Las ayudas de emergencia llegarán a más familias tras cambiar los baremos

Las ayudas de emergencia social que reparte el Cabildo de Gran Canaria entre los 21 municipios de la isla llegarán a partir de este año a más familias en apuros y con una cuantía mayor, por un importe mensual mínimo de 306 euros y máximo de 1.223 euros. El gobierno insular ha aprobado una modificación en los convenios con los ayuntamientos para cambiar la baremación de las situaciones de necesidad y aumentar el dinero que percibirán los beneficiarios.

En el año 2023 esa ayuda llegó a 1.985 familias grancanarias, un total de 4.238 personas, pero no se gastaron en su totalidad los 1,7 millones presupuestados por el Cabildo porque las rentas de muchos solicitantes fueron superiores a las establecidas para acogerse a ese auxilio económico o porque los ayuntamientos cubrieron esas necesidades básicas con fondos propios, según explicó la consejera insular de Servicios Sociales, Isabel Mena, quien consideró que a partir de ahora sí se podrá consumir toda la partida destinada a las personas con más dificultades para gastos como la alimentación, vestimenta, higiene doméstica y personal, alojamiento, suministro de agua y electricidad, o comunidad de vecinos.

«Lo que hemos hecho este año con las ayudas de emergencia es modificar las cuantías para adaptarlas a la realidad económica de hoy, teniendo en cuenta la inflación y la subida de los suministros básicos como la alimentación o la electricidad», detalló.

Isabel Mena detalla que los criterios sobre la renta dejaban a familias fuera del reparto

Isabel Mena recordó que anteriormente la ayuda máxima era de 1.000 euros mensuales y se ha incrementado en un 22,3%, hasta esos 1.223 euros. Igualmente, se ha elevado en un 42,8% la renta por miembro de la unidad familiar para acceder a una ayuda. Antes se situaba en 200 euros para obtener la máxima puntuación y ahora se sube a 286 euros.

«La situación económica ha cambiado y obliga a modificar ese baremación, pues una familia con 200 euros por miembro de la unidad familiar se quedaba muy por debado de la renta para poder cumplir con las necesidades básibas», precisó Mena.

El presupuesto para las ayudas de emergencia social se mantiene en 1,7 millones en 2024, pero ahora podrán acceder familias que antes se quedaban fuera por la baremación de la renta. Esta fue una de las razones de que en 2023 no se gastara toda la partida para ese fin, comentó Mena, quien precisó que la mayoría de los ayuntamientos sí gastaron toda su asignación y otros utilizaron sus propios presupuestos para socorrer a las familias más necesitadas. Al respecto, destacó que en 2020, el año más duro de la pandemia, el Cabildo tuvo que incrementar esa partida en seis millones de euros ante la avalancha de solicitudes.

El reparto de los 1,7 millones de euros entre los 21 Ayuntamientos es proporcional a la población, con un cuantía fija de 5.000 euros para compensar a los municipios con pocos habitantes. Tras esos cálculos, la distribución de los fondos queda de la siguiente forma: 15.360 euros para Agaete; 65.741 euros a Agüimes; 6.920 a Artenara; 76.827 euros a Arucas; 19.270 a Firgas; 50.920 a Gáldar; 65.203 a Ingenio:18.966 a La Aldea; 708.422 a Las Palmas de Gran Canaria; 43.787 a Mogán; 19.679 a Moya. 105.317 a San Bartolomé de Tirajana; 39.442 a Santa Brígida; 145.817 a Santa Lucía de Tirajana; 30.954 a Santa María de Guía; 8.432 a Tejeda; 195.704 a Telde; 28.818 a Teror; 11.946 a Valleseco; 22.988 a Valsequillo; y 19.480 a la Vega San Mateo.

Ahora son los técnicos municipales los encargados de realizar los informes sobre la situación de cada familia o personas solicitante y determinar la cuantía que le corresponde. También se recogen gastos puntuales sobrevenidos, como la compra de electrodomésticos en caso de rotura.

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