Pocas veces había recibido servidor tantos correos -casi todos imprecaciones y denuestos electrónicos- como a propósito del articulejo publicado ayer sobre el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. La mayor parte de los interesados, por supuesto, sangraba por la roja herida de la ideología dañada: "los socialistas han preferido pactar con la derecha". Hay que resignarse a admitir que en este país es difícil encontrar a alguien lo suficientemente razonable para preferir un pacto con fuerzas de centroderecha que un acuerdo con los deudos de la revolución pendiente o permanente (táchese lo que no proceda). Examinados fríamente los programas electorales, y atendiendo a las urgencias políticas y sus demandas en esta compleja tesitura, era (es) perfecta aunque difícilmente materializable un pacto entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. Por supuesto que lo es. Si se trata de impulsar reformas políticas y administrativas hacia la meta de un cambio constitucional, de establecer medidas y mecanismos concretos contra la corrupción y la venalidad, de reactivar la inversión pública y de modernizar el mercado de trabajo con una derogación parcial de la ley de Fátima Báñez merecía la pena apostar por un acuerdo en una legislatura corta pero realmente reformista y fructífera. Podemos se ha negado, por supuesto. Encuentra más incentivos en adaptar a esta situación su objetivo principal que en jugársela en una operación arriesgada y repleta -ciertamente- de incertidumbres.

Y ustedes disculpen, pero soy incapaz de detectar ese acérrimo derechismo en el documento firmado por Sánchez y Rivera con una pompa, eso sí, un fisco hiperbólica. A un servidor no le entusiasma con delirio, pero se me antoja cuajado de iniciativas positivas y enraizadas en una seria y serena naturaleza reformista: las medidas contra la corrupción política, la recuperación parcial de cierto nivel de gasto público, la simplificación del mercado laboral, la introducción del complemento salarial garantizado o la universalización de la educación de cero a tres años -lo que significa de facto la creación de redes de guarderías públicas o altamente subvencionadas.

Desde Canarias los más agoreros (y no solo los militantes o simpatizantes de Podemos) afirman que pactar con un declarado enemigo de los nacionalismos y del Estado autonómico pondrá en dificultades, si finalmente Pedro Sánchez consigue la investidura, al nuevo Gobierno socialista, empezando por un recrudecimiento de la reivindicación independentista en Cataluña. Si uno lee con detenimiento los párrafos dedicados a la estructura territorial del Estado en el documento de compromiso solo encontrará una sabia ambigüedad. Ciudadanos deberá reconocer más pronto que tarde que muchos nacionalistas son seres (más o menos) humanos y que un nuevo modelo de financiación autonómica debe ser alcanzado en 2016. Y lo hará si quiere sobrevivir. Este no es un acuerdo de derechas, sino una síntesis programática moderadamente reformista entre un liberalismo con sensibilidad social y una socialdemocracia que se ha impuesto a sí misma el realismo: asumir la fragmentación de minorías parlamentarias y, al mismo tiempo, evitar ser fagocitada por Podemos y sus alegres mariachis.