San Bartolomé de Tirajana

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas recupera la opción de Arinaga para trasladar la cementera de Santa Águeda

Beatriz Calzada destaca la importancia de mantener esa industria en la isla ante el cambio de uso del muelle, que pasará a ser deportivo al vencer la concesión industrial

La cementera de Ceisa en los terrenos de la compañía en El Pajar.

La cementera de Ceisa en los terrenos de la compañía en El Pajar. / Juan Castro

La nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, recuperó este jueves la opción del muelle de Arinaga para trasladar la cementera que la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) tiene ahora en terrenos de su propiedad en Santa Águeda, en San Bartolomé de Tirajana. Calzada volvió a plantear la idea dos días después de que el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, anunciase el martes que propondrá en la próxima reunión del Consejo de Administración de Puertos Canarios no renovar la concesión para el uso industrial del muelle, que pasará a tener un uso deportivo tal y como establece el Plan Insular de Ordenación (PIO)de GranCanaria. Por otro lado, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, volvió a defender el uso compartido industrial y deportivo que propuso el anterior Gobierno regional.

En declaraciones a los periodistas en el marco de la presentación de la feria Navalia, Calzada resaltó la importancia de intentar mantener esa industria en Gran Canaria, en relación a que la caducidad de la concesión y la negativa del Gobierno a la prórroga de 25 años que solicitó Ceisa pueda implicar el traslado de la empresa a otra zona. La presidenta de la Autoridad Portuaria señaló además que el puerto de Arinaga «es el único industrial con capacidad para albergar una instalación de ese tipo».

La cementera de Ceisa en los terrenos de la compañía en El Pajar.

La cementera de Ceisa en los terrenos de la compañía en El Pajar. / Juan Castro

Si bien reconoció que ante la decisión de Puertos Canarios de no renovar la concesión la empresa igualmente puede mantener su actividad en Santa Águeda, pues opera sobre terrenos de su propiedad y puede utilizar camiones para trasladar su producción hasta Arinaga, Calzada sostuvo que la opción mas adecuada sería «que se localizara en zona industrial».

La máxima responsable de la autoridad portuaria también destacó que la decisión de cambiar el uso el recinto de Santa Águeda «no es de un consejero ni de un partido», sino que se basa en las disposiciones del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria aprobado en 2004 y revisado y aprobado en diciembre de 2022 en el que se confirmó el uso deportivo-recreativo del puerto una vez concluya la concesión a la industria cementera.

Conchi Narváez (PSOE) reitera la posibilidad de tener un uso compartido industrial y deportivo

Calzada también creyó necesario que los responsables del Gobierno y de Puertos Canarios comienzan a mantener reuniones con los directivos de Ceisa para buscar la mejor fórmula para el desalojo de la planta cementera y reconoció que una vez se desarrolle la pieza turística de Santa Águeda la fábrica tendrá que desaparecer.

Por otro lado, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, criticó este jueves que el futuro del barrio de El Pajar se haya convertido en un enfrentamiento empresarial. «El futuro del pueblo se ha convertido en una guerra entre empresas y no veo que en ningún momento nadie, ni cargo público o Administración pública, esté preguntándole a los vecinos de esa zona qué quieren y cómo quieren ver el desarrollo de su barrio dentro de 20 años», señaló, «y eso me parece grave».

NC pide al alcalde que medie con las otras instituciones en defensa del interés público

En un comunicado, la también exalcaldesa de la localidad insistió en la opción de que el puerto de Santa Águeda pueda tener un uso compartido deportivo e industrial, tal y como puso sobre la mesa el anterior Gobierno de Canarias tras las propuestas de una comisión mixta de hasta tres consejerías. «Seguimos apostando por la actual realidad de El Pajar, pues es factible que continúe la cementera, la parte residencial con los vecinos que viven en el barrio e incluso el sector de la agricultura y algo de pesca que todavía queda allí», indicó, «así ha sido durante más de 40 años y ha funcionado bien, no veo por qué no pueda seguir funcionando y ser compatibles más años».

Narváez también consideró «muy atrevidas» las palabras del edil responsable del área de Urbanismo, Alejandro Marichal, sobre la decisión del Ayuntamiento de iniciar en este mandato la modificación del Plan General para adaptarlo al PIO y desarrollar la pieza turística de Santa Águeda. «El alcalde se pone de perfil y CC se escuda en el PIO», añadió, al tiempo que temió que tengan que ser los tribunales quienes resuelvan la situación. «Eso es lo que va a ocurrir y es la peor solución». Narváez se preguntó además qué hará el alcalde cuando Puertos Canarios lo convoque a su Consejo de Administración. «¿Va a votar a favor o en contra?».

La cementera de Ceisa en los terrenos de la compañía en El Pajar.

La cementera de Ceisa en los terrenos de la compañía en El Pajar. / Juan Castro

Durante el día de ayer también se pronunció Nueva Canarias, el otro partido en la oposición en San Bartolomé de Tirajana, cuyo portavoz, Samuel Henríquez, acusó al gobierno local de «vender a los vecinos de El Pajar». En una nota, Henríquez recordó que en el anterior mandato el Pleno aprobó como institucional una moción presentada PP-AV para apoyar la permanencia de la cementera y criticó que «hayan bastado tan solo 100 días de gobierno para que el alcalde y su partido cambien de criterio y engañen a los vecinos, imponiéndose el criterio de su socio de gobierno, Alejandro Marichal».

El portavoz nacionalista reclamó al alcalde que «manifieste de forma clara y sin engaños» su propuesta a la empresa y trabajadores de la fábrica y le propone que sea mediador con el resto de administraciones «con el objetivo de búsqueda de soluciones que defiendan el interés público».