Los cazadores de Gran Canaria rechazan el Plan del Cabildo y presentan ocho alegaciones

La Asociación Canaria de Sociedades Agrupadas de Caza Venandi (ACSA) ha presentado ocho alegaciones al Plan Técnico de las Zonas de Caza Controlada de Gran Canaria y rechaza una buena parte del documento de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo que se ha sometido a información pública, tanto en la filosofía de lo que significa la actividad cinegética en la isla como en la previsión de ingresos y gastos en el periodo de vigencia del plan. 

Esta asociación representa al 70% de los cazadores de la isla y está integrado por las sociedades de Mogán, Valsequillo-Almogarén, Sur, Santa Brígida-Centro, Norte, Medianías de Telde y Gran Canaria-La Centenaria. En su escrito de alegaciones dirigido al consejero Raúl García Brink, ACSA empieza por cuestionar el Apartado 1, el de la Introducción, que señala que «en la sociedad insular actual, la caza sigue teniendo un gran arraigo, aunque ha sufrido una regresión significativa en la última década, habiéndose desarrollado además en determinados sectores de la sociedad canaria una incipiente visión negativa de la actividad». 

En ese mismo apartado, también rechaza el párrafo que sostiene que «socialmente, se percibe la caza como algo molesto debido a su aprovechamiento desordenado y a otras connotaciones de tipo moral, a lo que no ayuda el déficit de formación de una parte del colectivo», así como que la Zona Controlada de Caza «se ha convertido en un ‘gran coto intensivo’, donde las herramientas de gestión predominantes son las sueltas sistemáticas de perdiz roja y conejo, sin apenas implantación de técnicas de intervención ambiental, signos inequívocos de una deficiente gestión».

Regresión

Por contra, esta asociación propone un texto alternativo que diga que «en la sociedad insular actual, la caza sigue teniendo un gran arraigo, aunque ha sufrido una regresión significativa en la última década, debido principalmente a las enfermedades que afectan a los conejos, la hemorrágica viral (EVH) y la mixomatosis vírica, que ocasionan una alta mortalidad, habiéndose desarrollado además en determinados sectores de la sociedad canaria una visión negativa ante la falta de estudios de ambas enfermedades, por lo que resulta necesario la elaboración y ejecución de un plan insular de vigilancia sanitaria en la fauna silvestre, en aplicación de lo establecido en el artículo 35 de Caza de Canarias». 

Ocho sociedades que representan al 70% de las licencias niegan que exista «falta de formación»

El colectivo de cazadores rechaza tajantemente la frase que afirma que la práctica de esta actividad se percibe como algo molesto, a lo que no ayuda el déficit de formación de sus aficionados. «Esta aseveración», señala en sus alegaciones, «cuanto menos ha de ser calificada como de poco afortunada y alejada de la realidad, por lo que solicitamos que sea retirada en toda su extensión del Plan». 

Entre otros argumentos para oponerse a esa visión del Cabildo, ACSA asegura que «el actual practicante de la caza cuenta con una capacitación y formación más que contrastada, como así se verifica con la prueba de aptitud que debe superar todo aspirante que desee obtener la licencia de caza, debiendo acreditar un amplio conocimiento de la actividad y con formación en diversos temas como, por ejemplo, la caza como actividad compatible con la conservación de la biodiversidad, la Ley de Caza, conceptos de espacios natural protegido y sus clases, concepto de planes y normas como instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos, concepto de la Red Natura 2000 o conocimiento de los principales factores que amenazan los habitats. 

El colectivo baraja pedir una auditoría de ingresos y gastos de la caza en los últimos 12 años

Recuerda que son muchas y variadas las actividades deportivas que se concentran en las zonas de caza controlada a lo largo de la totalidad del año, tales como el senderismo, el montañismo, el motocross, el ciclismo, el 4x4, el canicross o la equitación, que «pueden resultar incompatibles muchas de ellas con la práctica simultánea de la caza, ocasionando un innecesario malestar entre los usuarios de dichas actividades y los practicantes de la caza, y ello debido, con carácter principal, por el aprovechamiento desordenado no de la caza -como se indica en el Plan- sino precisamente de aquellas otras citadas actividades que carecen de regulación legal específica».

En la segunda alegación, referida al capítulo sobre los diez objetivos del Plan, propone cambios y añade dos más. Así, propone que los fines sean «identificar los factores limitantes y la potencialidad al objeto de planificar actuaciones objetivas para el fomento de las especies cinegéticas en los terrenos sometidos a ese régimen», así como «salvaguardar la sostenibilidad, adecuando en cada momento el aprovechamiento al tamaño de las poblaciones, asegurando la consecución de los objetivos ambientales, sociales y económicos de la caza». 

Biodiversidad

El resto de los objetivos que propone son potenciar la conservación y mejora del medio natural y la biodiversidad; compatibilizar la actividad cinegética con el resto de usos; integrar los intereses del gestor y el colectivo cinegético, alcanzando el consenso en la gestión; favorecer el acceso en igualdad de oportunidades al cazador; caracterizar la actividad e incentivar su normalización mediante la ordenación; fomentar la caza natural, minimizando su artificialización; promover cambios de actitud en el aprovechamiento del recurso; integrar la actividad en la Estrategia Canaria Contra el Veneno; preservar y potenciar las modalidades tradicionales de caza; y, por último, preservar y potenciar las razas autonómicas utilizadas como sistemas auxiliares de caza.   

Aparte de las alegaciones, ACSA hace un llamamiento a todos los cazadores y al resto de sociedades a sopesar actuaciones judiciales contra del Cabildo, pues considera que «como gestor o garante de la caza es el máximo responsable de esa ordenación del campo. Según este colectivo, «en los últimos 12 años que ha habido una dejación de funciones».

«No hay vigilancia, no existen repoblaciones, no se han realizado capturas de animales asilvestrados como gatos y serpientes, se reducen mejoras de hábitat (siembras, bebederos y comederos), los furtivos procedentes de otras islas están degradando la reproducción de las especias cinegéticas propias», se queja ACSA, que anuncia que «está sopesando solicitar una auditoría de los ingresos y los gastos que han generado los cazadores en los últimos 12 años a las empresas encomendadas del Cabildo, dando por hecho que consideramos que nuestro dinero no se está destinando en su totalidad a los fines que persigue la Ley de Caza».

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