Fernando Bañolas, consejero de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Gran Canaria, ha presentado un recurso ante el presidente de la corporación, Antonio Morales, en el que denuncia un trato de favor en la concesión del campo de Bandama al Real Club de Golf de Las Palmas y advierte de un posible fraude de ley en las negociaciones con dicha entidad deportiva para resolver el contrato administrativo que le obliga a pagar un canon anual de 340.000 euros y sustituirlo por un convenio.
El Real Club de Golf de Las Palmas, según el portavoz nacionalista, lleva tres años en precario, a la espera de que el gobierno insular -primero el PP y ahora el tripartito- decida qué hacer con esos terrenos públicos. Por tanto, la cuantía que ha dejado de percibir el Cabildo estaría cercana a los 1,2 millones de euros.
Ante el anuncio del consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo, que en el último Pleno del Cabildo dijo que se está elaborando un convenio porque "la idea es dejarle el campo al Real Club con una serie de contraprestaciones", Bañolas considera en su escrito que "el previsible acto administrativo en virtud del cual quede resuelto el citado contrato de concesión, reconociéndole efectos retroactivos, atentaría contra los principios de concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación, siendo contrario de Derecho".
Tras hacer un repaso a las últimas solicitudes del club deportivo y a las respuestas del Cabildo, el recurso de Bañolas solicita al presidente Morales que acuerde incoar, instruir y resolver el preceptivo expediente administrativo, negando la posibilidad de que ese acto disponga de efectos retroactivos, "todo ello con el objeto de no causar daño al interés general".
Ante las dificultades económicas por la reducción del número de socios, el Real Club de Golf presentó un escrito al Cabildo, el 21 de julio de 2010, en el que solicitó el restablecimiento del equilibrio económico financiero y la modificación del contrato de concesión de servicio público que habían suscrito ambas partes el 11 de octubre de 2006. Esa petición fue desestimada en mayo de 2011.
Dos años después, el 3 de junio de 2013, la entidad deportiva solicitó la resolución de mutuo del contrato y alegó, entre otras cuestiones, la deteriorada situación de la economía española, y "en especial la del Club", y la imposibilidad de mantenimiento de la concesión de utilización del campo de golf de Bandama, con los derivados problemas de conservación del mismo. Como consecuencia de esa reclamación, el Cabildo le concedió un trámite de audiencia y el 20 de mayo de 2015 prestó su conformidad en resolver el contrato de mutuo acuerdo "con base en la crisis económica sobrevenida".
"Pues bien", expone Bañolas en su recurso, "desde el 20 de mayo de 2015 ha pasado cerca de un año y la Corporación Insular aún no ha culminado los trámites administrativos necesarios para llevar a efecto lo instado por el Real Club de Golf , esto es, resolver el contrato de concesión".
El Cabildo, según el escrito del portavoz de CC, ha concedido un régimen provisional o cautelar de uso y explotación del campo de Bandama hasta que la propia administración insular decida cuáles serán las actuaciones sucesivas respecto a ese bien inmueble. "El citado régimen provisional consiste en que el Real Club de Golf seguirá ostentando la posesión del campo de Bandama en precario y sin obligación de abonar el canon al que venía obligado", apunta.
Bañolas entiende que "lo que se está haciendo de hecho, que no de Derecho, es novar [sustituir con una obligación otra otorgada anteriormente, la cual queda anulada en ese acto] una de las condiciones esenciales del contrato de concesión administrativa, esto es, se está actuando en fraude de ley para estimar contra legem la solicitud del Real Club de Golf de fecha 21 de julio de 2010".
El Cabildo ya recibió una denuncia particular en junio de 2015 que aseguraba que, pocos días antes de las elecciones, el gobierno insular de José Miguel Bravo de Laguna permitió al Real Club seguir utilizando el campo de Bandama sin tener que abonar una deuda de 1,2 millones de euros, correspondiente al canon de 340.000 euros de los tres años anteriores.
