El registro de la oficina del arquitecto Carlos Morales, marido de Alexia de Grecia, en Puerto Calero el 25 de mayo de 2009, por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de la denominada operación Unión fue, sin duda, uno de los golpes más mediáticos de la que se iba a convertir en la mayor operación contra la corrupción de Canarias. La implicación del marido de la sobrina del Rey Juan Carlos iba a suponer que la lucha contra la corrupción en Lanzarote se iba a conocer en todo el país. Cinco años después de ese primer registro todas las acusaciones penales contra el arquitecto lanzaroteño han sido archivadas.
La petición de la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife para que archive, por la ausencia de pruebas, la causa abierta contra Carlos Morales y los arquitectos Víctor Sánchez y José María Pérez por la presunta adjudicación directa del Plan General de Arrecife (PGOU) cierra el último capítulo judicial que pesaba sobre el marido de Alexia de Grecia. "No se ha logrado recabar elemento material alguno que permita atribuir un concierto de voluntades entre los arquitectos con los responsables públicos para defraudar a la administración en la adjudicación del PGOU de Arrecife", destaca el escrito de la Fiscalía.
Es cierto, como reconoce la fiscalía, que los pinchazos de la UCO demuestran que el fundador del PIL, Dimas Martín, llegó a pedir al concejal de Urbanismo, Ubaldo Becerra (primo de Morales), que se le adjudicara el Plan "sin la criba de las publicaciones ni concursos" por una determinada cantidad económica. Sin embargo, nada de eso sucede y ni siquiera se inició un expediente administrativo alguno en relación con el Plan General, aunque también es verdad que todas las negociaciones quedaron rotas tras estallar el caso Unión.
Lo que sí está constatado es que hubo innumerables reuniones entre los concejales del PIL en Arrecife, Dimas Martín y los tres arquitectos para hablar sobre el futuro plan general. Encuentros que fueron seguidos de cerca por los propios agentes de la UCO semanas antes de las primeras detenciones en mayo de 2009.
La Fiscalía también ha decidido archivar el supuesto ofrecimiento, "al margen de todo procedimiento", de Ubaldo Becerra a Carlos Morales para la ejecución de una plaza pública en Arrecife con cargo al Plan Español para el Estímulo de la Economía y Empleo (Plan E) dado que la misma nunca se llegó a ejecutar. También ha quedado en nada la acusación de que Carlos Morales habría utilizado a Becerra para acelerar la concesión de una licencia para una promoción de viviendas en Arrecife. De hecho, el documento no llegó a presentarse, por lo que la Fiscalía ha optado por archivar este asunto.
El otro escollo judicial que ha salvado Carlos Morales es el relacionado con las acusaciones que pesaban sobre él por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro de inducción a la prevaricación administrativa al exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, por la concesión de la licencia de obras para construirse un chalé en suelo rústico. La juez solo mantiene la imputación contra Reyes por dar una licencia ilegal.
Recalificación del terreno
A pesar de que Morales tuvo que paralizar la construcción de su vivienda, lo cierto es que casi ocho años después de que el alcalde le diera la licencia por decreto con informes técnicos negativos el arquitecto podrá hacer realidad su sueño. Y es que el nuevo plan general de Yaiza, que ya ha sido aprobado por la Cotmac, ha recalificado los terrenos rústicos de su propiedad en suelo urbanizable. La parcela rústica de 5.134 metros cuadrados que compró por 257.000 euros en abril de 2005 multiplicará su valor al encontrarse en Puerto Calero, considerada como una de las zonas más caras de la Isla.
El redactor del Plan General de Yaiza, Jorge Cordech, aseguró en el juzgado que la parcela donde se levanta la casa no tiene interés ambiental que "impidiera la clasificación y categorización como urbanizable y por tanto edificable". El Plan ha recalificado una franja de 85.489 metros cuadrados entre Puerto Calero y Cortijo Viejo donde se asientan otras viviendas.
No obstante, Morales se tendrá que enfrentar previsiblemente a un expediente sancionador de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural solicitado por el juzgado por "las infracciones urbanísticas" cometidas en la ejecución de una edificación de tres plantas con piscina para una vivienda familiar. El Juzgado también pide "la demolición de lo irregularmente construido".
