Dos meses de plazo. La cadena hotelera Riu acaba de presentar en el Cabildo de Gran Canaria una denuncia de mora (figura jurídica que estipula el retraso en el cumplimiento de una obligación que puede acarrear perjucios) sobre la tramitación del Oasis de Maspalomas como Bien de Interés Cultural (BIC), que obligará a las instituciones a resolver antes de agosto el expediente para evitar su caducidad y suspensión un mínimo de tres años. El presidente insular, José Miguel Bravo de Laguna, espera responder esta semana a las tres objetivos presentadas al texto por el Gobierno de Canarias.
El procedimiento del BIC sigue enquistándose. El miércoles de la semana pasada el Gobierno de Canarias anunciaba que había devuelto el expediente del Oasis al Cabildo, para que responda a tres cuestiones que no aparecían en los 5.000 folios del expediente: la ausencia de una valoración económica sobre las posibles indemnización de la actuación; que se aclare la seguridad jurídica por la existencia de tres contenciosos administrativos presentados por Riu, Satocan y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo; y, la falta de notificación a algunos de los más de 200 afectados.
El Cabildo tiene la intención de responder a estos requerimientos esta semana. Pero, mientras, Bravo de Laguna anunció ayer en el pleno ordinario que el viernes se registró en las oficinas insulares una denuncia de mora sin aclarar el origen, aunque fuentes oficiales hablan de que se trata de Riu, una de las empresas perjudicadas por el proceso, ya que su aprobación paralizó el proyecto con licencia demoler y construir el hotel Oasis Maspalomas. La cadena recuerda con ese escrito que el proceso debe culminarse antes de doce meses desde que se inicia el expediente en la consejería insular de Cultura, y que éste se cumple en agosto. En caso contrario se caducaría, y no podría reiniciarse antes de que transcurran tres años.
Sin precedentes
El Cabildo entiende que Riu debía haber presentado ese escrito en el Gobierno de Canarias, y no en su registro. Y, también transmitió su inquietud por la posibilidad de que el Ejecutivo regional pueda demorar el procedimiento y se cumplan los plazos.
