Ni una vivienda social nueva en la capital desde hace trece años

El Gobierno canario no ha construido ni una sola vivienda en régimen especial de alquiler en los últimos trece años en la capital grancanaria, pese a que en el último recuento del que se dio cuenta hace dos años había 2.600 personas en lista de espera por un una casa social o vivienda pública, una cifra que seguramente será mayor porque los solicitantes se aburren y dejan de renovar la petición cada año. 

Las dificultades para acceder a una vivienda a precios asequibles, debido a la escalada de los alquileres y los elevados niveles de desempleo, agrava la situación de las familias vulnerables, que esperan desde hace años por una vivienda pública y cuya situación no ha hecho más que empeorar tras sufrir las consecuencias de dos crisis sucesivas, la que estalló en 2008 y la desatada por la pandemia. En 2009 se inició la construcción de las últimas promociones, que se hicieron en Jinámar y Las Torres y se entregaron en 2015. Desde entonces sólo ha habido anuncios de próximas construcciones que no se han materializado. Hay que decir que tanto el gobierno regional como el ayuntamiento han realizado un tremendo esfuerzo en la reposición y rehabilitación de viviendas, que ha superado los 35 millones de euros en los últimos siete años, que contrasta con la nula inversión en creación de nuevos hogares para la población más vulnerable.

   El número de personas que acuden a Cáritas por problemas de vivienda es un barómetro que refleja el incremento de la vulnerabilidad de las familias, cuyo número casi se ha triplicado en los últimos cuatro años y roza los 2.000. La imposibildad de acceder a una alternativa habitacional, ese supuesto derecho a una vivienda digna que consagra la Constitución, se convierte de esta manera en otro potente factor de exclusión social.

Y es que el aumento de los desahucios, por la incapacidad para pagar los alquileres, es otra consecuencia de la inexistencia de un techo a precios asequibles, aunque tanto el Gobierno canario como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tienen líneas de subvenciones para ayudar a pagar el alquiler a las familias empobrecidas, que en el caso del consistorio llegan a 900 familias. 

Ambas instituciones anunciaron en 2020 la reactivación de la construcción de casas sociales con la creación de 400 nuevas viviendas en Tamaraceite, Vegueta, La Minilla, Arenales y Vegueta y una inversión de 28 millones.

Dos años y medio han pasado desde aquel anuncio, pero no ha salido ninguna promoción a concurso y tampoco se ha adquirido ninguna de las casas inacabadas del paquete de 215 que acaba de adjudicar la empresa pública Visocan.

Desde la Consejería regional de Obras Públicas y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, han anunciado que está a punto de salir a concurso la primera promoción de las 400 anunciadas hace dos años. Se trata de un bloque de 28 viviendas, en un solar de la calle Eufemiano Jurado. Aseguran que si no surgen problemas, se licitarán en el primer trimestre de 2023.

 Según el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), en la capital grancanaria hay previsto crear un total de 550 viviendas, en su mayoría a través de un convenio con el ayuntamiento, que está haciendo los proyectos y se encargará de construirlas, con el dinero del gobierno, y luego las gestionará el Icavi en régimen especial de alquiler. En total, se harán 350 casas sociales y otras 200 con algún tipo de protección, que abarate sus precios. A estas 550, subrayan, se añadirán otras 170, financiadas por los fondos Next Generation.

Suelo para 600 casas

Por su parte, el concejal de Urbanismo Javier Doreste, reitera que el consistorio ha cedido suelo al gobierno para construir 400 casas de alquiler y otras 200 de venta con algún tipo de protección.

«Ya estamos terminando los proyectos de 200 viviendas, porque hemos acordado con el gobierno que las haga Geursa», como una forma de agilizar la licitación de las promociones previstas en Tamaraceite y León y Castillo. La primera actuación que impulsará Geursa, anunció, será una promoción de 36 casas sociales en una parcela propiedad de la empresa pública, situada en frente del centro sociocultural, cuya construcción sigue en marcha.

«Tenemos muy buena relación con el Gobierno autónomo y lo que queremos es cerrar con Vivienda un acuerdo como hacemos con el plan de cooperación del Cabildo. Nosotros hacemos las viviendas y ellos las pagan», afirma el concejal, quien considera que el problema de la vivienda se soluciona expropiando las casas vacías y quitando el alquiler vacacional, «pero como no podemos hace eso, estamos empeñados en hacer vivienda pública», sostiene.

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