El gobierno municipal ha rechazado declarar la situación de emergencia social en el municipio que reclama la oposición para agilizar la concesión de ayudas a las personas vulnerables y mejorar la atención, contratar a más personal para paliar el déficit que sufre el área y conseguir más financiación por parte de otras administraciones.
La concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, aseguró que todas las ayudas urgentes se atienden de manera inmediata, sostuvo que todas las necesidades en materia social se han ido atendiendo con la dotación presupuestaria adecuada, bien con fondos propios o de otras administraciones, desde que se desató la pandemia en 2020. Los partidos de la oposición, (Partido Popular, Coalición Canaria y Ciudadanos), que forzaron la celebración esta mañana de un pleno extraordinario y urgente para solicitar la declaración de emergencia social, criticaron el gran retraso en la dotación de ayudas, así como la falta de gestión y el colapso administrativo que sufre el Ayuntamiento, y reclamaron un mayor incremento en las subvenciones a ONG, como el Banco de Alimentos.
Criticaron la falta de personal al frente de los servicios sociales, cuyos trabajadores no dan abasto para responder a la creciente demanda por parte de la población. A las críticas sobre la precariedad en la atención social se sumaron los tres concejales no adscritos, aunque no todos apoyaron con sus votos las propuestas planteadas.
También rechazó el gobierno tripartito la propuesta para establecer una dotación económica suficiente del área de Servicios Sociales, estableciendo las partidas necesarias en el presupuesto municipal, desde que estos son aprobados, y reclamando al Gobierno canario un incremento de la financiación acorde con lo establecido en la Ley canaria de Servicios Sociales. El gobierno rechazó también la puesta en marcha de una historia social única de los demandantes de ayuda que permita agilizar todo el proceso y la creación de un portal público de indicadores relacionados con la pobreza en el municipio.
A la sesión plenaria, que tuvo una duración de tres horas, no asistió el alcalde Augusto Hidalgo, al estar confinado por dar positivo en covid. La concejala no adscrita Beatriz Correas participó en el pleno desde la cama de un hospital, donde se encuentra tras sufrir una operación.
