El candidato del PSOE al Congreso por Las Palmas, Sebastián Franquis, ha reprochado hoy al Gobierno central que la Ley de Seguridad Ciudadana deje como herencia en la capital grancanaria un alza en la tasa de delincuencia, menos policías y recorte de derechos para los ciudadanos.
En un comunicado, Franquis asegura que la "Ley Mordaza del PP" no tenía como principal objetivo reducir la tasa de delincuencia, sino "recortar los derechos" de la ciudadanía.
Franquis opina que este recorte y la reducción de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía ha propiciado un "notable incremento" de los índices de criminalidad en Las Palmas de Gran Canaria.
El dirigente socialista apunta que, según el informe del Ministerio del Interior, las modalidades en las que se producen mayores incrementos de delitos en la ciudad son faltas, robos con violencia e intimidación o con fuerza, sustracción de vehículos, tráfico de drogas, daño y hurtos, y que aumentan nueve de las diez tipologías penales.
Otro de los municipios en alza en la tasa de delincuencia es Arrecife (Lanzarote), con subidas en casi todas los tipos penales.
Sebastián Franquis recuerda que esta legislatura el Gobierno ha recortado la plantilla de policías nacionales en 7.580 efectivos en toda España.
Según el candidato socialista, los datos especifican que en Canarias hay 297 agentes menos -entre Policía Nacional y Guardia Civil-, 115 en la provincia de Las Palmas y 182 en la de Santa Cruz de Tenerife, "lo que ha provocado la disminución de la presencia policial en calles y barrios, debilitándose la lucha contra la delincuencia en Las Palmas de Gran Canaria".
El diputado socialista recuerda que ha pedido informes al Gobierno sobre la evolución de la delincuencia, las reuniones de la Junta Local de Seguridad y el protocolo de cooperación entre el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, pero que "ni si quiera el delegado del Gobierno en Canarias ha dado explicaciones sobre este asunto".
Franquis subraya que el PSOE mantiene el compromiso de derogar la "Ley Mordaza" que adquirió mientras se tramitaba en el Congreso, que salió adelante con los votos de la mayoría absoluta del PP.
