Tres de cada diez canarios padecen algún tipo de exclusión social, en un escenario muy preocupante porque una parte de las personas que engrosan las filas de la pobreza empiezan a ser trabajadores con bajos sueldos y empleos precarios y porque las políticas de bienestar social se están desmantelando. El 37% de los canarios que tiene una familia a su cargo está en situación de exclusión social, pese a tener trabajo.
Los niveles de desigualdad, que ha crecido en 11,1 puntos desde 2008, son mayores y han aumentado más en Canarias durante los años de la crisis que en el resto de comunidades españolas. El 10,9% de los isleños sufren pobreza severa, casi el doble que en el conjunto del Estado. Se considera que una persona sufre pobreza severa cuando sólo dispone de 273 euros al mes para vivir o cuando una familia de cuatro miembros sólo cuenta con 573 euros.
Estas son varias de las conclusiones que se extraen del Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Canarias realizado por la Fundación Foessa -el segundo que se hace en la región y el séptimo a nivel nacional- que resalta también el aumento de la desigualdad en Canarias frente al resto de comunidades españolas y el mayor riesgo de exclusión que sufren los canarios. Todos los parámetros que inciden en la pobreza y exclusión son peores que en el resto del Estado, salvo la protección que reciben los excluidos por parte de sus familias, amigos y vecinos, un colchón de solidaridad que supera la media nacional. El informe considera que una persona está en situación de exclusión o pobreza cuando no tiene trabajo, tiene problemas para alimentarse, pagar la vivienda o acceder a tratamiento médico. Los investigadores han analizado hasta 35 variables que inciden en la exclusión.
Sólo el 26,3% de la población canaria se encuentra entre los afortunados que disfrutan de una integración plena, porque el 73,6% restante padece algún tipo de exclusión. Guillermo Fernández Maíllo, miembro del equipo redactor del informe y uno de los responsables de Desarrollo Institucional de Cáritas Española, advirtió ayer durante su presentación que para cambiar esta situación de desigualdad y pobreza creciente es necesario, entre otras acciones, cambiar el sistema de producción y redistribución de la riqueza y potenciar las políticas sociales. Unos 603.000 residentes (212.000 hogares) en Canarias están en situación de exclusión social, de los cuales 230.000 (80.000 familias) están afectados de una manera severa. Esto significa que el 28,5% de la población padece la exclusión social. "Es sobre este grupo", resaltó Fernández Maíllo, "donde es más necesario incidir las políticas sociales, por la intensidad de los problemas que les afectan y porque tiene el riesgo de seguir siendo invisible, aunque llegue la recuperación".
El informe resalta que el peligro de exclusión es mucho mayor en Canarias que en el Estado y aclaró que casi dos tercios de las personas afectadas por la pobreza ya lo estaban antes de la crisis que, "además de aumentar el número" de pobres, "ha intensificado la gravedad" de sus problemas y los "ha cronificado en el tiempo". Esta situación, concluyó, es consecuencia de "un modelo de sociedad", que en "la época de mayor crecimiento generó un 19% de excluidos en España". Las políticas de austeridad que se han aplicado durante la crisis, añadió, "han erosionado nuestro sistema de bienestar social, que era muy extenso pero muy débil", lo que está degradando aún más la situación de lo excluidos. Uno de los aspectos más preocupantes, según Fernández, radica en que "la vía del trabajo ya no va a ser suficiente para la escapar de la exclusión", debido a su carácter precario. De hecho, la mala calidad del empleo junto con el paro está provocando que se convierta en una causa de exclusión para el 45,9% de la población canaria.
