La cinco sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (Sagep) de Canarias inician estos días de manera simultánea su transformación en centros portuarios de empleo (CPE), la nueva figura jurídica que contempla el Real Decreto-ley de reforma de la estiba -el 8/2017- aprobado en el Congreso de los Diputados el año pasado. Los acuerdos, adoptados en sendas reuniones de sus consejos de administración celebradas a lo largo de esta semana en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma, han sido ya comunicados a los respectivos comités de empresa, según ha podido conocer este periódico a través de fuentes portuarias.
En estos momentos la única Sagep que no ha formalizado el inicio del procedimiento para transformarse en CPE es la de Fuerteventura. En cualquier caso ya se ha solicitado la inclusión de este punto en el orden del día de la próxima reunión de su Consejo de Administración, por lo que con toda probabilidad será refrendado en fechas inminentes.
Las Sagep canarias comienzan de este modo los trámites legales para disolverse y completar un cambio de modelo impuesto por una sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La resolución, fechada en diciembre de aquel año, consideraba que España había incumplido "las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", consagrado a la libertad de establecimiento, debido a que la legislación estatal imponía a las empresas de otros estados europeos la obligación tanto de inscribirse en una Sagep -y participar en su capital- como de contratar a los trabajadores portuarios a través de ella.
A partir de ahora las entidades deben formalizar su solicitud administrativa para la transformación y demostrar que cumplen con una serie de requisitos necesarios para convertirse en empresas temporales de empleo de modo análogo a como indica el artículo 2 de la norma legal que regula las ETT en España. De hecho, este mismo texto -la Ley 14/1994, de 1 de junio- les será de plena aplicación, al igual que el resto de regulaciones promulgadas con respecto a este tipo de empresas, tal y como estipula el Real Decreto-ley 8/2017.
Los gerentes de las Sagep se han dirigido por carta a los representantes sindicales para comunicarles el inicio del procedimiento. El de la sociedad del Puerto de La Luz, Nicolás Lorenzo, indica en su misiva que "con esta decisión se transmite confianza al colectivo de estibadores portuarios". El inicio de esta nueva etapa ayuda, de acuerdo con sus palabras, "al mantenimiento de la estabilidad laboral" y redunda, por tanto, en una mejora en la calidad "del servicio y la competitividad" portuaria.
En este sentido, Miguel Rodríguez, líder del único sindicato con representación en la estiba en el principal Puerto del Archipiélago, expresó ayer su satisfacción porque la decisión supone a su juicio "garantizar el empleo" al asegurar la continuidad de todas las empresas que ahora mismo forman parte de la Sagep: "De este modo seguimos teniendo empresas a las que garantizar el servicio".
De acuerdo con el real decreto que desarrolla la norma aprobada por el Congreso, divulgado por el Ministerio de Fomento hace algunas semanas, los centros de empleo tienen por objeto coordinar el empleo de los trabajadores portuarios en el servicio de manipulación de mercancía y su puesta a disposición, con carácter temporal, a las empresas que posean la licencia de prestación de este servicio.
A diferencia de las Sagep, la participación de las empresas estibadoras en estos nuevos CPE no es un requisito indispensable para contratar trabajadores portuarios, aunque su inclusión como socios en las nuevas entidades -y su compromiso de permanecer en los centros portuarios de empleo- asegura la subrogación de todos los trabajadores que en la actualidad realizan su labor en los puertos canarios.
