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La pandemia frena la venta de casas nuevas sin resolverse las penalizaciones a las vacías

El ‘stock’ de viviendas pendientes de comprador se mantiene en 30.000 en las Islas, mientras las administraciones analizan gravar y expropiar pisos deshabitados

Viviendas del  grupo Fermín Sanz-Orrio (La Isleta), en Las Palmas de Gran Canaria. | | ANDRÉZ CRUZ

Viviendas del grupo Fermín Sanz-Orrio (La Isleta), en Las Palmas de Gran Canaria. | | ANDRÉZ CRUZ

La pandemia ha frenado la adquisición del stock de vivienda nueva mientras se intensifica en España el debate sobre la penalización a los propietarios de las casas vacías. En Canarias las existencias de viviendas nuevas que no se han vendido se mantuvo el año pasado prácticamente inalterado. El número de inmuebles sin comprador finalizó el año en 30.073 casas, 181 menos que en 2019 -30.254-, según los últimos datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, lo que supuso una reducción de apenas un 0,60%. El coronavirus fue uno de los causantes de que en 2020 el mercado dejara de absorber el sobrante de vivienda en Canarias y en el resto del territorio.

No obstante, el sector inmobiliario «goza de buena salud», afirma Vanesa Rubio, presidenta de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi). Si bien la pandemia moderó el año pasado la venta de casas nuevas, sobre todo para extranjeros, que estaba en alza, paralelamente abrió los ojos a propietarios o personas que vivían en alquiler para comprar viviendas más cómodas, con más luz, para eventuales confinamientos. Hay propietarios que solo iban a dormir a sus casas y al estar confinados se percataron de que necesitaban un hogar que le diera más bienestar, cuenta Rubio. Este año, por tanto, la situación en las ventas puede cambiar.

El problema es que aunque haya empleos estables, el ahorro es escaso y para comprar una vivienda se requiere tener un fondo de un 20% o un 30% del coste de la casa y eso es difícil.

Por otro lado, los alquileres son altos, y si se ponen más casas vacías en el mercado se modularán los precios. Así, desde el Ejecutivo de España se ha lanzado una propuesta para penalizar a quienes tienen viviendas vacías. La modificación normativa, formulada por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, para que los ayuntamientos puedan incrementar hasta un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas que permanezcan desocupadas, puede repercutir en Canarias a más de 86.500 propietarios. El planteamiento que ha puesto sobre la mesa el ministro socialista José Luis Ábalos, –enmarcado en la estrategia con la que se busca incentivar rebajas del alquiler en zonas tensionadas del país–, afectaría a aquellas propiedades que llevasen un mínimo de dos años vacías y pertenecieran a titulares con cuatro o más inmuebles.

Canarias no penaliza las residencias desocupadas; intenta que entren en el mercado

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Esa propuesta está en stand-by a la espera de que se pueda llegar a un consenso entre los diferentes partidos políticos. Hoy por hoy, en Canarias hay 138.362 casas vacías y no se aplica ninguna penalización a sus propietarios ni se piensa en una subida de impuestos, indican desde Hacienda, que recuerdan que en las Islas no se va a tocar la imposición fiscal. La actual Ley de Vivienda establece que no se puede expropiar a personas físicas aunque sí a empresas con viviendas, pero no se ha hecho nunca, afirman desde Hacienda.

La Consejería de Vivienda ha optado por todo lo contrario, subraya Maribel Santana, directora del Instituto Canario de la Vivienda. Más que penalizar se marcan como objetivo incentivar a los propietarios para que pongan sus casas en el mercado. En breve se activará un programa de vivienda vacía con el que el Gobierno canario garantizará el pago del alquiler durante cinco años a los dueños de casas deshabitadas para poder sacarlas al mercado y aumentar la oferta de del alquiler en las Islas, con lo que se pretende que se rebaje el precio de los arrendamientos. Con esta medida, para la que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda destinará una partida de un millón de euros cada año, se calcula que puedan ponerse en alquiler, a precios asequibles, algo más de 600 viviendas en los próximos meses y tenga un efecto rebote para que se vayan moderando los precios en el mercado.

Muchas administraciones públicas han puesto su mirada en este problema, en usar las casas vacías para aumentar el parque de alquileres. La normativa balear permite la expropiación forzosa de pisos de grandes tenedores (personas o empresas con 10 o más casas) que lleven dos años vacíos injustificadamente. El País Vasco ha aprobado este mes una normativa que permite algo parecido y se dirige a cualquier tipo de inmueble deshabitado, de pequeño o gran propietario. La idea básica es gravar fuertemente los inmuebles vacíos con 10 euros por metro cuadrado y podrá triplicarse si pasa el tiempo.

También la legislación de Navarra prevé la expropiación de casas vacías aunque solo en el caso de personas jurídicas (es decir, empresas). En general, todas las comunidades están estudiando cómo poner en el mercado las viviendas sin uso.

Incentivos al alquiler de viviendas deshabitadas


El Gobierno canario está ultimando con Visocan una medida estrella para poner en el mercado viviendas vacías para el alquiler asequible de estos inmuebles-en torno a 450 euros- a través de incentivar a los propietarios. La fórmula es similar a la que ya se aplica en Euskadi y Navarra. Consiste en una firma de contratos de cesión del usufructo entre los propietarios de viviendas vacías y el Gobierno regional. La administración paga al propietario todos los meses y durante cinco años haya arrendatarios o no en su propiedad, o incluso si estos dejan de pagar la renta al Gobierno.

La Consejería, que dirige el socialista Sebastián Franquis, ha establecido unos precios máximos de referencia según los metros cuadrados útiles de la vivienda para abonar a los propietarios la cesión de del usufructo. Con estos parámetros, el Gobierno pagaría por un piso de unos 75 metros cuadrados, sobre los 500 euros. Por su parte, Visocan, siguiendo este modelo, se encargará de cobrar las rentas mensuales directamente a los inquilinos de esas casas, con alquileres adaptados a la situación social de cada una de las familias. De esta forma, los futuros arrendatarios han de ser demandantes de vivienda inscritos en el Icavi (Instituto Canario de la Vivienda), cuyos ingresos mensuales, por familia, no superen los 2.200 euros al mes. La renta que pagarían nunca superaría el 30% de sus ingresos, con un tope máximo de 450 euros al mes. Muchos propietarios temen poner sus viviendas en alquiler. Con este programa se garantiza que van a cobrar, que tengan un seguro e, incluso, que se rehabilite el inmueble, explica Maribel Santana, directora del Icavi.| F. M.

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