La Justicia avala el cierre anticipado de las terrazas de Joaquín Costa

La justicia avala el cierre anticipado de las terrazas de Joaquín Costa. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas emitió el pasado 8 de mayo un auto que rechaza tomar medidas cautelares que suspendan la retirada de mesas y sillas de esta zona de Guanarteme a partir de las 10 de la noche. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aplica esta medida desde el pasado mes de enero ante las continúas quejas vecinales por ruidos que generaban en la calle los usuarios de bares y restaurantes. Los hosteleros afectados decidieron acudir a los tribunales ante una decisión que, entienden, les perjudica económicamente.

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El auto emitido por el juez Eugenio Esperanza Ramírez declara «no haber lugar» a la medida cautelar que solicitaba el abogado de la parte demandante. El representante legal de los tres establecimientos que han recurrido la medida señala que la resolución del Ayuntamiento capitalino es «contraria a derecho y a los legítimos intereses de mis representadas». La zona afectada comprende el tramo de Joaquín Costa entre las calles Lucas Navarro y la plaza de los Betancores. Según informes municipales, los negocios superaban en 13 decibelios el sonido permitido en exteriores (55) a partir del cual se considera contaminación acústica.

El juez indica que el interés «prevalente» es el de los vecinos puesto que el ruido puede afectar a la salud

El juez subraya que la Administración «sirve a los intereses generales». Por tanto, la suspensión de la resolución municipal solo cabría cuando deban prevalecer los intereses particulares de quienes recurran la medida; en ese caso, «harían carente de finalidad el recurso» interpuesto. Esta afirmación se basa en el artículo 130 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el cual permite denegar medidas cautelares si suponen «perturbación grave de los intereses generales».

Según el auto, la suspensión de una resolución administrativa -en este caso dictada por el Ayuntamiento capitalino- es «una medida de excepción». De esta manera, se adoptará «únicamente» si la ejecución de la orden pueda provocar «daños o perjuicios de reparación imposible». Así, el documento precisa que la jurisprudencia ha solicitado a la parte recurrente que acredite «de forma clara y precisa» la existencia de un detrimento -económico- provocado por aplicar el cierre anticipado de las terrazas.

Defensa de los hosteleros

La defensa de los hosteleros, indica el auto, señala que la medida adoptada por el Ayuntamiento de la capital grancanaria «supone un perjuicio evidente a su actividad de restauración», puesto que al retirar las mesas y las sillas de la vía pública a las 10 de la noche afecta al servicio de cenas, lo que conlleva una «merma económica».

Por su parte, el Ayuntamiento argumenta que «por encima de los derechos económicos» de los establecimientos de ocio y restauración debe prevalecer «el descanso de los vecinos» que se ven afectados por los ruidos que los clientes de estos locales provocan al consumir en las terrazas.

Urbanismo ha abierto expediente a tres restaurantes por no recoger la terraza a la hora anticipada

El juez entiende que la medida aplicada por el Consistorio intenta «armonizar», es decir, equilibrar, la actividad de bares y restaurantes con el derecho al descanso vecinal afectados por estos mismos establecimientos. El documento refleja que esta última parte «es el interés prevalente» dado que, entiende, la situación que se vive en la zona puede afectar a la salud de las personas. Desecha así el «interés meramente económico».

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, señala que las quejas vecinales por ruidos han disminuido desde que entrara en vigor la retirada anticipada de terrazas. «Es una medida que ha funcionado», resalta; además, el aumento de la presencia policial a modo disuasorio también habría ayudado a resolver el problema. «Con este auto ahora ya está claro que deben acatar la resolución», precisa.

Doreste apunta que en estos cuatro meses se ha abierto expediente a tres establecimientos de la zona de Joaquín Costa, aunque ninguno ha llegado a sanción. «Nuestra intención no es sancionar, si no corregir», matiza. En estos casos, a los afectados se les abre audiencia y se les advierte de las consecuencias. En caso de hacer caso omiso, se enfrentan a multas desde los 3.000 euros.

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