Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La inseguridad jurídica pone en jaque nuestra industria

Los incentivos fiscales han sido la herramienta más determinante para propiciar el desarrollo del sector audiovisual en Canarias durante los últimos diez años y situar al Archipiélago como un hub de producción mundial. En particular, el diferencial de 20 puntos en las deducciones para producciones nacionales y encargos de producción internacionales realizados en Canarias en relación a la deducción que se establezca para el resto del territorio español, así como una mejor fiscalidad respecto a los regímenes forales, ha convertido a Canarias en un destino de producción antes inimaginable. Este aumento de la competitividad ha permitido, por ejemplo, que Canarias se haya convertido en la cuarta Comunidad Autónoma de España en número de rodajes de películas entre 2015 y 2019, con un 7,8 % del total nacional, solo por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía y por delante de otras regiones con mayor tradición en esta industria y mayor PIB: País Vasco, Valencia o Galicia (informe DAMA: Diversidad cultural en la creación audiovisual en España).

Además, el diferencial del 80% sobre el territorio de la Península respecto al importe máximo del límite de la deducción que puede alcanzar cada producción ha permitido a Canarias ser un destino de gran atracción en el terreno de las grandes superproducciones de alto presupuesto.

Cuando las reglas de juego en materia de incentivos fiscales para este sector han sido claras, y no sin dificultades, debido a la gran presión fiscal que opera en el Archipiélago, el sector ha podido atraer a las Islas unos proyectos audiovisuales antes impensables. Asimismo, se han realizado producciones nacionales e internacionales de todo tipo, con la máxima solvencia. El cine, como sector transversal, ha generado también un gran número de sinergias con otras industrias, como el turismo, la hostelería, la restauración y/o los transportes.

Sin embargo, hace algo más de un año, el covid paralizó abruptamente todos los rodajes, y en el Clúster Audiovisual de Canarias cuantificamos, entonces, en más de 31 millones de euros las inversiones perdidas solo en el primer período del confinamiento (desde marzo a abril de 2020). Poco después, en mayo, el Ministerio de Cultura aprueba una serie de medidas urgentes de apoyo al sector cultural y, entre otros cambios, aumenta considerablemente el límite de la cantidad máxima que un productor se puede deducir por película, pasando de tres millones de euros (en Canarias, en aplicación del artículo 94 del REF, el límite era un 80% más, 5,4 millones de euros) a diez millones de euros, con el objetivo de atraer grandes producciones internacionales a España. El problema se generó cuando en Madrid nadie pensó que había que actualizar la disposición adicional decimocuarta del RD 15/2019 modificación del REF, para evitar una contradicción normativa e incumplimiento del propio REF. Desde entonces, el Ministerio de Hacienda se ha negado a validar el aumento correspondiente del 80% sobre la cantidad de la Península (que debería ser 18 millones), por considerar que afecta a la estabilidad presupuestaria del Estado. Esta situación ha provocado la entrada en un terreno de inseguridad y contradicción jurídica donde las normas ya no están claras, si no que son interpretables, negociables y, lo que es peor, se ha derivado en una cuestión política, dejando al margen los intereses de los partícipes del propio sector.

Consecuencia de esta incongruencia legal es que las Islas ya están perdiendo grandes rodajes, que se marchan de Canarias porque, a día de hoy, no está claro cuál es la cantidad máxima de deducción que podrán aplicarse. La imagen del Archipiélago como centro de producción internacional está siendo dañada. Tras más de un año sin que se resuelva, la situación se ha enquistado y ha derivado en las últimas semanas en una guerra política que tiene miras de que puede empeorar y demorarse en el tiempo.

Ante este panorama, desde el Clúster Audiovisual de Canarias defendimos la solución de los 12,4 millones como un mal menor, en aras de dotar al sector de la tan anhelada seguridad jurídica, para asegurar una cifra a corto plazo de cara al ejercicio fiscal de 2020 y porque era un límite suficiente para las producciones a las que este cambio cogió por sorpresa, que de la noche a la mañana se vieron penalizadas.

En este sentido, es preciso introducir en el debate que existe un límite en el importe total de las ayudas concedidas al amparo de los incentivos del cine. El total de los mismos no podrá superar el umbral de 50 millones de euros por año (Reglamento UE 651/2014 de la Comisión). Por ello, entendemos que es preciso establecer un mecanismo que garantice la máxima diversificación posible del incentivo y maximizar el número de proyectos y de empresas que se pueden acoger a las deducciones fiscales. Porque si no, podría darse la paradoja que, tras previa reserva a principios de año, varias grandes superproducciones podrían agotar el límite total disponible para todo el sector. Como consecuencia a lo expuesto, además de exigir una solución inmediata, ante la insostenible situación de incertidumbre que vivimos, demandamos que se aumente ese límite anual, que se cumpla lo dispuesto en el REF y se suprima cualquier disposición legal contradictoria que merme nuestros derechos como región ultraperiférica, así como que se establezcan medidas en el REF que garanticen la necesaria diversificación de los incentivos del sector audiovisual entre todas las producciones que se realicen en Canarias.

Compartir el artículo

stats