El incremento de las jubilaciones está agudizando el ya de por sí grave déficit de personal que soporta desde hace años el Ayuntamiento de la capital grancanaria, cuya principal consecuencia la sufre la ciudadanía por el colapso y el deterioro de los servicios municipales.
En el último trienio se marcharon un total de 156 trabajadores. Esto significa que cada año causan baja 52 funcionarios y laborales, una media que, según la Concejalía de Recursos Humanos ha bajado este año, en el que se prevé inicialmente sólo se preven 28 retiros, pese a que en 2022 cumplen la edad de jubilación unas 62 personas, según el censo que manejan los sindicatos.
La mayoría de los servicios municipales están bajo mínimos, no en vano en el Ayuntamiento hay unas 600 plazas sin cubrir, una carencia que trae como consecuencia la ralentización de la maquinaria burocrática y la demora, por ejemplo, en la tramitación de los contratos y en las labores de control y fiscalización.
Faltan auxiliares y administrativos, pero los departamentos padecen también la carencia de técnicos. Varias decenas de contratos de servicios están vencidos, algunos desde hace más de tres años, y siguen siendo explotados en situación de nulidad, por la incapacidad para convocar los nuevos concursos. Algo parecido ocurre con la contratación de las obras.
El Ayuntamiento asegura que tiene en marcha 93 nuevas plazas
El concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, ha anunciado la convocatoria de nueve procesos selectivos -todavía pendientes de su publicación en el BOE- para cubrir 93 plazas a lo largo de este año, que contribuirán a aliviar la situación, aunque no resolverán del todo un problema, cuyo origen ha sido propiciado por la congelación estatal de la tasa de reposición del personal desde hace años.
Aunque todos los servicios están aquejados por el mismo problema, la carencia es especialmente sensible en la Policía Local, pese a que el año pasado se incorporaron 66 nuevos agentes.
En diciembre pasado se publicó otra convocatoria de 45 plazas, pero el ritmo de reposición no es capaz de cubrir las bajas que se producen en el cuerpo, sobre todo desde que la ley permite la jubilación anticipada a los 60 años. El cuerpo, que llegó a tener 700 agentes sólo cuenta hoy con unos 550, según advierte Víctor García, presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento y líder de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB).
La carencia en la Policía Local es grave, porque cada año se marcha una media de 20 agentes
En 2020 se jubilaron 18 policías y en noviembre del pasado año habían solicitado acogerse al retiro otros 25, según figura en una de las ofertas de empleo publicadas por el Ayuntamiento. Esto significa una media de más de 20 jubilaciones cada año «Hemos exigido que se cubran las vacantes y se está haciendo, aunque con retraso. Lo que nos gustaría es que se cubriera el número de vacantes que tiene la RPT, pero no se pueden crear nuevas plazas», admite García, quien subraya que la carencia de personal obliga a la guardia urbana a «hacer un sobreesfuerzo muy grande, para hacer frente a las emergencias sin recursos, especialmente tras las crisis sanitaria», lo que se refleja en la duplicación de las horas extra.
Bomberos, bajo mínimos
Especialmente grave, advierte, es la situación de los bomberos, cuya plantilla tiene 172 agentes, pero sólo hay operativos 82.
El servicio espera como agua de mayo la incorporación de los 31 bomberos que aprobaron las oposiciones y otros 30 interinos, una entrada que se ha paralizado porque hay que sacar a concurso el programa de formación durante seis meses de los nuevos agentes. Eso significa, según García, que los nuevos agentes no entrarían hasta dentro de un año, debido a los problemas que tiene Contratación, por lo que han planteado al alcalde Augusto Hidalgo que Personal contrate a los profesores, «lo que permitiría que esta gente se pueda incorporar el mes que viene, porque la precariedad que hay es sangrante».
El sindicato ha convocado una manifestación el próximo viernes en la plaza de Santa Ana para exigir la incorporación inmediata de los nuevos bomberos y el desbloqueo de los concursos y contratos de vehículos de alquiler para la policía, los camiones para los bomberos y la nueva uniformidad.
El bloqueo que sufre Contratación afecta también a la demora del mantenimiento y la actualización del sistema informático del Centro Municipal de Emergencias (Cemelpa), que también está bajo mínimos.
«Todos los servicios», advierte Leonardo Perera, representante del CSIF, «sufren la falta de personal. En Tráfico, por ejemplo, hay un administrativo haciendo de jefe de servicio, aunque prácticamente todos los departamentos están igual», desde Contratación a Intervención o Servicios Sociales, cuyo personal salió a la calle el pasado verano, desbordado por la avalancha de la demanda que se le ha venido encima, tras la crisis sanitaria.
El servicio de Tráfico y Transporte está practicamente paralizado. Sólo quedan tres personas
«Pero Tráfico», señala, «está prácticamente paralizado, porque solo quedan tres personas. El jefe estaba en comisión de servicio y se le acabó. Las dos jefas de sección se fueron y de las dos jefas de negociado, una está de baja y queda otra, que es la que está asumiendo toda la responsabilidad del servicio. Tienen a varios compañeros de baja. Ahora hay tres personas»
El Órgano de Gestión Presupuestaria lleva años pidiendo agua por señas. El pasado noviembre volvió a denunciar que la situación, lejos de mejorar, se ha agravado, ya que más de la mitad de sus puestos de trabajo siguen sin cubrir, una circunstancia que dificulta las labores de fiscalización y control.
Las carencias en el personal de Limpieza se pueden comprobar en la extrema suciedad de las calles.
La situación de Contratación ha mejorado un poco con la incorporación de tres técnicos que han empezado a sacar los asuntos, pero el tapón no acaba de resolverse porque todavía se están poniendo al día.
En palabras de Perera, «lo que más falta son auxiliares y administrativos, aunque la carencia es exagerada en todas las categorías. El representante sindical recuerda que el origen de este déficit de personal está en las trabas para cubrir las plazas que impuso el Estado tras la crisis económica de 2008. «Todo eso ha hecho que se pierda personal por el camino. Las administraciones han tenido las manos atadas por las limitaciones a la tasa de reposición, una normativa que fue un ERE encubierto en toda regla y que con los años ha traído como consecuencia el colapso de los servicios».
