Canarias elige marzo para negociar el nuevo convenio de obras hidráulicas

A falta de concretar con los consejos insulares de agua –dependientes de los cabildos– el mapa de necesidades que se pondrá sobre la mesa, el Gobierno de Canarias tiene previsto iniciar el mes próximo las conversaciones con Madrid para firmar un nuevo convenio de obras hidráulicas. La estrategia de partida pasa por conseguir un documento de amplia duración –diez años– con una inversión de 1.000 millones de euros.

El anterior convenio se rubricó en 2008 y su duración estaba prevista hasta 2012. El estallido de la Gran Crisis el mismo año en que las partes llegaron a un acuerdo y los posteriores recortes colocaron numerosos obstáculos en el camino a su cumplimiento. El pasado diciembre comenzó a operar la Balsa de Vicario (La Palma), última de las infraestructuras contenidas en el listado de hace 16 años.

El anterior acuerdo con Madrid cubrió el periodo 2008-2012 y se vio afectado por la Gran Crisis

Desde entonces las transferencias del Gobierno estatal se han producido a una media de 20 millones de euros por cada anualidad, pero la aspiración del Gobierno de Fernando Clavijo (CC), además de contar con una mayor cantidad de dinero, es cubrir las necesidades presentes y futuras del Archipiélago partiendo del análisis que está elaborando la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

En el anterior periodo de Clavijo en la presidencia regional se llegó a redactar un borrador con vigencia de un decenio. No pudo llegarse a nada con él. El cambio de color del Gobierno estatal –moción de censura contra Mariano Rajoy (PP)– obligó a volver a la casilla de salida. Para cuando se estabilizó la política nacional, prácticamente hubo de poner de nuevo el contador a cero, en este caso en las Islas, tras la victoria de Ángel Víctor Torres (PSOE) en las autonómicas de 2019.

Agenda Canaria

A partir de ahí, el estallido de la pandemia se llevó por delante cualquier esperanza de dar forma a una nueva entente Canarias-Madrid en materia de aguas. Ahora, cuando el voto de la única diputada nacionalista en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, se convierte en un tesoro para Pedro Sánchez, resurge la esperanza. En la Agenda Canaria que el PSOE firmó para garantizarse que CC no sería un obstáculo en el camino que condujo a Sánchez a revalidar su cargo, está escrita en negrita la firma de este nuevo convenio.

En día aún por definir pero en el mes de marzo, la delegación canaria se desplazará al Ministerio de Transición Ecológica para encontrarse con la directora general de Aguas, Dolores Pascual, y su equipo. Junto a Marcos Lorenzo, viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, viajará la directora general de Aguas, Mónica Gómez. La aspiración es mantener en el documento que se firme los diez años de duración que preveía el borrador y mejorar la ficha financiera. Si el convenio que no fructificó contenía alrededor de 900 millones de euros, «qué menos que redondear hasta los 1.000», avanza Lorenzo. Todo ello sin perjuicio de que haya que realizar nuevos ajustes «tras las reuniones con los consejos insulares de aguas».

La mitad del agua con que cuenta el Archipiélago se pierde por averías o falta de gestión

El momento para la negociación también es propicio por el espacio que la gestión de los recursos hídricos ocupa durante los últimos meses en la agenda política. Antes de que la falta de lluvia se convirtiera en un problema también en la Península, Canarias tenía que hacer un mayor esfuerzo por hacer llegar al Gobierno del Estado su preocupación por que se atendieran sus especiales necesidades; ahora el cambio climático se ha encargado de difuminar las lindes de los dos diferentes escenarios meteorológicos.

Hasta hace tan solo un par de años, la corriente de opinión que defendía la inconveniencia de utilizar agua marina tratada para regar eran mayoritarias en la España peninsular. Enraizada, además, en el sentir profundo de los agricultores. Pero la ausencia de precipitaciones ha deparado un escenario completamente diferente.

Resistencia en La Palma

No es de extrañar teniendo en cuenta que ese mismo esquema de pensamiento se repite, con sordina, en el Archipiélago. La importancia que tienen las desaladoras en las tres islas de la provincia oriental –Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura– no es comparable a la de las restantes, especialmente las islas verdes: La Palma, La Gomera y El Hierro.

«Cada isla es diferente», señala el viceconsejero Marcos Lorenzo. Él es palmero y ha sido alcalde de Tijarafe; «de la parte seca» de la isla bonita, por lo que entiende cuál es la necesidad y rechaza «la demonización de la utilización de los recursos» con los que cuenta la comunidad autónoma. De ahí que ya solo sea precisamente La Palma la única isla que no cuenta con una infraestructura de potabilización según el último recuento de recursos, que data de 2013.

Según fuentes de la consejería, el panorama no ha cambiado mucho desde entonces, lo que conlleva «la obsolescencia», afirma el viceconsejero de Aguas del Gobierno de Canarias, de no pocos módulos de desalación. Y lo que es peor, la consecuente pérdida de recursos hídricos, que la vicedecana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santa Cruz de Tenerife, Soraya Manjón, situó en el 50% hace poco menos de cuatro meses.

«Una barbaridad»

En el contexto actual, perder la mitad del agua disponible es «una barbaridad», sostiene Lorenzo, quien llama a «poner remedio» a esta situación cuanto antes. Sabe que no es sencillo, incluso más allá de la negociación con Madrid. Obtener luz verde para las obras en este ámbito pasa en ocasiones por salvar interferencias con otros departamentos para poder actuar en zonas costeras. En todo caso, la necesidad es perentoria.

Mientras en la Península empiezan a descubrir la importancia de aprovechar el agua del mar, el Archipiélago tiene mucho camino recorrido. En las Islas más cercanas a la costa africana han pasado más de 50 años desde que apareció la primera desaladora, no solo de Canarias, sino de toda Europa. Ocurrió en 1964 en Lanzarote y funcionaba mediante un sistema de evaporación que permitía separar el agua de la sal. El éxito obtenido en su utilización convenció a la clase política tardofranquista de la necesidad de fomentar la investigación e insistir en esa vía. En 1970 entró en servicio la primera de Gran Canaria.

Mientras en la Península descubren la importancia de la desalación, las Islas la usan desde 1964

Las posteriores innovaciones permitieron mejorar el rendimiento de las plantas. Primero entró en juego la compresión de vapor, que dejó paso después, en los últimos años del siglo pasado, a la ósmosis inversa. El 78% de los 732.452 metros cúbicos diarios –267,34 hectómetros cúbicos anuales– se desalan en la provincia de Las Palmas.

El avance del resto de islas en los últimos años es firme. «La Gomera está a punto de abrir una en San Sebastián y tiene otra planificada para Valle Gran Rey; en El Hierro hay dos en licitación», cita como ejemplos el viceconsejero de Aguas.

La erupción del Tajogaite

En La Palma, la erupción del Tajogaite sirvió para vencer algunas resistencias. Las potabilizadoras modulares que sirvieron el agua ante la imposibilidad de utilizar algunos acuíferos naturales «funcionaron muy bien», relata Lorenzo. Los ciudadanos comprobaron con sus propios ojos que no había motivo para el rechazo. «El Cabildo [palmero] ya está definiendo la construcción de una desaladora fija vinculada a las renovables», continúa el viceconsejero.

Para acertar con las soluciones se hace necesario tener éxito antes con el diagnóstico, y, siguiendo en línea ascendente, lo primero para conseguir uno bueno es contar con un inventario de los recursos hídricos de los que dispone la comunidad autónoma: potabilizadoras, desaladoras, galerías, pozos en cada isla.

Hasta el momento no existe un inventario de los recursos hídricos con los que cuenta la comunidad

En la Viceconsejería de Aguas esperan tener finalizada esa recopilación de datos antes de que termine el presente año. Buena parte de esa labor se incardina en el proyecto europeo Natalie, que busca soluciones para mejorar la resiliencia frente al cambio climático en diversas regiones, entre ellas el Archipiélago. La investigación vuelve a ser un pilar esencial para hacer frente a la cada vez más acentuada falta de lluvias.

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