Un agente de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a juicio por, presuntamente, pedir 50 euros a conductores para evitar multarles o para quitarles la sanción que les había impuesto con anterioridad, por lo que la Fiscalía Provincial de Las Palmas pide una condena de dos años y tres meses, al responder el investigado como autor de un delito continuado de cohecho.
El escrito de acusación del Ministerio Fiscal pone de manifiesto que el acusado C. I. D. desempeñaba su labor de agente de Movilidad desde septiembre de 2016 "ostentando la condición de funcionario interino" del Ayuntamiento capitalino. De esta manera, se "aprovechó" de la autoridad que le otorgaba su empleo público para obtener un beneficio patrimonial "ilícito" y durante los días 20 y 23 de febrero de 2017, mientras desarrollaba sus labores en la vía pública, que se centraba en controlar y hacer un seguimiento del tráfico rodado de la capital, el encausado con "facultad de denunciar cualquier infracción de esta materia" se dirigió a varios conductores de vehículos que cometieron faltas para "exigirles" la entrega de 50 euros, a cambio de no emitirles el respectivo boletín de denuncia.
En concreto, el ministerio público apunta seis ocasiones en las que el agente cometió, supuestamente, esos delitos. Una de ellas ocurrió el 20 de febrero de 2017 sobre las 15.30 horas cuando un conductor que se encontraba en la calle Alfredo L. Jones aparcó en un lugar indebido y el acusado se acercó a este para decirle que había cometido una infracción y que la multa de la misma ascendía a los 200 euros, pero que si le daba "50 euros, me olvido de esto". Una petición a la que el ciudadano accedió, para, después, dirigirse a dependencias policiales con el fin de poner en conocimiento lo sucedido.
Sobre las 20.00 horas de ese mismo día, el investigado dio el alto a una conductora que se encontraba en la calle Albareda y le informó que le iba a denunciar por hacer uso del móvil mientras conducía. "Son tres puntos del carné y 200 euros de multa. Se me está ocurriendo una forma de arreglar esto y es pagándome 50 euros", apuntó el funcionario. La mujer accedió, "no sin el lógico estupor", y le entregó un billete que retiró posteriormente de un cajero bancario cercano.
El día 22 de ese mismo mes, sobre las 16.30 horas, un conductor aparcó su vehículo en la calle Doctor Miguel Rosas, el infractor se excusó ante el procesado diciendo que se había estacionado en ese lugar porque tenía una "urgencia" y este le respondió "déjame 50 euros". Sin embargo, el ciudadano le comentó que sólo tenía 10 euros y que podía pagarle con tarjeta, a lo que el encausado se negó y desistió de emitir el boletín de denuncia mientras le espetaba "me voy a fijar en tu cara y en tu coche".
Posteriormente, sobre las 17.15 horas, en la misma calle de la capital, otro conductor que aparcó en un lugar "cuya acción era merecedora de propuesta de sanción", le explicó al agente que llevaba "escasos minutos aparcado ahí" a lo que este le respondió: "¿tiene usted 50 euros por ahí?" a la vez que continuó diciéndole "déme los 50 euros". Una vez que obtuvo el dinero, retiró el boletín de denuncia del coche.
Unos 45 minutos más tarde, otro conductor estacionó de forma indebida en un paso peatonal de la calle Juan de Miranda, lo que generó que el funcionario se le acercase y le dijese: "La multa son 200 euros, pero si me abonas al instante 50 euros, queda anulada". El ciudadano accedió a la propuesta y le entregó el efectivo, por lo que el acusado retiró la multa que había puesto en el parabrisas con anterioridad.
Al día siguiente, sobre las 18.30 horas, el investigado se dirigió hacía una conductora que estacionó su vehículo en una zona de carga de la calle Juan Rejón, la mujer le preguntó si sería sancionada y el procesado le respondió que sí, al tiempo que le decía que "con 50 euros se arregla". Sin embargo, la infractora se negó a entregarle el dinero y este le respondió "¿crees entonces que debo continuar con esta denuncia?", mientras la redactaba y se la entregaba a la conductora, que, finalmente, siguió su camino.
El escrito también revela que el agente consumía cocaína y presentaba un trastorno por consumo de carácter leve-moderado "que, si bien no anulaba notablemente sus facultades cognoscitivas o volitivas, sí las disminuía levemente". Asimismo, el encausado consignó judicialmente 100 euros para satisfacer a dos de los perjudicados.
Finalmente, la Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de cohecho y solicita la pena de dos años y tres meses de prisión, con la atenuante de analógica de toxicomanía, así como una multa de 1.626 euros. Igualmente interesa la inhabilitación especial para ejercer como agente de Movilidad o Policía Local por cinco años. El acusado también tendría que indemnizar a otro de los conductores con 50 euros en concepto de responsabilidad civil.
