límite al 31 de diciembre de 2015 en el penúltimo Consejo de Ministros del año pasado, los promotores solicitaron que "no sea preceptiva la obtención de la autorización administrativa". Es decir, los empresarios quieren que el objetivo de incrementar el peso de la eólica en el mix energético canario quede a salvo de la lentitud de la burocracia.

"De locos"

"Es de locos que Endesa haya conseguido tramitar en Medio Ambiente proyectos de grupos de generación a base de fuel, por poner un ejemplo muy gráfico, en un plazo muy inferior al que actualmente soportan los parques eólicos", señaló Palmés, para quien esta situación "solo beneficia al que contamina" y atribuye la responsabilidad de ello al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero.

Del mismo modo, los adjudicatarios de potencia eólica hicieron llegar al ministro su deseo de que se les "exima de depositar una nueva garantía", según afirmó el presidente de la asociación. Los promotores de los parques ya depositaron un aval de 50.000 euros por megavatio ante la Administración regional para acceder a su estatus de adjudicatarios. Ahora, Madrid les exige la misma cantidad para formalizar su entrada en el cupo. El subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, ya explicó hace semanas que la aprobación de un régimen retributivo específico conlleva el depósito de un aval por parte del sector privado que pretenda tener acceso a él.

En opinión de Claudio Palmés, eliminar el desembolso y la necesidad de contar con autorización administrativa "garantizaría que todos los parques se inscriban en el cupo" y demostraría que Madrid "apuesta claramente por un nuevo modelo energético en Canarias apoyando a las renovables". Además, a juicio del presidente de la Asociación de Adjudicatarios, si sus peticiones son atendidas, "toda la presión" para impulsar las energías renovables en las Islas recaería en el Gobierno de Canarias y, de forma especial, en la Consejería de Sostenibilidad.

"¿El ministerio quiere que se instalen todos los parques del concurso y que se genere un ahorro a los contribuyentes de un millón de euros cada tres días, sí o no?", se preguntó Palmés. ante la "limitación del ahorro" que supone imponer "fechas tan ajustadas".

Eliminar esos trámites "proporcionaría una mínima seguridad jurídica", relató el presidente de los adjudicatarios, lo que permitiría negociar la financiación con los bancos.

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