Pésima Dependencia

Ganar o no unas elecciones depende más que nunca de cómo y en cuánto tiempo se atienden las urgencias sociales. Poco o nada importan la cifras centelleantes si luego no existe una traducción de la bonanza en el día a día, en la despensa de las familias o en la subida de los sueldos. Sin ir más lejos, la campaña del 23-J volvió a poner sobre el tapete las demoras de las acciones de gobierno a la hora de atacar frentes como la vivienda o la pobreza, y ciertamente quedó de lado o soslayado uno de los asuntos más preocupantes y que altera el orden familiar de cabo a rabo: la asistencia a los mayores. La Ley de Dependencia, una herramienta moderna para atajar la dasatención e incertidumbre en el crepúsculo de la vida, navega entre la lentitud administrativa y la inutilidad por la burocracia y los retrasos tanto en los modelos residenciales como de día.

Hay una importante franja de población en el Archipiélago beneficiándose del sistema, pero no es menos cierto que miles y miles esperan por una resolución de su expediente. La contradicción reinante nos pone frente a realidades tan ingratas como la de los pacientes mayores que quedan ingresados en los hospitales por falta de medios para ser atendidos en sus ámbitos domésticos, o los que son trasladados a urbanizaciones turísticas con el objetivo de liberar camas hospitalarios, pese a no contar estas con las condiciones necesarias. Y en la cúspide, muchos, muchísimos afectados, solos en sus casas, a expensas de la caridad y la ayuda de los vecinos. De lo contrario, morirían en la soledad más absoluta, como a veces ocurre.

Los cambios en los tipos de familia, la reducción de las mismas a un núcleo básico (pareja y hijo), la incorporación al trabajo de todos sus miembros, crean situaciones desesperadas. Frente a ello, los gestores públicos siguen con su parsimonia y haciendo uso electoral de la creación de plazas, o bien con una autosatisfacción estúpida por su oferta pírrica para un escenario catastrófico. Esta pésima política social alumbra situaciones como la de hijos que deben dejar sus puestos de trabajo (o pedir excedencia) para atender a sus padres. En otro orden, hacer malabarismos económicos con las pensiones y las aportaciones de los descendientes para contratar turnos de cuidadores o pagar una residencia, sector privado en absoluto crecimiento dada la desidia institucional. El resumen es un empobrecimiento del afectado y de su entorno, que no ve el día en que conseguirá cubrir una vacante de una residencia concertada, o en su defecto la ayuda económica necesaria para afrontar los caros y delicados cuidados que conlleva tener a un mayor en casa.

Claman al cielo los problemas que afronta la generación de los boomers para una atención idónea de sus progenitores, y el gandulismo del estado del bienestar para articular una verdadera y eficaz asistencia social. Se disparan cañones con la conciliación laboral, pero no se dice nada sobre la otra: que es cuadrar la rutina diaria con los cuidados que hay que dedicarles a los padres, a veces los dos a la vez. Y lo más doloroso de todo es que la resolución llega a casa una vez fallecido el peticionario. Una desvergüenza.

Una vez superada la cita del 28-M, y para evitar las suspicacias debidas al momento electoral, aclaró ahora que en solidaridad con todas estas personas que tratan de sacar adelante sus vidas decidí abstenerme en la emisión del voto para el gobierno regional, cabildo y ayuntamiento. Ni creo que se empleen los fondos necesarios para resolver el agujero, ni tampoco existe la voluntad política de atajarlo. Sólo hay que salir a la calle para conocer la lucha permanente contra este absentismo. En vez de ayudar, la Ley de Dependencia machaca y acaba con la paciencia de la persona.

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