¿Gratis o de pago el acceso a los espacios naturales en Canarias?

La hoja de ruta diseñada para que sean los cabildos quienes cobren las tasas a los visitantes por el uso y disfrute en el ámbito de sus espacios naturales protegidos queda abierta y por ese camino, en buena medida aún inexplorado, también se suma el debate sobre cómo hay que regular legalmente este instrumento fiscal, cuál debe ser el destino final del dinero recaudado, las pautas de transparencia a cumplir en ese procedimiento o sobre quiénes debe repercutirse este particular impuesto verde.

La consejera de Turismo del Gobierno regional, Jéssica de León, ha propuesto un itinerario que, según precisa, no debe confundirse en modo alguno con el trazado por la denominada ecotasa (que de momento sólo se aplica en Baleares o Cataluña y grava a los alojamientos turísticos), una fórmula que no figura en el mapa del Ejecutivo regional y que se descarta como punto de partida.

La legislación vigente, específicamente la ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales de Canarias, establece que se deben tener en cuenta aquellos costes ambientales que son consecuencia de las intervenciones públicas o privadas en espacios naturales protegidos y, en tal sentido, el artículo 4 de esta norma permite repercutir esos costes en precios, tarifas o tasas sobre los productos y los servicios que se prestan.

El Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, reconoce: b) El acceso al parque y a sus servicios básicos tendrá carácter gratuito. Estos servicios básicos incluyen, al menos, la información básica y la atención al visitante, si bien a renglón seguido se especifica: c) Se podrán establecer servicios complementarios que la administración decida no ofrecer gratuitamente en razón de su coste, de la necesidad de contar con personal o equipo especializado, o porque se consideren no básicos o meramente suplementarios.

El concepto esencial que el Gobierno esgrime como argumento se resume en que aquellas personas que acceden y hacen uso de un espacio natural protegido reciben unos servicios por parte de los cabildos que, en consecuencia, son los organismos que deben asumir el papel de gestores, un protagonismo que en el caso de los Parques Nacionales descansa en un régimen singular, a partir de comisiones mixtas que, en muchos casos, están integradas por la Comunidad Autónoma, el Estado y las propias Corporaciones insulares. Por tanto, desde la Consejería de Turismo consideran que el trayecto más efectivo es aquel orientado a que cada uno de los cabildos, en el ámbito de sus competencias, defina en cuáles de sus espacios naturales sería susceptible cobrar esa tasa.

Lo cierto es que este sinuoso y largo recorrido supondría para estas entidades públicas la obligación de elaborar ordenanzas fiscales reguladoras específicas para tal fin, así como también la necesidad de determinar si los ingresos tienen o no un carácter finalista y podrían, por tanto, reinvertirse para desarrollar una gestión sostenible de estos espacios, y valgan algunos ejemplo como la depuración de aguas, gestión de residuos, limpieza, cuidado de senderos.., además de potenciar los recursos humanos para la asistencia a los visitantes o para articular una mejor dotación de los canales de información. Y eso además de, por supuesto, soportar cierto grado de desgaste político a causa de la más que presumible contestación social por lo que representa para la ciudadanía el pago de un impuesto de carácter directo.

Con todo, el primero en lanzarse a esta aventura ha sido el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, el popular Lope Afonso, quien ha abierto la ruta con paso firme y decidido, manifestando la posibilidad real de implantar una tasa por el acceso al Parque Nacional del Teide, cuyo objetivo genérico sería ayudar a la conservación del entorno, de la biodiversidad, y a regular los crecientes flujos de visitantes. Entiende el vicepresidente que se trata, fundamentalmente, de obtener unos pingües ingresos adicionales que se reinvertirían en el propio Parque Nacional. Además, no oculta Lope Afonso que esta medida ya se puso sobre la mesa durante las reuniones para la tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, asunto que aseguró se va a retomar, y además acelerando el paso de la marcha, para que el documento pueda entrar en vigor «a lo largo del próximo año», asegura. En un descanso, y tomando algo de resuello, el consejero insular desveló que resulta difícil que una figura impositiva, como es el caso de una tasa, pueda establecer exenciones de pago o, lo que viene a ser lo mismo, que los residentes canarios también deberán pasar por caja, del mismo modo que los foráneos, si bien con la probable aplicación de una rebaja.

Pero la suya ha sido una excursión corta y en solitario, «a título particular», señalaba posteriormente, y planteada para «un hipotético escenario», como ha acabado confesando. De hecho, la presidenta de la Corporación insular tinerfeña, la nacionalista Rosa Dávila, no ha tardado en eliminar esa carga de su mochila, afirmando que no se trata de un asunto prioritario para el Grupo de Gobierno y que, por lo tanto, «ni está sobre la mesa ni tampoco figura en nuestra actual hoja de ruta». Un parón en seco.

Una postura similar es la que adopta el Cabildo de Gran Canaria. A través de su consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink (Nueva Canarias), el Grupo de Gobierno apuesta por transitar este camino con prudencia y, en consecuencia, prefieren conocer «cómo se articula esta propuesta en su sentido amplio», en su naturaleza completa, antes de pronunciarse. «Cuando el Gobierno de Canarias nos traslade cuál es su idea, la estudiaremos desde el rigor; hasta entonces no vamos a especular en base a titulares de prensa».

Otros cabildos, sin embargo, sí se han mostrado atraídos desde un principio por la idea de aplicar esta figura impositiva. Es el caso de La Gomera y, a propósito, el presidente insular, Casimiro Curbelo, reconoce que siempre se ha venido hablando, incluso hasta se ha generado controversia en el ámbito regional, respecto a la llamada tasa turística. «Creo que existen fórmulas para disponer de nuestro valores ambientales, naturales...», dice, subrayando que más que una tasa turística, con la que está en manifiesto desacuerdo, «sí sería partidario de que se cobrara por los servicios que se prestan en el ámbito natural a proteger». Y pone ejemplos en tal sentido. «Si el Parque Nacional de Garajonay cuenta con un sensacional centro de visitantes, a lo mejor habría que abonar una pequeña cuota por ello, o también por disfrutar de una excursión específica, pero siempre de una manera extraordinaria». En definitiva, pagar por servicios que se prestan y que el visitante disfruta, que para Curbelo tiene más lógica que la fórmula de la ecotasa, «por la que tanto ciudadanos como turistas deben abonar un impuesto», algo que a su juicio sería «complicado de articular y tendría menos sentido», explica. «Ese es el camino a seguir en el futuro próximo», sentencia el presidente del Cabildo gomero.

Desde el Cabildo de La Palma reivindican que sea la Corporación insular el organismo que «gestione directamente el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente», la gran joya del patrimonio natural palmero, tal y como demanda su presidente, Sergio Rodríguez. «De esta manera podremos tomar decisiones que redunden en la correcta conservación de nuestro territorio», señala. En cuanto al cobro de tasas por la entrada a los espacios naturales protegidos, entiende el titular del Cabildo que es una fórmula que «por supuesto aceptamos; quienes nos visitan deberían abonar alguna cantidad por acceder a zonas de alto valor paisajístico, pero para ello nosotros también tenemos que ofrecerles mejores infraestructuras, así como seguridad y servicios. Esa es la línea en la que trabajamos», concluye.

Lanzarote, el paradigma

La consejera regional de Turismo pone como ejemplo, el gran paradigma, el modelo de gestión que viene aplicando desde enero de 2005 el Cabildo conejero. A través de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) se cobra entrada a turistas además de residentes canarios por acceder a espacios protegidos como el Parque Nacional de Timanfaya; la Cueva de los Verdes; Los Jameos del Agua; el Jardín de Cactus; el Mirador del Río y el museo MIAC-Castillo de San José, mientras la entrada es gratuito para la Casa del Campesino. Las tarifas varían, ya se trate de residentes o foráneos, y van desde los 12 o 9,60 euros para adultos en la visita a Las Montañas del Fuego hasta los 4 o 3,30 euros del Castillo de San José.

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote recibieron 395.536 visitantes durante el pasado mes de agosto, lo que supone un incremento del 11,01% con respecto a julio, un mes en el que 356.317 personas disfrutaron de la obra del genial artista César Manrique. De esta manera, agosto se convertía en el mes donde mayor afluencia han registrado estos espacios durante el ejercicio de 2023, en el que hasta entonces se había recibido a un total de 2.380.024 visitantes desde el pasado 1 de enero.

Los beneficios se destinan a financiar las políticas públicas de la Isla, a través del pago de cánones tanto al Cabildo de Lanzarote como a los Ayuntamientos de Haría, Tinajo y Yaiza.

El nuevo consejero delegado de los centros del CACT, Ángel Vázquez, destaca que «ahora se trata de racionalizar este flujo de personas en la idea de transformar la visita y generar una experiencia memorable», en referencia clara a la capacidad de carga, habida cuenta de las largas colas que se generan en Las Montañas del Fuego, y revisar los procedimientos de su operativa, entre otros aspectos. «Se trata de optimizar la gestión de nuestros recursos» ha apuntado el consejero. En este sentido, ha incidido, sobre todo, en aspectos que considera «básicos», como los de establecer un modelo racional en la gestión de los flujos de visitantes y en la puesta en valor de un renglón al alza, la gastronomía de la Isla, «a través de una propuesta que integre los sabores de nuestro sector primario para lograr atraer el interés de nuevos clientes». Los desafíos de la sostenibilidad y de la industria turística del siglo XXI acechan en el horizonte.

Los ingresos del CACT en 2022 alcanzaron los 32,6 millones de euros frente a los 29,2 del año 2019 (previo a la pandemia). En el capítulo de ventas destacan los 6,1 millones ingresados por el servicio de restauración, frente a los 5,5 de 2019, y los casi 4 millones de facturados en las tiendas. El balance arroja un beneficio, previo al informe final de auditorías, que asciende a 5,3 millones de euros, , lo que constituye una cifra récord para la entidad.

El sector medioambientalista aplaude la iniciativa lanzada por el Gobierno. Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, que gestiona el legado del geólogo y naturalista tinerfeño, entiende que el hecho de que la consejera de Turismo, Jéssica León, y el responsable de este área en el Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, se hayan pronunciado al respecto implica que «el debate está en la calle y que el deseo de gran parte de la población canaria es que se implante un impuesto turístico cuya recaudación debe destinarse a la conservación del medio ambiente». A su juicio, la rápida rectificación del consejero insular «sólo puede responder a presiones recibidas por otros cargos públicos y, sobre todo, por la patronal hotelera, reacia a cobrar ya sea una ecotasa o por el acceso a un espacio natural protegido».

De manera irónica, Coello sospecha que «debemos ser el único territorio del mundo cuyos gobernantes renuncian a contar con más recursos económicos para proteger su patrimonio natural». Y pone como ejemplo al cercano Archipiélago de Cabo Verde, en el área Macaronésica, «que en el año 2021 recaudó unos 6,6 millones de euros correspondientes a los 30 euros que se cobran por cada visitante al año en concepto de tasa turística». Tirando de calculadora estima que si se recaudara una cifra similar en Canarias, «esto supondría la nada desdeñable cantidad de 450 millones de euros», una inyección económica que entiende «ayudaría a vigilar y proteger nuestros espacios naturales de forma efectiva y no sobre el papel, como ocurre ahora en la mayoría de ellos».

Desde la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello aclaran que «la implantación de una tasa turística no excluye la posibilidad de cobrar por acceder a los espacios naturales protegidos», al tiempo que sostienen que el Gobierno de Canarias y los cabildos «deben de una vez por todas colocar la defensa del patrimonio natural por encima de los intereses particulares e implantar estas figuras».

En relación con el destino final del dinero recaudado por esta tasa, Coello matiza que estas figuras tributarias deberían destinarse a desarrollar políticas ambientales, ya que recuerda cómo en el caso del cero turístico qie sobrevino durante la pandemia de covid-19, no fue posible recaudar ni un céntimo. «Por eso reclamamos que los equipos de gobierno en el ámbito de la Comunidad y también en los cabildos hagan lo correcto y defiendan el interés general», pero, además, incluye en la ecuación a hoteleros y empresarios turísticos «para que den un paso al frente y acepten el cobro de la ecotasa y de la entrada a los espacios naturales protegidos». Por último, destaca Coello que «este debate no debe enmascarar la necesidad de establecer un límite máximo de turistas, sobre todo en las cuatro Islas más visitadas y deterioradas, porque su capacidad de carga está ampliamente superada».

La patronal hotelera también es actor protagonista de este debate. Jorge Marichal, presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), así como de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), sostiene que esta organización ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que «resulta importante tener en cuenta en este tipo de debates, que muchas veces se quedan en titulares, que las tasas se cobran como contraprestación de un servicio». El titular de la patronal hotelera de la provincia tinerfeña confiesa que «hemos leído con interés las declaraciones de representantes públicos del Gobierno y del Cabildo de Tenerife sobre esta posibilidad», matizando que se trata de «una iniciativa que en ningún momento, o al menos que nosotros conozcamos, ha ahondado en qué tipo de servicios se prestarían por el cobro de esa tasa». Asimismo, también advierte que sobrevuelan algunas incógnitas, en relación a cuestiones como «de qué cuantía sería, quiénes la pagarían, si solo turistas o también residentes, a qué se destinaría ese dinero...».

En consecuencia, desde Atel subrayan que «como siempre, estamos abiertos al debate, y si esta propuesta avanza y finalmente se concreta, la analizaremos con las administraciones para así poder pronunciarnos».

Las tasas que se aplican por el acceso a entornos naturales protegidos representan una herramienta bastante utilizada, ya sea como instrumento de gestión del territorio o también por su evidente capacidad para generar ingresos que pueden ayudar a la financiación de los costes de mantenimiento del propio espacio natural. En este sentido, existe cierto consenso acerca de la conveniencia de diferenciar las tarifas según la naturaleza del usuario, ya sea residente o turista.

Desconfianza y saturación

Lo cierto es que el anuncio de la posible implantación de una tasa por el acceso a este tipo de espacios genera inicialmente un significativo rechazo entre los residentes, aunque de fondo se percibe un acuerdo tácito, casi natural, en cuanto a que los turistas deben abonar un ticket de superior importe al resto de visitantes.

La desconfianza es otro de los comportamientos que asoman siempre que está por medio el manejo de dinero, más si se trata de capital público. De ahí esa suspicacia latente ante la gestión que los políticos puedan hacer de la recaudación de estas tasas, que lejos de ir a engrosar la caja común del presupuesto de la Comunidad Autónoma deben tener un carácter finalista, es decir, revertirse en políticas de conservación y restauración del medioambiente. Además de establecer los controles necesarios que garanticen la exigible eficiencia de ese gasto público, la transparencia.

La saturación turística, la congestión por la creciente afluencia y concentración de masas de visitantes en los espacios naturales de las Islas y, por consiguiente, el impacto y la degradación continuada de estos recursos, representan una amenaza real, razones que aconsejan la inversión en el sostenimiento de la biodiversidad, el primero de los huevos de oro que puso la gallina.

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