Los técnicos municipales ven "inasumible, por su desproporción" la pretensión de los socios privados de Emalsa de aumentar a 10,7 millones anuales, -el doble de la cantidad actual- la retribución anual que le paga el Ayuntamiento por el servicio de mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado. Saur y Valoriza proponen, a través del dossier que encargaron y pagaron a la consultora KPMG, que esos 10,7 millones se repercutan a los abonados de Emalsa, lo que supondría que cada cliente tendría que pagar en el recibo 15,32 euros cada trimestre, más el IGIC, sólo por el saneamiento. A esto habría que añadir la tarifa del agua y la tasa de depuración.
Los técnicos cuestionan también que la red de alcantarillado se haya triplicado en los últimos 20 años, uno de los argumentos que utiliza Emalsa para pedir más dinero por el saneamiento. Los expertos tienen "serias dudas sobre el tamaño" que tenía la red en 1998, ya que la ciudad no ha crecido tres veces como sí ha crecido, parece ser el alcantarillado". Según el informe de KPMG, la red de alcantarillado tiene 930 kilómetros, el triple de los 350 kilómetros, que asegura tenía la ciudad en 1998.
El concejal de Alumbrado y Aguas, Roberto Santana, se ha pronunciado en parecidos términos a los técnicos y descarta que se vaya a duplicar el coste. "La propuesta de KPMG plantea doblar el contrato de saneamiento y los técnicos lo rechazan. Nosotros consideramos que esa subida no está debidamente justificada y lo estamos estudiando para ver cual es el coste real del servicio de saneamiento". El servicio de saneamiento ha estado presidido por la polémica desde el mismo momento en que Emalsa subcontrató a dedo la prestación en 2008 a Sercanarias, la empresa de los socios privados. Los técnicos se negaron a firmar las facturas del alcantarillado en el anterior mandato, porque la compañía no quiso justificar que había realizado los trabajos de limpieza por los que quería cobrar. Emalsa recurrió, la juez le dio la razón y obligó al Ayuntamiento a pagar 6,6 millones por las facturas de enero de 2013 a abril de 2014. La sentencia se dictó en enero de 2016, y el gobierno Tripartito decidió no recurrir la sentencia y además pagó a la compañía más del doble de lo que ordenó la juez, porque incluyó todas las facturas hasta diciembre de 2015. Ahora es la intervención municipal la que ha vuelto a bloquear el pago de las facturas desde mitad de 2016.
Desorbitada
Los autores del comité técnico dudan de que se estén efectuando la totalidad de los trabajos de limpieza de la red y se refieren al quinto informe del proceso de intervención que inició Juan José Cardona y liquidó Augusto Hidalgo. En concreto, reproducen la afirmación de Rafael Bolívar y su equipo, en la que se advierte que "la limpieza de la red de alcantarillado nunca superó, entre los años 2000 y 2013, los 200 kilómetros y, en varios años, ni siquiera alcanzó los 100 kilómetros".
Otro argumento que esgrimen Cabrera y Padrón para dudar del cumplimiento de la limpieza de la red, es el plan de choque que plantean los socios privados para poner a punto la red de alcantarillado, por importe de 2,59 millones de euros. "La inclusión de este plan de choque parece dar a entender que existen deficiencias en el mantenimiento realizado hasta el momento", sostienen.
Los técnicos municipales rechazan las "pretensiones desorbitadas de los socios privados para maximizar su beneficio" a través de "incrementos de tarifa, incrementos de los precios de los contratos, exenciones, tributarias, etc".
Además de duplicar el coste del servicio, Saur y Valoriza incluyen en el nuevo contrato-programa de saneamiento una cláusula -la tercera- en la que plantean un procedimiento de verificación y pago mensual de las facturas que los técnicos municipales Benito Cabrera y Miguel Padrón consideran "totalmente improcedente". Señalan al respecto que "las normas de fiscalización de las facturas las aprueba el Ayuntamiento con estricto cumplimiento de la ley y no procede, en ningún caso, su negociación con los acreedores. En cuanto al pago de las facturas pasa otro tanto de lo mismo, el Ayuntamiento debe cumplir con la normativa sobre morosidad y no debe asumir otros plazos que lo establecido" en ésta.
También rechazan el intento de los socios privados de incluir en el contrato-programa el saneamiento como un servicio accesorio. Un informe de un letrado municipal advirtió ya en 2011 que la subcontrata de saneamiento era ilegal, porque la ley establece que la empresa concesionaria, en este caso Emalsa, sólo puede subcontratar prestaciones accesorias y el saneamiento no lo es. La concesión de Emalsa impide también subcontratar el saneamiento.
El consejo de administración aprobó hace dos años, a propuesta del Ayuntamiento, quitarle a Sercanarias los servicios subcontratados, pero el saneamiento sigue en sus manos, junto a otros 18 contratos, hasta que se elabore el pliego del nuevo contrato-programa del alcantarillado.
