Los hechos acaecidos en el gran incendio forestal (GIF) de Tenerife del pasado mes de julio dan pie a una pequeña reflexión. Ya tenemos otra vez el debate, en Canarias, acerca de una base de aviones anfibios. No voy a pontificar cuándo se deben utilizar los mismos, ni dónde son más versátiles. Tampoco voy a discutir su antieconomicidad en un Archipiélago en el que el número de conatos, en un año normal, no supera los doscientos, mientras en Galicia ese número se puede dar casi en un día, como ya ha ocurrido en múltiples ocasiones. Los anfibios no entran en danza hasta que la situación es la que los requiere, pues los ratones no se matan a cañonazos. Pero no hay abandono. El Gobierno de España tiene una nutrida representación de medios aéreos de extinción en el Archipiélago, probablemente de las mejores de toda nuestra nación; y la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias hace lo propio en esta materia; aunque eso es extinción pura y dura.
Más me interesa remarcar que donde hay que incidir es en la prevención y en la seguridad. Al fin el fuego y el paisaje tienen muchos aspectos en común debido a su carácter sobre todo cultural, ambos no entienden de límites político-administrativos, y están transformándose continuamente. El fuego cultural ha colaborado a la formación de dicho paisaje y es parte indisoluble de él. Pero el problema es que «el paisaje actual es muy diferente al de mediados del pasado siglo XX. La transformación de las estructuras territoriales debido a las dinámicas socioeconómicas desde los años 50, y más recientemente al cambio global, han favorecido incendios cada vez mayores, más rápidos e intensos y más complejos, por la presencia de personas y bienes que son prioritarios en la protección. En realidad, el fuego se propaga leyendo el paisaje, y ambos evolucionan conjuntamente. Por eso, la prevención eficaz y la protección de bienes y personas contra el riesgo de incendios deben planificarse a escala de paisaje, integrándose en las políticas e instrumentos de ordenación territorial y urbana, igual que se gestiona el riesgo de inundaciones». (Cristina Martín Molina, Universidad Complutense de Madrid. El diálogo fuego-paisaje).
No se puede decir más en menos espacio. Creo que si fuéramos capaces de entenderlo, de aceptarlo como acertado, como el verdadero problema; se podrían buscar soluciones definitivas que pasan, ineludiblemente, por actuar sobre el combustible, de la manera más eficiente posible, a escala de paisaje, tal y como indica Alcahaz, M. (Analista de incendios Castilla-La Mancha): «Por lo tanto, sin actuar sobre las «cargas de combustible» a escala de paisaje difícilmente se puede limitar la capacidad de un territorio de «sostener» un gran incendio forestal. Dado el alcance limitado y el elevado coste de los tratamientos preventivos, surge la necesidad de integrar los usos agrarios o el fuego controlado (e incluso la gestión de fuegos naturales quemando en baja intensidad) para reducir o redistribuir el combustible, favoreciendo su extracción o pasando de arbolados jóvenes y densos a maduros y espaciados. Esto se justifica incluso desde la perspectiva coste-eficiencia si se tienen en cuenta los costes evitados en prevención, extinción y restauración. La opción de la no gestión del paisaje nos mantiene en el actual panorama de riesgo de incendios extensos, intensos y severos, que suponen una gran amenaza para las personas, casas e infraestructuras y para el mismo ecosistema, y que puede verse agravado por el cambio climático».
Dicho lo anterior parece que no se haya hecho nada en este sentido, cuando la realidad es muy distinta. El problema es que las áreas de biomasa sin tratamiento, en lugares como La Palma, Tenerife o Gran Canaria, son mayores en cabida y crecen mucho más rápidamente que aquellas en las que se aplican medidas selvícolas y de ordenación del combustible. Y en esto tiene todo que ver el abandono de tierras agrícolas, el régimen de propiedad de las mismas y la situación de interfaz urbano-forestal que genera áreas de alto riesgo de incendio forestal
En este aspecto existe una interesante reflexión de Luis Berbiela Antón, Jefe del Servicio de Gestión Forestal de las Islas Baleares: «Las administraciones públicas, han asumido en solitario la responsabilidad de luchar contra los incendios forestales y se han centrado durante décadas en tratar de evitar que se generen, negligente o intencionadamente, conatos de incendio y en procurar la más rápida y contundente intervención para apagar los que se producen. Si a medio y largo plazo no se interviene en evitar que cada paisaje que puede arder nos ponga en peligro, poco podrán hacer más aviones, más brigadas forestales, más bomberos, más ejército. Es necesario establecer políticas territoriales (activas y preventivas) comprometidas con el control de la vulnerabilidad de los espacios agroforestales y sus entornos de interfase urbano-forestal, al objeto de romper la continuidad de los terrenos que arden, disminuir la densidad y estructura del combustible vegetal que quema y poner fuera de riesgo esas áreas que peligran. Hay que cambiar la esencia de la sensibilidad contra los incendios; la prioridad es preguntar ¿Estás tú seguro? ¿Está tu familia segura? ¿Es segura tu vivienda, tu casa, tu urbanización, tu pueblo? Y luego, ¿qué haces para estar más seguro? ¿Que debes hacer para estar más seguro? Para, finalmente, gestionar activamente un paisaje que arde».
Y también hay que tener sentido del riesgo a que está sometido cualquier ciudadano en esta materia. No vale esconder la cabeza y dejárselo todo a la Administración y al sistema de protección civil. Tenemos una sensación falsa de seguridad, que entra en crisis cuando se ven las dificultades para la extinción por las nuevas situaciones de interfaz urbano-forestal y de aislamiento de asentamientos inmersos en terrenos forestales, generando un nuevo territorio de riesgo, que todo el mundo, no profesional, consideraba defendible.
«Contra ello no cabe sino la concienciación sobre el riesgo real y la implantación de una cultura de la autoprotección que genere entornos preparados para recibir el fuego, y en casos de simultaneidad en la interfaz, permita disponer de edificaciones defendibles y oportunidades válidas para trabajar en la extinción. El ciudadano debe reflexionar sobre su propio entorno, sus bienes y su propia vida, y la administración debe formar a la sociedad, especialmente a los más pequeños, diseñar un marco normativo adecuado y elaborar planes de emergencias y de autoprotección que ayuden a prediseñar las actuaciones». (Gedex-Aragón)
Obsérvese que no se ha culpabilizado al calentamiento global, ni a los repetidos fenómenos de advección sahariana, aunque si fuera preciso se podrían añadir a la «receta», pues se trata de unos ingredientes invitados que agravan el repetido escenario, pero no se constituyen en actores principales.
