El Gobierno de Canarias busca fórmulas para evitar la previsible avalancha de desahucios que se producirá tras la finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Ese día acabará también la suspensión de los desalojos decretada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, de ahí que notarios y registradores de la propiedad vengan advirtiendo de que se avecina un aluvión de desahucios. La intención del Gobierno autonómico es impedir ese aluvión, impedir que los desalojos “se disparen” tras el 9 de mayo.
Así lo adelantó ayer el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Ejecutivo regional, Sebastián Franquis, que explicó que están ultimando “medidas jurídicas” al respecto. No obstante, aún cabe la posibilidad de que el Gobierno central prorrogue la suspensión de los desalojos, tal como recordó el consejero, con lo que las medidas del departamento de Vivienda no serían necesarias. En cualquier caso, Franquis dijo que en el Ejecutivo existe “preocupación” por los efectos de la crisis del coronavirus en la sociedad. En este sentido, hay que recordar –aunque parezca contradictorio– que sí se han incrementado las ejecuciones hipotecarias.
La ejecución hipotecaria es el procedimiento que ordena la venta de un inmueble gravado con un préstamo bancario cuando el hipotecado no cumple sus obligaciones. Es el procedimiento que se inicia cuando una familia deja de pagarle a la entidad financiera la mensualidad de la hipoteca durante largo tiempo y que precede al lanzamiento. Las ejecuciones hipotecarias tocaron techo en 2009, cuando llegaron a la friolera de 5.551. A partir de 2014, con la salida de la crisis financiera, se fueron reduciendo hasta quedarse en 560 en 2019. Una tendencia positiva que se terminó con las 740 contabilizadas en 2020.
