El Gobierno francés de Emmanuel Macron bajará 7.000 millones de euros en impuestos en 2018, sobre todo a las rentas más altas y más bajas, al tiempo que reducirá el gasto público en 16.000 millones para controlar el déficit y la deuda, según los Presupuestos aprobados ayer en Consejo de Ministros. La oposición no ha esperado para arremeter contra unas cuentas que juzga poco solidarias y especialmente benévolas con los ricos.
La batería fiscal que el Ejecutivo lanzará para dinamizar la actividad tiene como una de sus medidas estrella una fuerte reducción en el impuesto sobre la fortuna (ISF), que pasarán a pagar sólo quienes tengan un patrimonio inmobiliario superior a los 1,3 millones de euros. Quedarán exentos de ese tributo aquellos hogares que alcancen ese umbral gracias a su patrimonio financiero y a otros activos.
El proyecto de ley "beneficiará a todos los franceses sin excepción (...) y no sólo a los más ricos", declaró el ministro de Economía, Bruno Le Maire, que procede de las filas del partido de la derecha, Los Republicanos. El Ejecutivo hizo hincapié en que la progresiva eliminación del impuesto sobre la vivienda para el 80 % de los hogares o la bajada de las cotizaciones sociales para asalariados y autónomos aliviarán una carga fiscal "excesiva e injusta".
Asimismo, Le Maire destacó que la bajada de impuestos tendrá efectos especialmente relevantes sobre los trabajadores con menores ingresos, con un ahorro 540 euros anuales para quienes cobran el salario mínimo.
