El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y el que fuera su número dos, Fernando Restoy, aseguraron ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernan-do Andreu que el organismo ejerció un mero control formal en la salida a Bolsa de Bankia -la entidad que surgió la fusión de siete cajas 2011, entre ellas La Caja de Canarias- y no estaba al tanto de los trabajos de supervisión del Banco de España. La CNMV, aseguraron, se limitó a aprobar un folleto en el que se indicaban todos los riesgos posibles, detallados de una forma muy prudente.
Uno y otro mantuvieron durante su declaración como investigados que la información sobre el estado de las cuentas de la entidad que fue remitida a ambos órganos supervisores no presentaba salvedades por el auditor y fue suficiente para avalar su salida a cotizar. Ambos indicaron que incluso extremaron las precauciones y fueron más exigentes en este caso.
Así lo aseguraron fuentes presentes en las declaraciones ante al juez Andreu, y que se prolongaron durante casi tres horas. Ni el fiscal. Alejandro Luzón, ni el abogado del Estado en nombre del FROB, realizaron preguntas.
Los exresponsables no hicieron grandes revelaciones y se limitaron a defender el papel del órgano supervisor de la transparencia en la operación. Así, el subgobernador del Banco de España y ex vicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, confirmó que "existían provisiones genéricas suficientes en Bankia (6.500 millones) y no había ningún defecto de provisiones" y citó un escrito del FROB que ratifica la adecuación de los estados financieros empleados por Bankia en el debut bursátil de 2011, y concluía que éstos reflejaban la "imagen fiel" de la entidad.
Sin embargo, ninguno de los dos aclaró la diferencia de criterio entre la CNMV y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo dependiente del Ministerio de Economía, a la hora de evaluar los trabajos de la firma encargada de la auditoría externa, Deloitte.
La auditora fue objeto de una sanción muy grave por infringir el deber de independencia en su labor sobre Bankia, al ofrecer un doble servicio de auditoría y consultoría; el Ministerio de Economía impuso una multa de 12 millones de euros que posteriormente rebajó a 10,4.
En su declaración, además, ambos coincidieron en negar que conocieran los correos internos del Banco de España previos a la salida a Bolsa. En alguno de ellos, el inspector José Antonio Casaus cuestionaba la "viabilidad" del grupo BFA-Bankia y la decisión de sacar la entidad a Bolsa a sus superiores, entre ellos Pedro González y Pedro Comín, que hoy declararán ante el juzgado; mañana lo harán los exdirectores de Supervisión del Banco de España Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello, en tanto que el exsubgobernador Javier Aríztegui y el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez irán el jueves.
