Todos los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Justicia de Canarias de manera unánime alertan del "colapso" que se va a generar en los Juzgados de Primera Instancia que a partir de este jueves se van a encargar "de manera exclusiva, pero no excluyente" de los litigios relacionados con cláusulas suelo
En concreto, esta tarea la realizarán en Canarias el juzgado de Primera Instancia número 1 de La Laguna, número 6 de Las Palmas de Gran Canaria y número 1 de Arrecife en Lanzarote.
La razón del colapso, denuncian los sindicatos, es la falta de responsabilidad que el Gobierno de Canarias ha puesto de manifiesto con la decisión de nombrar de forma unilateral "unos refuerzos irrisorios" para los juzgados afectados, debido a "la falta de organización, seriedad y sobre todo de compromiso con los ciudadanos perjudicados por las prácticas abusivas llevadas a cabo por las entidades bancarias en este tipo de actuaciones", prácticas que han sido condenadas por los tribunales españoles y europeos.
Las organizaciones entienden que lo que ha decidido la Dirección General de Justicia del Gobierno de Canarias -sin negociar con los sindicatos, y en contra de las recomendaciones de Consejo General del Poder Judicial, que estimó necesarios cinco funcionarios a jornada completa en el Juzgado de Tenerife y otros cinco en el de Gran Canaria- es limitarse a un auxilio judicial y un tramitador en cada uno de ellos, y ningún refuerzo en el juzgado de Arrecife de Lanzarote.
La puesta en marcha de estos nuevos órganos judiciales coincide con la conclusión de los tres meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
Reclamaciones extrajudiciales
El Gobierno obligaba en febrero a los bancos a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad llegaran a un acuerdo extrajudicial. Pero este mecanismo de tramitación de reclamaciones extrajudiciales no registró los resultados previstos, y las entidades han aceptado sólo alrededor del 5% de los casos.
"Significa que en Tenerife, por ejemplo, se esperan más de 2.000 demandas en el mes de junio, una avalancha que el Gobierno de Canarias va a convertir en colapso porque con esos refuerzos es imposible hacerle frente. Los afectados llevan tres meses esperando, lo que puede calificarse, como mínimo, de burla", lamentan los sindicatos.
Las recomendaciones del CGPJ debían permitir acomodar los medios personales y materiales, de cuya dotación son responsables las Administraciones, a las necesidades que fueran surgiendo en el desarrollo del plan de urgencia. "Pero el Gobierno de Canarias ha hecho caso omiso a dichas recomendaciones, "ha preferido sobrecargar a los juzgados e imposibilitar una prestación de servicio público adecuada, de calidad y de pronta respuesta a los perjudicados como consecuencia de una decisión adoptada sin negociación, simplemente para cubrir el expediente".
Los sindicatos sostienen que "de ninguna manera" van a ser "cómplices, como sí ha sido el Gobierno de Canarias, del perjuicio que se les causa a los afectados por las prácticas abusivas y en su lugar beneficiando nuevamente a las entidades bancarias".
