Los dueños de viviendas en suelo turístico en Canarias, sancionados con hasta 30.000 euros por "vivir en su casa"

La Ley 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias, ha generado controversia y malestar entre los propietarios de viviendas en zonas turísticas de las islas. La normativa establece que los propietarios de viviendas en suelos con potencialidad turística no pueden residir en ellas si no pueden probar que lo han hecho antes de 2017. Esta medida se ha tomado para evitar el crecimiento desordenado en áreas turísticas y fomentar la reconducción del proceso de residencialización en zonas y núcleos turísticos. Sin embargo, muchos propietarios de estas viviendas se sienten expropiados de su derecho a la propiedad privada y denuncian que la normativa es inconstitucional y que atenta contra sus derechos reconocidos en el Código Civil.

La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribé Doreste, ha afirmado a Antena 3 Noticias que el derecho a la propiedad privada es inherente al derecho a su uso y que la normativa obliga a darle un uso turístico a las viviendas, incluso a través de una tercera persona, lo que considera una expropiación encubierta. Además, los propietarios no tienen la capacidad de dar de baja al explotador turístico que ya figura en el complejo, por lo que se ven obligados a dárselo a él, competente o no.

Canarias dicta las primeras sanciones por residir en apartamentos turísticos

La normativa ha generado la preocupación de unos 70.000 propietarios de viviendas en zonas turísticas de las islas. Desde el gobierno regional se han confirmado seis multas por infracciones muy graves de la legislación de Canarias, cuyas sanciones oscilan entre 2.253 y 9.015 euros. La PALT confirma estas sanciones y habla de más avisos de posibles multas que pueden llegar hasta los 30.000 euros en caso de no desistir y continuar viviendo en la propiedad.

Doreste explica que los explotadores turísticos interponen denuncias cuando los propietarios no ceden sus inmuebles o continúan residiendo en ellos. En estos casos, se aplica la ley y se envía el aviso de la posible sanción de no desistir el propietario de su actividad o de continuar residiendo en su domicilio. Hasta ahora, la PALT no había acudido a los tribunales, pero tras la ratificación de una multa a una persona por vivir en su casa, ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular de Ley Turística para Canarias, en la que se defiende una norma que respete el derecho de propiedad, la libertad de empresa y las competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias y que suprima la obligación de atenerse al uso turístico. La PALT pide la derogación de la normativa 2/2013 y una solución para los propietarios afectados.