Si el cobro de sus pagas dependiera de los ingresos y gastos de la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma, los pensionistas canarios no podrían seguir percibiendo su dinero a fin de mes, cuando menos no todos ellos o no sin sufrir una merma en sus retribuciones.
El Archipiélago cerró el último ejercicio, el de 2017, con más gastos en prestaciones y subsidios que ingresos vía cotizaciones sociales, unos números rojos que ya habían adelantado los datos provisionales de 2016 pero que el año pasado se dispararon hasta superar los 400 millones de euros. La diferencia entre lo que las arcas del sistema público de pensiones ingresaron en 2017 en la región y lo que se gastó en las pagas de ciudadanos canarios ascendió a, exactamente, 404,7 millones. En otras palabras: el dinero que los trabajadores y las empresas isleñas depositan a lo largo del año en las cuentas de la Seguridad Social para el sostenimiento del sistema no alcanza para sufragar las prestaciones contributivas y subsidios que se abonan en el Archipiélago, un montante que crecerá a partir de ahora después de que el Gobierno haya aceptado la petición del PNV de subir todas las pensiones un 1,6% para sacar adelanta los presupuestos generales del Estado. Así pues, de no ser por el sistema de caja única, que en esencia consiste en que todos los ingresos, provengan de donde provengan, van a un saco único para pagar a todos los beneficiarios indistintamente, los jubilados canarios tendrían que afrontar una considerable merma de sus retribuciones.
El Ministerio de Empleo, que dirige Fátima Báñez, acaba de publicar sus primeros cálculos sobre los ingresos y gastos del sistema en 2017 en cada uno de los territorios del país, una información que permite comprobar en qué comunidades es más o menos deficitaria la Seguridad Social. El informe evidencia que el sistema sigue teniendo un agujero considerable, que es precisamente la razón de que el sostenimiento del sistema público de pensiones sea uno de los retos más urgentes del Gobierno y el Congreso a través de la comisión del Pacto de Toledo. Los números rojos del conjunto del sistema trascendieron apenas días después del cierre del ejercicio, alrededor de 18.000 millones en negativo que volvieron a encender todas las alarmas. Y Canarias no es una excepción desde hace ya varios ejercicios, solo que, hasta ahora, el déficit de las entidades gestoras del sistema de prestaciones en las Islas obedecían a toda su actividad, es decir, se incluían los gastos de personal, los gastos corrientes, los gastos financieros etcétera.
Sin embargo, el montante destinado exclusivamente en Canarias para el pago de las pensiones de jubilación y demás prestaciones -viudedad, orfandad, incapacidad?- nunca había superado la recaudación por cotizaciones de empresarios y trabajadores también exclusivamente de Canarias. Nunca hasta 2016, cuando los primeros datos de la Intervención General de la Seguridad Social constataban unos números rojos de alrededor de 140 millones que finalmente se corrigieron en el informe definitivo, en el que se contabilizaron unos 300 millones más en ingresos por cotizaciones. Con todo, los datos de la Intervención General que acaba de publicar el Ministerio cifran ya el agujero en esos 405 millones de euros, una cifra histórica, por lo negativo, que se anunciaba ya desde 2013.
De superávit a déficit
Lo cierto es que hasta hace solo unos ejercicios Canarias era de las pocas comunidades autónomas que integraban el grupo de las contribuyentes netas, esto es, esas regiones en las que el superávit del sistema servía para cubrir el déficit de otros territorios. El Archipiélago fue con la Comunidad de Madrid y Baleares de los últimos territorios que pudieron presumir de estar entre las contribuyentes netas, si bien hay que precisar que, en el caso de las Islas, ese superávit obedecía en última instancia a las bajas pensiones que se pagan en las Islas, lo que, además, está indisolublemente unido a carreras laborales más precarias. Sea como sea, el superávit se ha transformado en un déficit ya considerable.
Los empresarios y empleados de la Comunidad Autónoma ingresaron durante 2017 en la cuenta corriente de la Seguridad Social un montante de poco más de 3.137,6 millones de euros. En la parte de los gastos, el desembolso en prestaciones contributivas llegó a 3.374,1 millones de euros. Una cantidad que incluye, por tanto, los importes destinados para el pago de las prestaciones por invalidez, viudedad, orfandad, en favor de familiares y para el pago de las pensiones de jubilación. Pero, además, a esos cerca de 3.375 millones aún hay que sumar los casi 168,2 millones de euros que en forma de subsidios y otras prestaciones no contributivas también salen de las arcas de la Seguridad Social, una cuantía que incluye como cifra más destacada los prácticamente 102,3 millones que se pagaron por las incapacidades temporales de los trabajadores de las Islas. En definitiva, un gasto de 3.542millones que no cubren los 3.137 millones ingresados vía cotizaciones sociales de empresas y empleados.
Es más, ni siquiera salen las cuentas excluyendo de la fórmula el dinero empleado en subsidios y otras prestaciones. Es decir, los ingresos por cotizaciones sociales ahora mismo no llegan ni siquiera para cubrir el gasto en prestaciones contributivas.
Hasta 2015, cuando lo peor de la crisis ya había quedado atrás, Canarias había conseguido mantenerse con superávit. Ese año, la Seguridad Social todavía ingresaba en las Islas por los pagos de empresas y trabajadores unos 180 millones más que el importe de las pensiones y demás prestaciones, unas cifras que incluso habían sido mejores un año antes, en 2014.
Y ¿cómo es posible que durante la crisis aún hubiera superávit y sea precisamente ahora cuando la Seguridad Social entra en déficit también en el Archipiélago, cuya economía, paradójicamente, crea empleo? Por un lado, por el envejecimiento de la población, que aunque no es aún un problema tan extremo en Canarias como en otros territorios, igualmente ha desembocado en que quienes se jubilan sean más que quienes se incorporan al mercado laboral; por otro, y fundamentalmente, porque muchos de quienes logran acceder a un puesto de trabajo lo hacen con bajos sueldos y, por tanto, con cotizaciones bajas, de modo que lo que estos dan al sistema no basta para pagar a quienes pasan a vivir del sistema.
