Los canarios sufren en lo que va de año más ciberestafas que nunca

Un concesionario de coches de Canarias. Los ciberdelincuentes le hackean la cuenta de Facebook. Le roban claves, códigos, contraseñas... En la empresa no se dan cuenta de que han sido víctimas de un ataque informático hasta que ven dos cargos en una de sus cuentas bancarias. Dos cargos de pequeña cuantía, algo habitual en la práctica de las ciberestafas. Primero se sustraen cantidades modestas para comprobar si la víctima, en este caso el concesionario, tiene constancia del ataque y ha puesto en práctica medidas para protegerse y descubrir a los culpables. No era el caso, así que para cuando esta empresa isleña reparó en que habían entrado en su cuenta de Facebook, los piratas ya habían gastado 4.000 euros. Es en ese momento cuando interviene el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias (ODIC), que evita un problema mayor al liberar la cuenta del concesionario del control de los ciberdelincuentes. La denuncia ante la policía y los organismos correspondientes sigue su curso, pero el problema está solucionado. Ese es el trabajo del ODIC, que no solo ayuda a las empresas y ciudadanos víctimas del cibercrimen, sino que de algún modo cubre el desconocimiento y la falta de herramientas que, en general, padecen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Archipiélago frente a casos de este tipo. Y no son pocos casos, ni muchísimo menos.

A un concesionario de coches de la región le robaron 4.000 euros a través de Facebook

En 2020, el año de los confinamientos y cuarentenas por la covid –lo que seguramente tenga algo que ver con la inusual actividad delictiva que hubo entonces a través de Internet–, en Canarias se denunciaron 14.449 ciberdelitos. Ese es el particular récord en los registros del Ministerio del Interior. Pues bien, solo en los seis primeros meses de 2023 se contabilizaron 8.281 cibercrímenes en la Comunidad Autónoma, el máximo hasta ahora en el período enero-junio. La proyección muestra que a final de año se habrán superado por primera vez, y con creces, los 15.000 casos, y es más que probable que incluso se rebasen los 16.000. Una parte de ese total corresponde a denuncias por usurpación del estado civil, amenazas, coacciones, falsificaciones y lo más execrable de la sociedad: abusos y pornografía infantil. Sin embargo, la mayoría de los delitos en la red de redes entra dentro de la categoría de las estafas. Estafas informáticas como la sufrida por el concesionario del ejemplo. Hasta 7.265 de esos 8.281 delitos registrados en las Islas en la primera mitad del año, el 88%, son ciberestafas. Es decir, prácticamente nueve de cada diez casos de los que tuvieron constancia los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En definitiva, los delincuentes de Internet atacan cada día a 40 empresas, familias o ciudadanos del Archipiélago para intentar sacarles dinero, o mejor dicho: la policía recibe cada día una media de 40 denuncias de empresas y ciudadanos isleños víctimas de los ciberestafadores, ya que el número de ataques está en realidad muy por encima. Y llega la Navidad.

Llegan el Black Friday, la vorágine de las compras de Papá Noel y Reyes, las posteriores rebajas, el mayor trasiego en los comercios y el uso indiscriminado de las tarjetas de débito y crédito, del pago a través del móvil y de los cajeros automáticos. El particular paraíso de los ciberestafadores. Es el aviso a navegantes que lanza Sergio Díaz, uno de los fundadores y director del ODIC, que explica que el Black Friday es el momento del año en que se produce un punto de inflexión en la particular curva de la ciberdelincuencia, un incremento del número de casos.

El Observatorio de Delitos Informáticos califica de «mala» la ciberprotección de la empresa canaria

El director del Observatorio –la entidad ha contribuido a formar en materia de ciberseguridad a agentes policiales de las Islas e incluso de países como, por ejemplo, Colombia– asegura que la protección de las empresas canarias frente a los potenciales ataques de los estafadores de Internet es, en general, «mala». Y en muchos casos, sencillamente «desastrosa». Algo que es más comprensible en las micropymes que tanto abundan en el tejido productivo de la región, básicamente porque muchas no tienen ni conocimientos ni recursos para blindarse como es debido, pero que resulta más difícil de entender en empresas de cierto tamaño. «En la ciberseguridad ocurre como en el marketing y la comunicación, donde personas con cien seguidores en sus cuentas se encargan de gestionar las redes de empresas; aquí pasa lo mismo, que muchas veces no se deja en manos de quienes sí tienen conocimientos y preparación», ahonda el director del ODIC, donde reciben «miles» de casos al año –más incluso de los que pueden atender–, de ahí que aspiren a convertirse en una suerte de organización de utilidad pública para, por ejemplo, encargarse de la formación y el asesoramiento en esta materia.

Al hilo de lo anterior, Díaz expone que han tenido que intervenir en muchísimos casos en los que las víctimas ya habían interpuesto la correspondiente denuncia. No en vano –agrega–, una cosa es la denuncia y otra bien distinta es la solución del problema, y es esta última la que muchas veces queda en manos de organizaciones como el ODIC. «Necesitamos más mecanismos preventivos y más formación», subraya.

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