Los farmacéuticos afectados por la anulación del concurso de méritos de 2001 confían en que el Gobierno de Canarias llegue a un acuerdo con el demandante y no se tengan que cerrar las más de 80 boticas, aunque otros datos apuntan a que pueden ser 300 en todo el Archipiélago, con las indemnizaciones millonarias que eso conllevaría.

El Tribunal Supremo rechazó la semana pasada el recurso interpuesto por el Gobierno canario y ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que en 2005 anuló el concurso por una cuestión de forma, ya que no debía haber sido convocado por el consejero de Sanidad, sino por el Consejo del Gobierno.

"No creo que se vaya a llegar al extremo de cerrar las farmacias. Es una cuestión que tiene que arreglar el Gobierno de Canarias. Fue adjudicado con todas las de la ley", asegura Pilar Marañes, una de las titulares a las que se adjudicó una farmacia en el concurso de 2001.

Marañes, al igual que el resto de los afectados, recuerda el gran desembolso económico que supone abrir una farmacia. En algunos casos, como en el sur de Gran Canaria, donde se encuentran muchas de estas boticas adjudicadas hace ocho años, el alquiler mensual del local puede alcanzar hasta los 6.000 euros, a lo que hay que sumar el sueldo de una media de seis trabajadores por farmacia.

"Esto va a costar una fortuna al Gobierno y a nosotros un disgusto. Lo lógico es que no pase nada porque nosotros no hemos hecho nada. Tienen que llegar a un acuerdo", señala Juan Ignacio Díaz de Tuesta, que abrió su farmacia hace seis años. "Hasta este momento todo lo que he hecho es invertir, uno empieza a ganar algo a partir del sexto año", explica Díaz de Tuesta, que también, junto a otros farmacéuticos, recurrió en 2001 contra el baremo del concurso al considerar que había errores en el sistema de puntuación.

Según el despacho de abogados Munguía y Melián, representante del denunciante, ahora Sanidad, que tiene dos meses de plazo, puede ejecutar la sentencia, presentar un recurso extraordinario o plantear que es una sentencia que no se puede ejecutar, por lo que tendría que indemnizar al denunciante. Los letrados recuerdan que el Supremo no entró a valorar si el contenido de las bases era adecuado, ya que se anuló por la forma, pero aseguran que en dicho concurso se cometieron "muchas irregularidades".