Ribera activa la cesión a renovables del gran ‘enchufe’ a la red eléctrica de la central nuclear de Garoña

Los puntos de acceso a la red eléctricase han convertido en un tesoro codiciado por las compañías energéticas. La saturación de la red en algunas zonas y el boom de nuevas plantas renovables ha convertido estos puntos de conexión en un bien escaso y muy disputado, generando incluso movimientos especulativos de reventa de proyectos sólo por contar con el permiso para enchufarse a la red.

La liberación de capacidad de acceso a la red eléctrica por el cierre de viejas plantas de generación térmica genera expectación en el sector y las compañías toman posiciones para hacerse con esas conexiones que quedan vacantes. El Gobierno, en el marco de su estrategia de transición justa, está diseñando concursos abiertos para adjudicar los accesos a nuevos proyectos renovables.

El año pasado se cerró la adjudicación del primero de estos concursos, el de la capacidad que dejaba la central de carbón de Andorra (Teruel), que contemplaba el traspaso de 1.200 megavatios (MW) y que se adjudicó Endesa con su ‘macroproyecto’ verde para la zona (Endesa también era la propietaria de la central térmica que allí había). Ahora el Gobierno activa el proceso que terminará con nuevos concursos de transición justa para ceder los codiciados accesos a la red de alta tensión de varias centrales de carbón clausuradas y también, por primera vez, de una central nuclear desenchufada.

Cinco centrales

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta en funciones Teresa Ribera, prepara la regulación de los requisitos para adjudicar a nuevas instalaciones de energías renovables la capacidad de acceso a la red que tenía la central nuclear de Garoña, en Burgos y que era propiedad de Endesa e Iberdrola; y también de las centrales de carbón de Velilla (Palencia), de Iberdrola; de Lada (Asturias), también de Iberdrola; de La Robla (León), de Naturgy; y también la capacidad aún no adjudicada de la central de Andorra (Teruel), de Endesa.

La capacidad que liberan todas estas plantas ya cerradas y que se irá adjudicando permitirá la conexión de nuevas renovables con una potencia conjunta de algo más de 4.700 megavatios (MW) en total. El Gobierno ha sacado a consulta pública un borrador de orden ministerial que contempla sólo sacar a concurso en una primera fase de 1.320 MW para instalaciones verdes de generación síncrona (que sirven para dar estabilidad al sistema eléctrica y robustez a la red al mantener siempre sincronizadas la velocidad de generación y la frecuencia de la tensión) y otros 100 MW reservados de la central de Teruel para pequeñas plantas verdes de menos de 10 MW de potencia. La capacidad restante que ahora no se adjudica se repartirá en otros procesos de concesión más adelante.

El Gobierno autorizó definitivamente el pasado julio el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, que se mantenía inactiva desde 2012. Se trata de la tercera central nuclear que echa el cierre en España, después de las de Zorita (en Guadalajara) y Vandellós I (Tarragona), esta última tras sufrir un incendio y una inundación. Pero Garoña será la primera cuya conexión a la red se adjudica mediante los procesos de transición justa para ser reutilizado por nuevas plantas de energías renovables. La nuclear burgalesa libera una capacidad de acceso máxima de 787 MW, y en esta primera fase se licitará la concesión de 151 MW de generación síncrona.

Las cinco centrales de carbón que participarán en este proceso permitirán la conexión de plantas de renovables con una potencia máxima de algo más de 3.900 MW, aunque en esta primera oleada de concursos se licitarán un total de 1.170 MW de generación síncrona y otros 100 MW de generación eléctrica que no necesitará esa condición de sincronización de velocidad y frecuencia. Inicialmente estaba previsto que en este tipo de concursos se adjudicara también la capacidad de conexión de las centrales de Aboño (Asturias) y Los Barrios (Almería), pero no han sido incorporados porque ambas plantas siguen operativas como últimas centrales de carbón de la Península.

Garantías millonarias

La solicitud de los permisos de conexión está condicionada a que sean utilizados por nuevas plantas renovables y, además, exigen que los proyectos vayan acompañados del compromiso obligatorio de la compañía que los solicita de realizar una serie de actuaciones de desarrollo socioeconómico, como el impulso al autoconsumo eléctrico en los pueblos en que se instalen, labores de recualificación profesional de personas desempleadas y a promover labores generadoras de empleo local.

Las empresas adjudicatarias deberán presentar garantías de 120.000 euros por cada megavatio de potencia de las plantas (en total algo más de 158 millones de euros si se cede toda la potencia licitada) que perderán si no cumplen todos esos compromisos socioeconómicos para impulsar la actividad en los territorios afectados por los cierres de las plantas de carbón y nucleares. A éstas se suman las garantías habituales para la conexión a la red de alta tensión de otros 40.000 euros por megavatio (otros casi 53 millones adicionales).