El Gobierno propone una 'moratoria' al alquiler vacacional en zonas turistificadas

«Incongruente». Así calificó ayer el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, que se hayan decretado en las Islas hasta tres moratorias en lo que va de siglo para el parque hotelero mientras se daba rienda suelta a la proliferación de viviendas vacacionales. Durante la sesión informativa que el Ejecutivo celebró en Gran Canaria con motivo de la consulta pública previa a la elaboración de la Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de residencias, que desbordó de afectados el auditorio del Museo Elder, advirtió de que para controlar la oferta turística y mantener la competitividad es necesario regular. Incluso para ponerle algún freno pues actualmente no tiene límites y ya representa un 33% de las plazas turísticas isleñas.

Rodríguez explicó que este tipo de residencias no son responsables en exclusiva de la turistificación, es decir, del impacto que tiene la masiva afluencia de viajeros en el tejido comercial y social de determinadas zonas, pero sí son un factor relevante, ya que propician la gentrificación de las urbes y el aumento del precio de los alquileres. Algunos ejemplos son municipios como La Oliva, donde representan un 30,8% sobre el total de viviendas, en Adeje un 14,8% o en San Bartolomé de Tirajana un 12%. Con el fin de equilibrar de nuevo la balanza inmobiliaria en estas áreas, el Ejecutivo propone ‘dejar a cero’ durante un periódo tasado de tiempo el crecimiento de viviendas de explotación comercial. Una medida que permitiría frenar la desviación de viviendas residenciales a turísticas.

Si bien el Gobierno pretende poner un tope a estos alojamientos en lugares con un parque «tensionado» debido al alto tráfico de viajeros, en otros los potenciará. ¿En cuáles? Núcleos del interior con riesgo de despoblación, así como localidades cercanas a áreas turísticas donde haya margen para el impulso de esta actividad. No obstante, el responsable de Ordenación enfatizó en que estas cuestiones las tendrá que determinar cada cabildo y ayuntamiento, que son los que llevarán a la práctica la futura norma.

Alertó de que solo nueve meses el número de viviendas de uso turístico ha aumentado en las Islas 4.504. En febrero había registradas 42.651, una cifra que a 31 de octubre ya estaba en 47.155. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las dos provincias del Archipiélago están dentro del ‘top cinco’ con mayor porcentaje respecto al parque inmobiliario total, y Canarias en el segundo puesto de todas las comunidades con un 3,6%. La autonomía con la cantidad más alta es Baleares (5%), pero a diferencia de las Islas, allí sí existe límite a su proliferación.

Nervios entre los propietarios

«Buscamos la racionalidad, el equilibrio, y creemos que hay que tener en cuenta el empleo, la vivienda o la movilidad sostenible. Nada más». Con estas palabras el director general trató de calmar el nerviosismo generado entre los propietarios de las 'VV' y los posibles afectados ante el anuncio de la regulación. Ayer, esa tensión se pudo palpar en el ambiente que se respiraba en la sala, que estaba abarrotada. Es más, la presentación causó tal expectación que hubo ciudadanos que se quedaron fuera por la falta de aforo. Rodríguez apuntó que esta intranquilidad ha sido generada de «manera artificial» por algunas voces del sector que están en contra de la intervención del mercado. «Se trata de ordenar y de planificar, de establecer límites cuantitativos y cualitativos, no de prohibir», insistió. 

En este sentido, también la consejera de Turismo, Jessica de León, criticó ayer las «tergiversaciones» del texto sometido a escucha pública que ha propiciado «alguna asociación que dice representar al pequeño propietario».

La consulta previa a la redacción de la Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de viviendas comenzó el 26 de octubre y estará activa hasta el 26 de noviembre en el portal de transparencia del Gobierno canario. Se centra en cuatro puntos clave de la norma: qué problemas existen sobre la cuestión, alternativas posibles a la regulación, los objetivos de la iniciativa y la necesidad de la misma. «Nosotros tenemos claro lo que buscamos, pero necesitamos conocer también la opinión de la ciudadanía», aseguró el director general. 

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