El conflicto en el cuerpo de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria adquiere mayores dimensiones. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado ante el Juzgado de Instrucción una denuncia contra nueve agentes del Servicio de Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Seis) por coacciones, calumnias e injurias con publicidad y daños en bienes de dominio público afectos a los intereses generales. Los servicios jurídicos municipales solicitan por estos presuntos delitos penas de hasta siete años de cárcel.
Según el documento jurídico al que ha tenido acceso este periódico, la denuncia se basa en sendos informes elaborados por el concejal delegado de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, y la jefa del SEIS, Rosa Rodríguez Arteaga. La querella hace así referencia a una serie de acontecimientos que han ido ocurriendo en el seno del cuerpo de Bomberos de la capital desde el pasado mes de mayo.
Es en ese momento cuando los agentes deciden dejar de hacer horas extra -las cuales se estaban realizando para suplir la falta de personal-. Ante esta disyuntiva, la jefa del Seis decide suspender todos los descansos que no fueran vacaciones. Según el documento, la Unión Sindical de la Policía y Bomberos (USPB) publicó en la red Twitter el mensaje «la Jefa cancela los permisos, pero ella si se va de puente», con una foto de la misma. En este caso, el escrito especifica que Rodríguez disfrutaba de los días restantes de las vacaciones de 2021.
El 6 de junio Íñiguez y Rodríguez se reúnen con el autoproclamado Comité de Lucha, denominación que el documento tilda de «confusa» puesto que no se trata de un Comité de Huelga y no se ha instado a iniciar un conflicto colectivo. Al día siguiente, tuvo lugar la mesa sectorial entre Ayuntamiento y representación sindical; en este caso los agentes solicitaron una destitución, petición que la jefa del Seis rechazó al ser potestad suya y al no ser materia de negociación. A raíz de esto, la cuenta de Twitter @BomberosLPAenlucha publicó que estaban «descontentos con las propuestas del concejal».
A partir del 14 de junio las publicaciones en la citada red social aumentan «cada vez más» el tono de insultos contra varios miembros del cuerpo. El 20 de junio el Seis recibe un correo de un representante sindical posponiendo una reunión con la jefa, «hasta que actúe de manera objetiva y decida cambiar su estrategia». Un día después, en otro mensaje comunican que no asistirán a más reuniones con Rodríguez «mientras estemos en conflicto y no se vean las mejoras solicitadas». En este sentido, el escrito subraya que no existe ningún conflicto colectivo oficial.
El 22 de junio Íñiguez habría recibido un WhatsApp con palabras «en tono amenazante» hacia la jefa del Seis. El 28 de junio en una mesa de negociación, los sindicatos vuelven a solicitar «actos que no se ajustan a la legalidad». A la mañana siguiente, una serie de muebles aparecieron apilados y bloqueando la puerta del área administrativa del cuerpo.
El 2 de julio, publican en Twitter un mensaje con fotos de determinados miembros del Seis y mensajes en su contra. Una semana después aparecen las taquillas de cuatro agentes rociadas con lejía; este acto provocó daños en sus equipos de protección individual (Epis). Siendo uno de estos la persona cuya destitución solicitaron los sindicatos en reuniones previas.
El 13 de julio las tres sedes de bomberos, Parque Central -en Miller-, Vegueta y La Isleta, amanecen con pintadas en las que se pueden leer «dictadores», «jefatura dimisión» o «Rosa vete ya!». Además, dos taquillas fueron señaladas con la palabra «esquirol» y otra con una X. El 18 de julio se cumplimentó denuncia por acoso a diez trabajadores del servicio. El 21 se roció dos vehículos personales en el Parque Central con un líquido corrosivo.
Por todos estos hechos, el Consistorio solicita al menos dos años de prisión por un presunto delito de coacciones; prisión de seis meses a dos años por calumnias con publicidad; seis a 14 meses de multa por injurias con publicidad; y tres años de prisión por daños en bienes de dominio público. Según el documento, serían presuntos «responsables» los nueve bomberos denunciados como «autores inmediatos o mediatos [esto último, quien comete un delito sirviéndose de otro como instrumento]»
