El funcionamiento de la ZEC (Zona Especial Canaria) y los márgenes de tributación de las entidades que quieren operar en ella, así como el pago de tasas que deben realizar al solicitar la inscripción en esa zona de baja fiscalidad, con un incremento de cerca del 70 %, está siendo objeto de debate en le Congreso al hilo de la tramitación de varias leyes de ámbito estatal sobre las que los diferentes grupos parlamentarios están proponiendo modificaciones que alteran la normativa actual. PSOE, PP y CC se enfrentan en distintas direcciones en dicha tramitación sin que el partido que sustenta al Gobierno central esté dando oportunidad a las propuestas de populares y nacionalistas canarios.
Las dos leyes estatales que acogen ese debate son los presupuestos del Estado para 2023 y la iniciativa legislativa, una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos, en la que se materializa la creación de un impuesto temporal a la banca y las grandes compañías energéticas. En ambos casos, el Gobierno central y los dos socios que lo conforman modifican diferentes aspectos de la ZEC pero de forma que no contenta ni al PP, ni a CC, mientras que otra propuesta legislativa externa al Ejecutivo central, en este caso del Parlamento de Canarias, como la proposición de ley sobre el comercio triangular en la propia ZEC, espera su turno de tramitación una vez que reciba el visto bueno para ello por parte de La Moncloa.
En el caso de los presupuestos estatales, la polémica se centra en el rechazo del PSOE a las enmiendas de CC sobre el comercio triangular pese a que se trata de iniciativas aprobadas por unanimidad en el Parlamento de Canarias, por tanto con el respaldo de los socialistas de las Islas, tanto en el informe positivo para la modificación del REF que contiene el proyecto presupuestario, como en la propuesta normativa de la cámara regional sobre ese tipo de actividad en la ZEC. Las cuatro enmiendas de las diputadas de CC, Ana Oramas y María Fernández, sobre esta cuestión inciden en aspectos como que las empresas dedicadas al comercio triangular en esos espacios de especial fiscalidad puedan acogerse a la tributación del 4% en el Impuesto de Sociedades, como se había hecho durante 20 años, hasta que en 2021 la Agencia Tributaria cambió la interpretación de la norma. El cambio que introduce en esta cuestión el proyecto de ley presupuestario es positivo para el futuro, porque impide esa nueva interpretación de la Agencia Tributaria, pero, según el Parlamento de Canarias y las enmiendas de CC, es insuficiente porque tampoco tiene carácter retroactivo.
Esa retroactividad sobre el comercio triangular de la ZEC es también una de las cuestiones consensuadas en la proposición de ley promovida por el Parlamento de Canarias ante las Cortes Generales, en la que también se pide que se reduzca hasta el 50% el requisito de que el 90% de los recursos de las empresas que hacen estas transacciones estén situados en Canarias. Todas estas enmiendas se han mantenido vivas pero sin posibilidad de prosperar porque tiene en contra el voto de PSOE y UP, así como el de otros grupos aliados parlamentarios, sin que ello afecte al acuerdo que socialistas y nacionalistas sobre otros aspectos presupuestarios relacionados con Canarias como la gratuidad de las guaguas en las Islas, los 100 millones para la reconstrucción de La Palma, la bonificación del 60 % en el IRPF para los contribuyentes de esas islas, o la bonificación del coste real del transporte de mercancías.
Aumento de tasas de inscripción
La otra polémica sobre la ZEC que se vive estos días en el Congreso es sobre el incremento y la modalidad de pago de la tasa de inscripción de las empresas que quieran operar en esa zona. Una enmienda del PSOE y UP a la proposición de ley sobre el polémico impuesto a la banca y a las compañías energéticas establece un incremente cerca de un 70 % en las tasas de las entidades ZEC hasta 2025, así como la obligatoriedad de hacerlas efectivas en el momento de la inscripción, no cuando se materializan los proyectos como ocurre en la actualidad. La enmienda, ya incluida en el texto legislativo que precisamente el jueves se aprobará en el pleno del Congreso, establece primero una bajada del 4% para 2023, de los actuales 884 euros a 850, para subir luego hasta los 1.200 en 2024, y a 1.500 euros en 2025. La enmienda señala que la ZEC “no procederá la devolución de la tasa en los supuestos de denegación, renuncia a la solicitud de autorización, caducidad de la autorización sin inscripción, o renuncia a la inscripción”. En caso de denegación, la presentación de nueva solicitud de idéntico o análogo objeto y solicitante no devengará de nuevo el pago de la tasa La tasa de permanencia, por su parte, no se modifica inicialmente pero sí se incide en que se actualizará conforme a lo dispuesto cada año para la actualización de tasas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.
Esta modificación de las tasas de la ZEC es considerada por el diputado canario del PP Guillermo Mariscal como “una medida absolutamente disuasoria para una comunidad autónoma que tenía este instrumento como un generador de crecimiento económico y empleo”. Según él, esta medida es contradictoria con el objetivo de “aumentar las actividades que se puedan instalar en la ZEC para aumentar la capacidad económica y, por tanto, el crecimiento de empleo y riqueza y, por otra parte, ustedes crean una tasa nueva, un nuevo gravamen”. “¿En qué estamos, en más gravámenes o más actividades? ¿Quieren más recaudación? ¿No será porque a lo mejor en el Ministerio de Hacienda están planteándose que incrementando la recaudación vía gravámenes tienen que destinar menos dinero del presupuesto a la ZEC?”, se pregunta el diputado por Las Palmas, quien además considera un “desprecio” a Canarias que se haya aprobado sin solicitar informe previo al Parlamento de Canarias como es preceptivo cuando se modifica cualquier aspecto del REF.
Sin embargo, la diputada socialista Tamara Raya aclara que dicho informe ya ha sido solicitado por la Mesa del Congreso, y defiende la oportunidad de las medidas sobre las tasas de la ZEC con el argumento de “hacer más eficiente” el funcionamiento de la entidad. “La enmienda lo que persigue es modificar el procedimiento de cobro de la tasa de inscripción y establecer el pago en el momento de la presentación de los proyectos y no al final, con el objetivo de maximizar la eficiencia del funcionamiento de la entidad porque hasta ahora muchas de las empresas que solicitaban la inscripción no la materializaban y eso supone una carga administrativa importante para la ZEC”, señala la diputada. “Se pone un mecanismo para que los que opten sean los que realmente están interesados, para eso lo que se hace es cobrar la tasa en la misma solicitud de inscripción”, concluye antes de afirmar que la medida está avalada por el presidente del Consorcio de la ZEC, Pablo Hernández.
