Los constructores avisan que las obras desiertas ya pasan factura al empleo

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción disminuyó en julio en 465 personas y en otras 436 en agosto. Dos meses consecutivos de bajadas tras haberse encadenado cinco de subidas entre febrero y junio. Aunque la cifra media de empleados en alta laboral fue en agosto superior a la del mismo mes de 2022 en las dos provincias canarias, la duda reside en si lo ocurrido en el último bimestre obedece a la estacionalidad del verano o a un incipiente «agotamiento» de la actividad. En cualquier caso, en la patronal tienen claro que más allá de la tendencia en los próximos meses, hay un factor evidente que ya pasa factura al empleo: las decenas de obras públicas que continúan quedando desiertas porque los precios a los que se ofertan están por debajo de los costes que tendría que asumir la empresa adjudicataria.

Ya este diario avanzó la semana pasada que el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos han declarado desiertos hasta 95 contratos de obras en lo que va de 2023, licitaciones que en su mayoría no despertaron el interés ni de una sola empresa. Cerca de un centenar de contratos por un montante de 54,6 millones de euros que se quedan en stand by, lo que no solo frena la ejecución de esos trabajos, con el consecuente coste para los ciudadanos –hay desde proyectos para la mejora de carreteras hasta reformas de geriátricos, centros de salud o colegios–, sino que, además, perjudica a las constructoras, a los trabajadores del sector y, en definitiva, a la economía regional. Al respecto, el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, avisa que «la pelota de la obra pública desierta va a más», hasta el punto de que ya ven en «riesgo» buena parte de los fondos europeos. Izquierdo, en línea con lo que también viene denunciando su homóloga de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, explica que el mecanismo para la revisión de precios de los contratos desfasados no está funcionando.

Un 10,5% del total de las licitaciones de este año, hasta 70 millones, no llega a la economía real

Hay que recordar que detrás de este problema está el histórico incremento de los precios de los materiales de construcción. El coste de la energía y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania –los valores del aluminio y del acero alcanzaron sus máximos históricos con el estallido de la guerra– dispararon los precios no de uno, dos o tres de los productos o materiales habituales en la construcción, sino de prácticamente todos: madera y encofrado, acero, aluminio, hierro, betún, PVC, acristalamiento, yeso, pintura, cola, adhesivos, azulejos, arenisca... Así que el importe de los contratos licitados por la Administración pública debió actualizarse en igual medida, algo que no se hizo y que sigue sin hacerse. Las medidas paliativas que han puesto en práctica los Gobiernos escondían muchas limitaciones, como, por ejemplo, porcentajes máximos en las revisiones de precios que quedan por debajo de los incrementos experimentados por los materiales, de modo que la bola de licitaciones desiertas se hace cada vez más y más grande. En especial en Canarias, que tiene el dudoso honor de ser la Comunidad Autónoma más afectada por este problema. La situación ha llegado a tal punto, ahora cuando el sector empieza a perder afiliados, que ya se teme lo peor.

«La mala praxis de muchas administraciones, junto con los sobrecostes y las fluctuaciones de precios que soportan las empresas constructoras, puede paralizar el sector, como está empezando a notarse con ese peligroso indicio de disminución del empleo en los últimos tres meses», argumenta el presidente de Fepeco. De hecho, al sumar también las licitaciones desiertas de la Administración central, esto es, de los organismos y entidades dependientes del Estado, el número de obras públicas frenadas por la desactualización de los contratos se eleva a un total de 141. Contratos entre los que figuran, por ejemplo, el de la nueva estructura de soportes de exutorios en los aparcamientos del aeropuerto de Gran Canaria, que Aena sacó a subasta por casi 396.000 euros, y el de la ampliación y rehabilitación del parking público del aeródromo de El Hierro, que también licitó el gestor aeroportuario nacional, este por unos 896.500 euros. La cuantía de todos esos convenios de obras sin adjudicar asciende en lo que llevamos de 2023 a unos 70 millones.

Según se desprende de las cantidades que constan en la Plataforma de contratos del sector público, esos 70 millones representan un 10,5% del montante de todas las licitaciones de 2023. «Quizá esta situación anómala es una coartada para sacar obras por medio de encomiendas a empresas públicas, que es lo que está pasando de manera escandalosa, haciendo así una competencia desleal a la iniciativa privada», afirma Izquierdo.

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