Guanarteme propone una moratoria que limite las viviendas vacacionales

Guanarteme propone una moratoria a los alquileres turísticos. El movimiento vecinal Guanarteme se mueve, junto a una treintena de asociaciones y colectivos de las Islas que se han adherido a la iniciativa, ha presentado al Gobierno de Canarias una batería de ideas para limitar el mercado de la vivienda vacacional. El ejecutivo autonómico tiene previsto redactar una ley que permita regular el sector en las Islas, de ahí que haya abierto un periodo de consulta pública que cierra este domingo. Los vecinos de este y otros barrios de Las Palmas de Gran Canaria entienden que la proliferación de este tipo de alojamientos turísticos es uno de los principales factores que han hecho disparar el precio de la vivienda en alquiler de larga duración y disminuir drásticamente la oferta.

Entre las propuestas que han recopilado para la regulación de los alquileres turísticos, además de la moratoria, los colectivos sugieren que no deba de haber más de una vivienda vacacional por edificio o portal y antes de poder iniciar la actividad deberán tener la autorización expresa de la comunidad de vecinos. Estas licencias, señalan, tendrían que tener una vigencia máxima de cinco años y a la hora de aprobar una prórroga se deberá tener en cuenta el número de camas y el posible aumento en dicho periodo, además del número de viviendas vacacionales por habitantes.

De hecho, en cuanto a la moratoria, los vecinos proponen que haya como máximo un alquiler de uso turístico por cada 100 habitantes y que estas supongan solo el 1% del parque total de viviendas «en sintonía con la media nacional», matizan. Además, los colectivos, entre los que también están el Foro por La Isleta o la Asociación de Vecinos Ciudad Alta (Avecalta), solicitan que de manera paralela el gobierno promueva una moratoria turística para todo tipo de establecimientos hoteleros y extrahoteleros.

Canarias sigue la estela de Baleares y regulará por ley el alquiler vacacional

El documento incluye otras consideraciones. A la hora de registrar una vivienda vacacional, estas no deberían darse de alta «meramente» con una declaración responsable o una comunicación de inicio de actividad, como actualmente. Estas deberán contar con certficiado de eficiencia energética A+, contadores individuales, permisos urbanísticos municipales y administrativos y control de consumo de agua.

Los colectivos señalan que las licencias solo deberían otorgarse a personas física e indican que este tipo de alojamientos tendrían que estar prohibidos en viviendas de protección oficial. Sugieren que se podrían otorgar beneficios fiscales a quienes cambien de alquiler vacacional a alquiler de larga duración con el fin de promover el uso residencial.

Denuncia de viviendas sin registrar

En otro orden, los colectivos reclaman que el Gobierno de Canarias garantice órganos de gestión y denuncia de aquellas viviendas vacacionales que no consten en el registro, además de establecer sanciones a las plataformas que las publiciten. También rescatan la idea de implantar una ecotasa turística, cuya recaudación vaya a la construcción de vivienda pública en las Islas; así como declarar zonas tensionadas.

El Gobierno regional anunció el pasado septiembre su intención de regular el alquiler vacacional con el fin de solucionar el problema de escasez de vivienda y proteger a los pequeños propietarios. Actualmente, este tipo de alojamientos están regulados por un decreto de 2015, cuyo contenido tachó de «muy limitado» la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León. Por el momento, se baraja establecer zonas con «crecimiento cero» en núcleos turistificados. 

Según datos del INE, a comienzos de este año el 1,29% de los inmuebles de Las Palmas de Gran Canaria estaban destinados al alquiler vacacional. Al mismo tiempo, el Gobierno canario tiene registradas en la capital un total de 3.752 alojamientos de esta modalidad, un 23% más que en la primavera del año pasado.

Guanarteme es uno de los barrios donde más han proliferado estos alojamientos. Los vecinos se han manifestado hasta en dos ocasiones en contra de la especulación urbanística y la proliferación de alquileres vacacionales, entre otras cuestiones como la falta de actualización del saneamiento. Y es que los alquileres en esta zona de la capital están en máximos, con el metro cuadrado rondando los 15 euros cuando la media de la ciudad es de 11,6.

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