Sólo un millar de ciudadanos han solicitado acogerse a las ayudas que puso en marcha el Gobierno municipal para compensar la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Así lo dio a conocer ayer la concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, durante el debate de una moción del Partido Popular, en la que exigía a los socialistas que no utilice el valor catastral de la vivienda como condición para recibir la ayuda, porque ello impediría acceder a mucha gente, y que sólo se tengan en cuenta el nivel de renta como filtro.
El escaso número de vecinos interesados por la ayuda ha llevado al gobierno local a prorrogar hasta el 18 de febrero el plaza para acogerse a esta línea de bonificaciones, que estaba dotado con 600.000 euros -menos de la mitad de lo que se prometió inicialmente- y de la que se podían beneficiar 31.000 personas que cobran menos de 1.200 euros brutos al mes y son titulares de una casa con valor catastral inferior a 35.000 euros. Tanto Felipe Afonso, edil del PP, como Nardy Barrios, de Compromiso, consideraron que condicionar la ayuda al valor catastral puede impedir acceder a la misma a una persona que esté, por ejemplo, en paro.
"Pedimos que se gaste el millón y medio en ayudas que se prometió en la campaña que se realizó, en la que se ha gastado más dinero que en las bonificaciones a transportistas. Es otro promesa más que se lleva el viento", criticó Afonso, quien rechazó también que se utilice la declaración de la renta de 2009 para evaluar las ayudas, porque "la situación económica ha cambiado muchísimo desde entonces". Vargas rechazó la moción, que sólo fue apoyada por PP y Compromiso, argumentando que "no se pueden cambiar las bases, porque supondría un quebranto a los ciudadanos que ya han solicitado la subvención".
