Con una de las poblaciones más jóvenes, Canarias tiene la tasa de dependencia más baja del país (43,8%), es decir, el menor porcentaje de ciudadanos de más de 64 años y menos de 16 años. Es el enorme crecimiento de la población activa –personas que trabajan o buscan empleo– lo que propicia un resultado que, a priori, tiene esencia positiva, pero que provoca otros problema de gravedad como la imposibilidad de sacudirse los altos índice de paro. El Archipiélago encabeza hoy el ranking del desempleo, con el 20,3% de los activos en busca de una oportunidad laboral que no llega.
¿Ventaja de tener menos jubilados, en proporción sobre el total de la población, que otras comunidades autónomas? Una mayor solidez en el mantenimiento del sistema de pensiones. Cada una de las 345.100 contributivas –las no contributivas se abonan con cargo al presupuesto estatal– pagadas en marzo en las Islas, la sostienen aún 2,6 trabajadores; en Asturias, con una de las poblaciones más envejecidas, la mitad, 1,3.
Cada pensión contributiva la sostienen en el Archipiélago 2,6 trabajadores
La inmigración es en buena parte responsable de la aceptable salud del sistema por aportar mano de obra. No confundir el incremento de la demanda de trabajo con la llegada de cayucos. La aportación por esa vía al mercado laboral es absolutamente marginal y en nada varía el panorama.
El Instituto Nacional de Estadística revela que es la llegada de ciudadanos de la Unión Europea (UE), que desde 2002 cuadruplica la de los procedentes de terceros países, la más determinante.
Basta observar la evolución al alza del número de activos durante los últimos 20 años, del 44,4% –20 puntos más que el conjunto del Estado–, para entender por qué las Islas presentan hoy la tasa de paro más elevada y un total de 234.600 desempleados.
El problema del paro
En comparación con los primeros años de este siglo, España ofrece hoy un 21,8% más de oportunidades laborales; Canarias ha mejorado la creación de empleo en un 28,7% en ese tiempo. A pesar de ello, ahora está ahora más lejos que en 2002 de converger con la media nacional; 0,9 puntos hace veinte años y 6,6 hoy.
El continuo crecimiento del número de trabajadores encontró su razón al inicio de este siglo en un floreciente sector de la construcción y, tras reventar este en 2008, halló continuidad en una actividad turística que sostiene hasta un tercio de la economía isleña y fue de las primeras en recobrar el pulso, al nutrirse en un 85% de clientela extranjera.
La tasa de paro de la región estaba a 0,9 puntos de la media estatal en 2002 y hoy, a 6,6
Esa industria alojativa es un refugio para los currículos menos floridos. De esa ausencia de especialización se derivan tanto los salarios medios como las pensiones más bajas del Estado. Es decir, población más joven y, por tanto, más efectivos para sostener unas pensiones de escasa cuantía, comparativamente con otras regiones; pero más paro y menores salarios.
Al esquema debe sumarse también una gran cantidad de pensiones no contributivas (PNC), circunstancia que se deriva de la alta presencia de una economía informal –pagos en dinero negro, ausencia de contratos...– que afectó a los canarios que hoy están en la edad del retiro.
Un dato que revela el tamaño del problema: en marzo se pagaron 42.449 PNC en Canarias, 704 más que en Madrid, que tiene el triple de población. Si las contributivas ya son bajas, por el excesivo peso del sector servicios, las no contributivas lo son aún más; otra explicación a la amplia franja de ciudadanos que se sitúan bajo el umbral de pobreza o a sus puertas.
Alta temporalidad
Son 921.200 los ciudadanos que van a trabajar cada día y la nómina de casi la quinta parte de ellos (177.600, un 19,2%) la abonan las administraciones, que, por otra parte, tienen trabajo por delante para cumplir con el mandato que la Unión Europea (UE) impuso a España de reducir la temporalidad a cambio del paquete de ayudas para superar la crisis económica derivada de la pandemia. Cuatro de cada diez empleados públicos de Canarias la padecen.
El crecimiento de la población en edad de trabajar lastra los intentos por reducir el desempleo
Volvamos a los 345.100 perceptores de pensiones contributivas y sumémosles los 42.449 de PNC, los 177.600 trabajadores de las diferentes administraciones y los 234.600 desempleados; total, 799.749. Como en el Archipiélago existen 1.946.100 ciudadanos mayores de 16 años, fecha más temprana para la incorporación al mercado laboral, la matemática dicta que cuatro de cada diez rentas que perciben los ciudadanos –el 41%– provienen del Estado.
La juventud determina de nuevo que el porcentaje sea menor que en las comunidades autónomas con poblaciones más envejecidas. También otra vez el paro es responsable de que no sea menor. Y una salvedad para restar grosor al trazo: los empleados públicos no solo reciben, también contribuyen.
