El polémico biodigestor de La Montañeta de Tenoya ha llegado a la Fiscalía de Medio Ambiente. Vecinos del pueblo de Tenoya han presentado una denuncia ante el Ministerio Público, después de que el promotor de la planta, que pretende tratar hasta 69 toneladas diarias de lodos procedentes de depuradoras en suelo rústico de protección agraria, haya conseguido que un juzgado le legalice la actividad, aprovechando el silencio administrativo positivo de más de tres meses por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Los vecinos entienden que la planta no puede funcionar en ningún caso en la zona, porque hay informes del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno canario que lo impiden y porque el propio Plan General de Ordenación (PGO) lo prohibe, pero consideran «inexplicable» que el Ayuntamiento posibilitara primero que la empresa Valoración Ecológica de Residuos y Energías, S.L. ganara un contencioso, por el retraso en contestar a la petición de licencia, y luego «ni siquiera haya recurrido la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro que legaliza la actividad».
Temen que la decisión del Ayuntamiento de no recurrir obligue a la institución a tener que indemnizar finalmente al dueño de la planta por no poder llevar a cabo una actividad para la que tiene licencia y por esa razón han acudido a la Fiscalía.
El consistorio tardó más de un año en denegarle la licencia y el dueño lo llevó a los tribunales y ganó
El Ayuntamiento emitió finalmente varios informes denegando la solicitud, entre ellos el del 27 de julio de 2020, pero ya era tarde porque había «transcurrido casi un año de la solicitud de la licencia», que se produjo el 29 de agosto de 2019, por lo que «debe concluirse que ha operado el silencio administrativo positivo», según establece la jueza en la sentencia dictada el 18 de junio de 2021. Lo primero que hizo el empresario tras la denegación municipal de la licencia fue presentar un contencioso en los tribunales y lo ganó, aprovechando la demora del Ayuntamiento, que tardó en contestar bastante más de los tres meses que contempla la ley.
Los vecinos consideran que los hechos denunciados son constitutivos de un «delito medioambiental» y dirigen sus acusaciones contra la promotora de la planta y «cualesquiera otros que aparezcan como responsables a lo largo de las investigaciones y actuaciones a practicar respecto de los delitos que pudiesen evidenciarse de los hechos descritos en esta denuncia».
Los afectados no entienden como se permitió una obra que incumple el Plan General y otras leyes
El promotor del biodigestor obtuvo una licencia municipal en 2013, tras la calificación territorial que autorizó la Consejería de Gobierno de Política Territorial Cabildo de Gran Canaria en 2011. Sin embargo, el Cabildo rectificó y denegó más tarde dicha calificación territorial.
En un informe emitido el 3 de mayo de 2017, el servicio de Planeamiento del Cabildo aclaró que la calificación inicial fue otorgada a un «proyecto distinto», dado que la empresa no dijo la verdad sobre el alcance de la actividad que iba a realizar. En concreto, según el informe del Cabildo, Valoración Ecológica presentó un «proyecto de sistema de depuración natural de aguas, cuyo destino final es la obtención de agua tratada», algo compatible con la actividad agrícola, cuando en realidad se trataba de instalar una planta en la que se pretende el tratamiento de lodos procedentes de depuradoras, a razón de hasta 69 toneladas diarias, así como obtener energía a través de la biometanización. Por ello, el Cabildo deniega finalmente la calificación territorial, al considerar que la actividad no es compatible con la zona.
La planta fue desautorizada también por la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno canario en junio de 2018. El Ayuntamiento, por su parte, esperó hasta el 31 de agosto de 2018 para instar a la empresa a parar voluntariamente las obras, al considerar que la actividad no se ajustaba a la licencia concedida.
Lorenzo Santana, uno de los vecinos que han presentado la denuncia insiste en que «las obras nunca pararon realmente porque el Ayuntamiento nunca precintó las obras, ni abrió expediente ni llevó al juzgado a la empresa, como tenía que haber hecho».
Suelo rústico de protección agraria
Lo que solicitó la empresa el 29 de agosto de 2019, y se le ha concedido por vía judicial, fue una licencia para reformado del proyecto inicial que, según los informes municipales emitidos fuera de plazo, «es igual» al anterior al del «trámite previo al que se denegó la licencia». El dueño de la planta reanudó la actividad en septiembre de 2021 amparándose en la resolución judicial que legaliza la actividad, cuando los vecinos dieron la alarma.
La obra es contraria a lo que establece el propio Plan General de Ordenación (PGO), porque es un suelo rústico de protección agraria y está además incluida en el ámbito de la Zona de Interés Medioambiental del Barranco de Tenoya, con carácter paisajístico agrícola. Además, el estanque principal, que ha sido objeto de la intervención y se ha tapado está incluido en el catálogo de patrimonio etnográfico, con un interés alto y grado de protección ambiental.
A todas estas razones, que hubieran impedido la construcción de la planta, se añade la cercanía de una actividad molesta a las casas de Tenoya, recuerdan los vecinos, que aseguran no entender «cómo es posible que el Ayuntamiento pierda un pleito de esta magnitud, con una obra que contraviene el planeamiento y las leyes que, presuntamente se han estado infringiendo desde el año 2012, y no se recurriera.
¿Será que alguien tiene algún interés en que esa instalación se legalice o que, en caso contrario, se indemnice al promotor, a pesar de haber vulnerado las leyes y normas?». Los vecinos, que se van a constituir en asociación de afectados, denuncian que Urbanismo aún no les ha facilitado el expediente del biodigestor, pese a que dos sentencias judiciales han dado la orden al Ayuntamiento.
Esta redacción ha intentando hablar, sin éxito, con el concejal de Urbanismo Javier Doreste para conocer su versión de los hechos y confirmar que el Ayuntamiento eludió recurrir la sentencia judicial que legaliza las obras del biodigestor.
