El Ayuntamiento de la capital grancanaria acaba de aprobar una resolución para pagarle a Emalsa un total de 864.420,22 euros, que la compañía le reclama por el sobrecoste que le supone depositar en el complejo ambiental de Salto del Negro los lodos procedentes de la depuración de las aguas residuales que produce el municipio. La administración municipal se había negado inicialmente a abonar el sobrecoste de la tasa que aplica el Cabildo el Cabildo de Gran Canaria por el tratamiento de los fangos deshidratados, pero no le ha quedado más remedio que hacerlo, tras una sentencia que le obliga a ello después de un pleito judicial que ha durado más de seis años.
De hecho, estos casi 900.000 euros, cuya retribución acaba de asumir el gobierno tripartito con el inicio de la tramitación del pago, se suman a los más de once millones que el consistorio ha tenido que abonarle a la empresa en el último año, como consecuencia del fallo judicial dictado en 2019 que le dio la razón a la compañía del agua.
La cantidad que reclama ahora la empresa mixta corresponde a la repercusión del canon que Emalsa tuvo que pagar al Cabildo entre los meses de agosto y diciembre de 2021 por depositar los restos del proceso de depuración, en su mayoría procedentes de Barranco Seco. Esto significa que la ciudad abona cada mes al Cabildo una media de 172.000 euros por los lodos de las depuradoras de Barranco Seco y Tamaraceite.
Un juez obliga al Ayuntamiento a repercutir el coste de la tasa en los pagos de las facturas
En el último año y medio, el Ayuntamiento ha abonado a Emalsa otros 11,1 millones que la compañía le reclamaba desde 2014, a raíz de que el Cabildo comenzara a cobrar la tasa tras asumir el tratamiento de los residuos, que llevaba a cabo la capital hasta entonces y por eso el servicio le salía gratis. Una vez que la ciudad cedió a la institución insular la gestión del vertedero, que se convirtió en ecoparque, se vio obligada a pagar la tasa de la basura por el tratamiento de los residuos depositados en Salto del Negro, incluidos los lodos.
Según se explica en la resolución dictada por la concejala de Servicios Públicos Inmaculada Medina el pasado 23 de agosto, en la que se da el visto bueno al último pago reclamado por Emalsa, el Ayuntamiento se negó inicialmente a pagar el sobrecoste de la tasa insular, con el argumento de que el contrato firmado con Emalsa en 1998, el que rige la gestión y la depuración del saneamiento, solo contempla el coste del transporte de los lodos hasta el vertedero, para lo que se calcula una distancia de «10 kilómetros como máximo». Recuerda que en el momento en el que se firmó el contrato no se incluyó el coste del canon de vertido, porque en aquel momento no existía.
Con el traspaso de la gestión del complejo al Cabildo y, sobre todo, cuando comienzan las obras de la planta de biometanización para tratar los lodos, comienzan a producirse, «una serie de hechos que generan un sobrecoste en la gestión» de los fangos. Se trata, añade la resolución, de «sobrecostes imprevistos, puntuales y extraordinarios, derivados tanto de la ejecución de las obras para la puesta en marcha» de la planta de biometanización como de la puesta en marcha de las tasas que establece el Cabildo por prestar el servicio de tratamiento de residuos en los complejos ambientales de Gran Canaria. «Es a partir de enero de 2013 cuando se le empieza a girar a Emalsa» la tasa, con un precio inicial por tonelada de 19,959 euros. En la actualidad, la tasa que está en vigor asciende a 56,900 euros por tonelada depositada en la planta de biometanización y 21,502 euros por tonelada en la celda de vertido.
Así las cosas, Emalsa presentó varias solicitudes de revisión en 2014 y una reclamación económica en noviembre de 2015, ninguna de las cuales tuvo respuesta, por lo que en noviembre de 2017 presentó una demanda en el juzgado. Una sentencia reconoce en marzo de 2019 la reclamación de Emalsa por el sobrecoste de la tasa, al considerar que la misma es «una modificación sustancial de las condiciones del contrato» de 1998. También acepta el juez los costes extraordinarios que le generó a Emalsa el cierre temporal del vertedero para su remodelación, lo que le obligó a trasladar los fangos al complejo de Juan Grande y al de Zonzamas, en Lanzarote, durante unos meses.
Como la demanda se presentó en 2017, Emalsa solo reclamó el sobrecoste generado entre enero de 2013 y noviembre de 2017, por un importe de 3,866 millones, que fueron abonados por el Ayuntamiento en diciembre de 2020, una cantidad en la que no se incluye los 471.000 euros de intereses y las costas procesales.
En un pleno extraordinario celebrado en noviembre de 2021 se aprobó otra modificación de crédito para abonar otros 7,385 millones por el coste adicional soportado entre diciembre de 2017 y julio de 2021. Ahora queda pendiente el abono de estos 864. 420 euros.
Un convenio en el aire
El Ayuntamiento sigue sin aclarar qué pasa con el cumplimiento del convenio que firmó en 2013 para que la institución insular compense a la ciudad con un canon por el impacto medioambiental que produce en el municipio la presencia del vertedero. Tampoco ha pagado el Cabildo a la ciudad por la cesión de los terrenos del vertedero, de propiedad municipal, que se llegaron a valorar en 6,5 millones de euros. Lo último que señaló el pasado enero la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, fue que estaba negociando con la institución insular, el coste de la compensación pero la consejera de Medio Ambiente, Inés Jiménez, respondió que el Cabildo no le debe ningún dinero a la ciudad ni en concepto de canon ni por los terrenos. La ciudad paga al año 7,5 millones por la basura que entra en el complejo. | T. G. S.
