El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, admitió ayer que conoce "desde hace muchísimos años" a José Victoriano González Rodríguez, cuñado de líder de Nueva Canarias (NC) Román Rodríguez, pero aseguró que no sabía que era el promotor de la venta de las tres fincas del Macizo de Amurga, por las que el gobierno insular pagará más de cuatro millones de euros.
Morales, al igual que los restantes consejeros de NC y PSOE, volvió a negar ante el Pleno del Cabildo que el pasado 28 de diciembre, cuando se aprobó la compra de los terrenos de la familia de Román Rodríguez, supiera que José Victoriano González era el representante de los vendedores, por lo que defendió la actuación de su gobierno y animó a acudir a los tribunales a los que tengan dudas sobre la legalidad del procedimiento.
"Claro que lo conozco, como voy a decir que no lo conozco, claro que conozco al señor Victoriano. Ahora, ¿qué yo sabía que estaban comprando suelo? Por supuesto que lo conozco, lo he conocido hace muchísimos años", respondió literalmente el presidente insular a una de las preguntas del portavoz del PP, Carlos Ester, quien presumió de lograr que Morales haya reconocido por primera vez en público que tiene relaciones de amistad con el cuñado de Román Rodríguez, algo por lo que, a su juicio, "al menos se debería haber ausentado cuando se aprobó el acuerdo".
La polémica sobre la compra de las tres fincas de Amurga ocupó la mayor parte del Pleno, en el que Morales encargó las explicaciones al consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo Brito, que a lo largo de su relato repitió que el expediente es "perfecto", "impecable", "impoluto" e "intachable", por lo que atribuyó las críticas de la oposición a maniobras políticas ante la cercanía de las elecciones autonómicas y locales del 26 de mayo.
El consejero de Hacienda hizo un repaso a todo el procedimiento y defendió que las tres parcelas se vendieran finalmente por 4,04 millones de euros (0,87 euros el metro cuadrado), cuando en diferentes fases los propietarios las ofertaron a 1,63 millones (0,35 euros por metro cuadrado), 2,09 millones (0,45) y 3,60 millones (0,78).
Pedro Justo dijo que se enteró de la identidad de los propietarios el jueves 17 de enero, a preguntas de este periódico, y aseguró que no tiene obligación de saber qué personas o empresas le ofrecen terrenos al Cabildo. A su juicio, incurriría en prevaricación si rechazara una compraventa por cuestiones de parentesco.
El consejero también acusó a los medios de comunicación, y en especial a LA PROVINCIA/DLP, por las informaciones de la última semana. En su opinión, se han publicado datos "falsos", sin concretar, y se han atribuido ilegalidades a los miembros del gobierno del Cabildo y a los funcionarios por lo que el ejecutivo está estudiando posibles actuaciones ante los tribunales.
Pedro Justo explicó que los cuñados y la esposa del líder de NC ofrecieron los terrenos de Amurga al Cabildo desde el año 2014 y que el precio ofertado fue de 4,4 millones euros, aunque no precisó si eran las tres fincas que se han comprado o también se incluían las otras dos que no han entrado en esta compraventa.
En junio de 2017, prosiguió el responsable de Hacienda, el gobierno actual decidió regularizar la adquisición de terrenos, pues hasta esa fecha se realizaba de forma aleatoria y con remanentes de ese ejercicio presupuestario. En enero de este año se aprobaron las bases reguladoras del procedimiento para la creación de una Bolsa Insular de Fincas Rústicas, a la que se presentaron 87 propuestas y se seleccionaron las nueve parcelas que estaban en comarcas preferentes y cumplían el criterio del precio máximo, 0,50 euros por cada metro cuadrado.
Documentos
Tras varias cribas, solo quedaron cinco ofertas, las tres de Amurga de la familia de Román Rodríguez, y otras dos situadas en la comarca preferente de las Medianías de Gáldar y Guía, denominadas Pico Viento y Los Peralillos, que no entraron en esta compra a la espera de recibir los documentos registrales de sus propietarios.
En el turno de preguntas, los cuatro grupos de la oposición plantearon una quincena de interrogantes a Morales, a Pedro Justo y a otros tres miembros del gobierno: el vicepresidente Ángel Víctor Torres; el consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez; y el responsable de Relaciones Institucionales y portavoz de NC, Carmelo Ramírez.
Todos aseguraron que desconocían que el representante de los propietarios era José Victoriano González, por más que la oposición les recordó que el nombre del cuñado de Román Rodríguez aparece en numerosos documentos oficiales, algunos firmados por ellos mismos, y que incluso se publicó como noticia en el periódico Canarias7 el 11 de noviembre de 2018, un mes y medio antes de que el gobierno aprobara la compra.
Preguntado por la coincidencia entre los criterios que propuso José Victoriano González para aumentar el precio de sus fincas y las valoraciones complementarias aprobadas cuatro meses después por el gobierno, Pedro Justo argumentó que esas pautas son los utilizaba en Servicio de Medio Ambiente en los años anteriores y pudieron ser conocidas por los propietarios de Amurga cuando ofertaron sus tierras en 2014.
Respecto a las diferencias de fechas en el traslado de los documentos entre los Servicios de Medio Ambiente y de Patrimonio, con el resultado de que éste último departamento comunicó la valoración económica a los vendedores de Amurga un día antes de que Medio Ambiente registrara su informe. Según el consejero de Hacienda, ese informe se trasladó por vía digital y fue recibido por José Victoriano González el mismo día del registro oficial de la valoración económica.
