La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha archivado la denuncia interpuesta por el Colectivo Ecologista Turcón contra las obras que se realizan en el barranco de El Veril para construir una rotonda de acceso al futuro parque acuático Siam Park, al entender que no se ha utilizado dinero público para beneficiar al empresario promotor de las instalaciones al desplazar también 1.100 metros de tubería de saneamiento. El Ministerio Público entiende que es una obra necesaria para acceder a la zona turística de Playa del Inglés, independientemente de si se construye o no el parque de ocio. No aprecia la comisión de un delito penal.

En un decreto fechado el pasado 16 de octubre y hecho público ayer, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Carlos Fernández Seijo, concluye que aparte de constituir un acceso a la rotonda interior del futuro parque acuático, la glorieta "es también el acceso a la urbanización turística de Playa del Inglés desde la carretera GC-500 y la necesidad de realizar la misma ha constituido una exigencia urbanística innegable independientemente de lo que ocurra con el área recreativa". Esta situación ha supuesto, señala el fiscal en su decreto, que la obra se esté ejecutando al margen del parque acuático, que además aún no cuenta con la licencia municipal necesaria para su construcción.

Sobre los costes de los trabajos proyectados en este espacio, según las pruebas practicadas, la actuación denunciada por el Colectivo Ecologista Turcón afecta exclusivamente a la llamada PB-3 en el Plan de Modernización de El Veril al margen de que el proyecto "Fdcan rotonda de acceso a Playa del Inglés por calle Escorial" comprenda un ámbito territorial más amplio que incluye otras intervenciones.

Así, continúa el documento de la Fiscalía, se explica que "el coste presupuestado de las obras no sea de los tres millones de euros indicados por los denunciantes, sino de 330.525 euros, que son los que corresponden a la actuación de la PB-3, y que es la carga urbanística que deberá afrontar la empresa Loro Parque S. A.".

Desarrollo urbanístico

Para sostener la afirmación, el decreto incluye la declaración de César Muñoz, gerente del Consorcio de Maspalomas, entidad denunciada por Turcón, quien explicó que "si a los 520.000 euros presupuestados al principio para la ejecución de la PB-3 se descuentan los 244.000 euros del coste correspondiente a la implantación de la red de saneamiento, la cantidad sería acorde con lo presupuestado". En este sentido, el documento señala que la modificación de las tuberías se hizo en beneficio público. "Ninguno de tales elementos afectan al desarrollo urbanístico del parque acuático, ni repercuten favorablemente en su realización, de modo que el 80% del volumen de aguas a depurar incluiría todo el ámbito de las urbanizaciones de El Veril, Playa del Inglés y Ampliación de Playa del Inglés".

Paralelamente, el fiscal tampoco aprecia irregularidades en la contratación de la empresa Ingeniería Técnica Canaria S. A., la misma empresa que realizó proyectos para el grupo Loro Parque, para el desarrollo de los trabajos de la rotonda. "No existen causas legales de abstención, incompatibilidad o concurrencia indebida, ni el sistema negociado sin publicidad fue indebido", señala el documento, al considerar que fue el más ventajoso para el Consorcio de Maspalomas. Tampoco existen irregularidades, según el fiscal, en los 29.000 euros de honorarios para la empresa, ya que desde hace años no se aplican los baremos fijados por el Colegio de Arquitectos para este tipo de proyectos.

El archivo de la causa llega precedido por una denuncia de Turcón presentada en Anticorrupción el 13 de junio de 2018, donde recogía la comisión de presuntas irregularidades por parte del Consorcio de Maspalomas. El colectivo observaba cuatro posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y delitos contra el ordenamiento del territorio y urbanismo en la actuación del Consorcio. Turcón planteó si los costes de ejecución debía pagarlos la empresa promotora del parque, el incremento irregular del presupuesto o la coincidencia del equipo redactor del proyecto.