Lanzarote, en una montaña rusa

Del cero turístico a la saturación de visitantes. Lanzarote ha vivido unos años especialmente convulsos, moviéndose en un difícil equilibrio político, social y económico que le ha llevado a sufrir como ninguna otra isla la debacle que supuso la irrupción de la pandemia del Covid en el sector turístico, del que depende el 70% de su Producto Interior Bruto (PIB). Con más de 62.000 camas y unas 31.000 plazas vacacionales, Lanzarote fue prácticamente rescatada con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las ayudas públicas cuando se declaró el confinamiento en 2020 y se cerraron los hoteles y alojamientos al turismo. Ahora, tres años después, la isla está «saturada» desde el punto de vista turístico ante la avalancha de visitantes una vez que se levantaron las restricciones provocadas por el virus. Como telón de fondo la falta crónica de viviendas y los alquileres escandalosos que se dan en algunas zonas, una crisis migratoria que repunta y sufre la isla de los volcanes de forma directa, con las pateras que llegan desde la costa marroquí, y los vaivenes políticos que se suceden en las instituciones conejeras de forma recurrente desde hace décadas.

Lanzarote, junto a Fuerteventura, ha pasado estos años como una montaña rusa, de la nada al todo. De estar hundida con los peores indicadores económicos y sociales a experimentar un crecimiento que se ha disparado por encima de la media autonómica y de las islas capitalinas. Los últimos datos reflejan que la afluencia de turistas se mantiene en niveles muy altos con una media de entre los 240.000 y 270.000 turistas al mes. La isla ya supera los tres millones de visitantes, 17 veces su población que es actualmente de 156.112 habitantes, y por eso el Cabildo se ha empeñado en declarar a Lanzarote «zona saturada turísticamente» para frenar el crecimiento e ir hacia un modelo más sostenible, profesionalizado y con una oferta complementaria y de servicios singular y cualificada aprovechando las bellezas naturales de la isla. En la memoria colectiva de los lanzaroteños está lo que tantas veces advirtió César Manrique sobre la necesidad de preservar los valores naturales de Lanzarote y evitar un daño irreparable debido a la carrera en la construcción de nuevas camas.

La tasa de paro ha ido bajando en los últimos trimestres gracias al tirón del auge turístico hasta el 13,4%, la mejor cifra en la última década. La evolución se ha visto acentuada por la generalización de los contratos fijos discontinuos en lugar de los temporales como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral. Las afiliaciones a la Seguridad Social siguen al alza, superando ya levemente las 60.000 en la isla. Claramente se han recuperado las cifras previas al Covid y se continúa en ascenso.

El último indicador de confianza empresarial de enero repunta levemente sin alcanzar el máximo de julio de 2022. Ello se debe a que, aunque el dato de expectativas para el primer trimestre de 2023 cayó levemente, sin embargo la situación del trimestre pasado mejoró de forma significativa, según la Cámara de Comercio. En el último trimestre de 2022 se mantuvo con intensidad sostenida la tendencia de crecimiento en la creación de empresas en la isla. Se incrementó tanto el número de sociedades como el de autónomos. El censo total de sociedades y autónomos dados de alta por realizar actividad empresarial ascendía a 13.571, un 2,97% superior que al finalizar el tercer trimestre. A la finalización del primer trimestre del año un 33,9% del empresariado lanzaroteño afirmó haber tenido resultados favorables, mientras otro 18,5% afirmó haberlo tenido negativo. De esta forma, la isla de los volcanes supera la media regional, que fue del 29% de empresas que contestaron que el trimestre les fue bien, pero también está un punto por encima de aquellas sociedades que admitieron que este periodo ha sido desfavorable para su actividad.

Además del impacto económico que provocó la pandemia también la repercusión social ha afectado al Archipiélago y con más intensidad a aquellas islas que dependen casi exclusivamente del monocultivo del turismo. En los primeros meses del Covid el Cabildo de Lanzarote aprobó la declaración de emergencia social para la isla con el fin de agilizar los expedientes administrativos destinados a las ayudas sociales más perentorias, en aquellos momentos las perspectivas eran pesimistas ante la caída brutal que estaba sufriendo la actividad económica y el efecto directo sobre la población. La tasa de pobreza alcanza a un tercio de la población y las necesidades se centran sobre todo en la vivienda, una emergencia que en Lanzarote es especialmente grave después de 27 años sin que se hayan construido viviendas públicas con alquileres asequibles para los residentes. Los alquileres están por las nubes, muchas casas destinadas al alquiler vacacional de forma irregular e impedimentos para los trabajadores que se desplazan a la isla para ocupar un puesto de trabajo y que se ven con serias dificultades ante la escasez de inmuebles y los precios de los mismos. Hasta los empresarios turísticos han dado la voz de alarma porque está sucediendo lo que ya pasó tres décadas atrás, es decir, la falta de personal no solo por la cualificación sino por la escasez de pisos donde poder vivir en la isla. Por eso el proyecto de construcción de nuevas casas de protección oficial en Arrecife y otros municipios de la isla –hasta 400 en total– ha sido recibido como agua de mayo por las instituciones conejeras.

Crisis migratoria

Junto a las crisis económica y social Lanzarote también ha sufrido en primera línea la crisis migratoria. Las imágenes más dantescas fueron las del muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, con cientos de migrantes hacinados en plena pandemia y sin recursos donde alojarlos. Pero los repuntes de pateras de los últimos meses y de 2022 han afectado más severamente a la isla más oriental, con la llegada continua de pateras procedentes de las costas marroquí y saharaui agravada por la falta de una vigilancia adecuada en el norte de la isla por el eterno problema del Sive que, según las últimas noticias, está a punto de finalizar la instalación y su puesta a punto técnica.

De esta forma, Lanzarote se ha convertido en el primer ‘puerto’ de desembarco de la llamada Ruta Canaria desde que esta se reactivó, en septiembre de 2019, ya por encima de Gran Canaria. Los datos que maneja Cruz Roja, que atiende todos los desembarcos, son que en 2022 arribaron a la isla más de 5.000 personas en pateras y neumáticas (la mayoría al puerto y una parte significativa, directamente a la costa). En algunos momentos la llegada continua de embarcaciones desbordó los recursos con los que cuenta la isla, los migrantes se hacinaban en naves que fueron objetos de denuncias por parte de las ONG y se realizaron varias evacuaciones urgentes de migrantes a las islas capitalinas. Se ha producido un giro en la Ruta Canaria, que cada vez ha volcado más presión sobre las dos islas más cercanas a África, Lanzarote y Fuerteventura, que ya representan juntas más de la mitad del tráfico de pateras. Ello se debe a que muchos de los puntos de salida se han desplazado más al norte: ahora son muy pocas las pateras que parten desde Dajla (sur del Sahara) o desde Nuadibú (Mauritania) y, en cambio, casi todas zarpan de una franja de costa que va desde Tan-Tan (sur de Marruecos) a El Aaiún (norte del Sahara), justo en frente de Lanzarote y Fuerteventura, que están a unos 100-150 kilómetros.

Este agravamiento de la crisis migratoria ha sido objeto también de la disputa política en la isla entre el partido que gobierna las Islas y el Cabildo, el PSOE, con la formación que rige el Ayuntamiento de Arrecife, el PP, y Coalición Canaria, principal oposición en la Corporación insular. Los cruces de declaraciones entre los partidos se han intensificado a medida que se acerca la campaña electoral y la cita con las urnas del 28-M. El punto de inflexión de esta crisis se alcanzó cuando intervino el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al recomendar a la Policía el cierre de la nave habilitada para la detención de migrantes. Hasta entonces eran los agentes, el personal que allí acudía y los propios migrantes quienes habían denunciado las carencias del lugar.

Lanzarote vivió tras las elecciones autonómicas y municipales de 2019 un cambio de ciclo político en sus principales instituciones que hacían presagiar una nueva etapa en la sempiterna inestabilidad política que ha caracterizado a la isla prácticamente desde que comenzó la historia autonómica del Archipiélago en los años 80. El dominio de Coalición Canaria dio paso al PSOE de Dolores Corujo, que se vio beneficiada por la ola ganadora de su partido tanto a nivel nacional como autonómico y vio la oportunidad de desalojar a su principal rival político alcanzando un acuerdo con el PP, emulando lo que sucede en La Palma desde hace varios mandatos, en los que socialistas y populares han cogobernando las principales instituciones de la isla. El pacto fue dejarle al PP la Alcaldía de Arrecife y al PSOE la Presidencia del Cabildo Insular, apoyándose mutuamente en ambas corporaciones para la gobernabilidad de las mismas. A mitad de mandato los dos partidos cambiaron de socios: el PP desalojó a los concejales del PSOE de las labores de gobierno y pactó con CC en el Consistorio capitalino y el PSOE expulsó a los consejeros populares y firmó un pacto con Podemos, además de mantener en el grupo de gobierno a un consejero adscrito a CC de un partido local que se presentó a las elecciones con los nacionalistas, pero a los pocos meses rompió el acuerdo y se alió con los socialistas.

En este punto de inflexión del mandato se volvieron a recordar los episodios de inestabilidad que ha sufrido Lanzarote en anteriores etapas y la fuerte pugna que han protagonizado tradicionalmente socialistas y nacionalistas en la isla y que a día de hoy se mantiene en su punto álgido ahora que se acerca la cita electoral, en la que Dolores Corujo aspira a repetir al frente de la Corporación insular. Por lo pronto las encuestas le son favorables, pero aún se mantienen algunas incógnitas, entre ellas las opciones de ascenso del PP y la situación en la que quedará Podemos tras los comicios, fuerza que ha respaldado a Corujo en la segunda etapa del mandato en el Cabildo tras la ruptura con el PP. Tras cuatro años de fuertes convulsiones políticas, sociales y económicas ahora son las urnas las que hablarán para dictaminar quiénes van a regir los destinos de Lanzarote hasta 2027.

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