Postal en el filo

Impresiona la gallardía de Jaime González Cejas, Nicolás Jorge y otros dos compañeros de corporación por dimitir como concejales del ayuntamiento de Granadilla de Abona apenas ocho o diez días antes de que se les abra juicio oral, acusados de varios delitos de diversa gravedad. Admirable. Ni siquiera esperaron a la víspera. Y arropándolos solidariamente en ese instante ejemplar, Patricia Hernández, Aurelio Abreu y otros cargos públicos del PSC-PSOE. El reglamento interno de los socialistas establece que la apertura de juicio oral supone el non plus ultra en casos de acusaciones de corrupción. González Cejas y sus compañeros no estaban ejecutando ninguna noble hazaña, sino cumpliendo -y apuradamente- con la normativa del PSOE. Todos esos aplausos admirativos y sentidos apoyos están fuera de lugar. Al menos hasta que quede judicialmente claro que los concejales socialistas no cometieron ningún delito.

Lo peor de todo -desde un punto de vista político- es que la testarudez de González Cejas, su negativa en redondo a devolver el acta o, al menos, a abandonar la Alcaldía, jugó un papel decisivo en la argumentación de la moción de censura con la que CC apartó a los socialistas del poder en Granadilla. Porque González Cejas, además, retrasó una y otra vez la obligado incorporación de los coalicioneros al gobierno municipal. En realidad lo razonable -y principalmente para los intereses del PSC- es que no se hubiera presentado a las elecciones. González Cejas deja ahora al partido en la peor de las posiciones: han sido desplazados del poder local y ahora abandona descabezada a la organización socialista, con un peligro inminente de desertización del PSOE granadillero. Las solidaridades y parabienes de los compañeros son, por tanto, todavía más disparatados. Es una reacción tribal, publicitaria, pulsional. González Cejas y sus concejales deben ser presentados como víctimas en esta postal sureña, de la que curiosamente se ausentaron los responsables de la comisión gestora insular. Víctimas de un proceso judicial armado con la peor de las intenciones y, sobre todo, víctimas de la puñalada trapera de Coalición Canaria, y de esa ominosa moción de censura que ahora se recuerda como el principio del fin del pacto de gobierno entre Coalición y el PSOE. Y eso es absurdo escenográfico que no se apoya en los hechos mondos y lirondos. Patricia Hernández y los tres consejeros socialistas estuvieron dispuestos -y lo hicieron- a continuar en el Gobierno autónomo más allá de lo ocurrido en Granadilla. La foto de ayer debe guardarse cuidadosamente por si ocurre algo en absoluto imposible, tal vez ni siquiera improbable, es decir, una sentencia condenatoria. Se les puede quedar una buena cara de susto de un color tenuemente sepia, una cara de susto que ningún chorro de tuits podrá borrar.