La puesta al día de la Justicia

Los complejos resultados de las elecciones generales del pasado mes de julio dejan al descubierto un elemento que ha tenido una importancia decisiva en el equilibrio final: cada miembro del electorado no solo ha respondido al reclamo de la opción ideológica que consideraba más cercana; ha habido una corriente general de marginalización de VOX, es decir, de rechazo a la ultraderecha y, secundariamente, a la derecha más centrada que ha cometido el error de normalizar a los extremistas. Feijóo acepta en solitario su complicidad con Vox y se aviene a pactar con él, en tanto todas las demás formaciones rechazan radicalmente que VOX pueda estar en el gobierno de la nación.

Esta evidencia hace pensar que Sánchez tiene una posibilidad real de lograr los apoyos suficientes para la investidura. No sería fácil para Junts impedir este soporte porque sus propios electores catalanes no lo entenderían, y semejante error terminaría de descapitalizar de votos el nacionalismo catalán, que acaba de sufrir un duro varapalo y sabe lo que sucedería si provocase nuevas elecciones. En todo caso, parece lógico pensar que si tuviera que haberlas, la mayoría progresista se reproduciría corregida y aumentada.

Pues bien: si se cumple este pronóstico, la primera urgencia política será normalizar la situación del Poder Judicial. No hace falta recordar que el órgano de gobierno de los jueces está en funciones desde diciembre de 2018, es decir, que a fin de año se habrá mantenido en precario durante un quinquenio porque el Partido Popular, que dispone de una posición muy ventajosa en dicho órgano puesto que fue elegido cuando Rajoy disfrutaba de mayoría absoluta, se ha negado a aceptar la nueva situación. La negativa del PP a cumplir las previsiones constitucionales es gravísima y en términos políticos suficiente para desacreditar aquí dentro y en las instancias europeas a la formación que ha mantenido esta especie de rebelión incruenta frente al sistema constitucional. El Comisario de Justicia de la UE, Reynders, ha reiterado la pasada semana la «preocupación» europea por este incumplimiento.

Como se sabe, la coalición de gobierno encabezada por Sánchez estudió en 2020 una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que revisaba a la baja las mayorías parlamentarias necesarias para que las cámaras aprobaran la designación de los 12 consejeros de procedencia judicial por mayoría absoluta, reduciendo así la mayoría cualificada de tres quintos del Congreso y del Senado que está actualmente establecida. Sánchez retiró la propuesta cuando Europa advirtió que aquella reforma podría vulnerar los estándares anticorrupción establecidos por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa (conviene recordar que el Consejo de Europa nada tiene que ver con la Unión Europea). En todo caso, «Europa» ha presionado sobre el PP para se avenga a la renovación del CGPJ «antes» de que se realice una reforma sugerida por Bruselas y exigida por el PP para que los jueces tengan mayor intervención directa en la elección de sus representantes en el Consejo. Ahora urge renovar el Poder Judicial; después ya entraremos en matices. Porque no bastará con estas reformas para devolver el crédito perdido a los jueces, muchos de ellos politizados: hay que acabar radicalmente con las puertas giratorias, de forma que quien abandone la judicatura para ir a la política no pueda regresar a ella. Y es necesario que el Consejo General ejerza un control ético y profesional de calidad sobre la corporación judicial.

Asimismo, la reforma del Poder Judicial ha de incluir un impulso descentralizador. Sería muy deseable que las minorías nacionalistas tuvieran una representación en el CGPJ, y esta posibilidad debería formar parte del pacto que deberán alcanzar las formaciones gubernamentales —PSOE y Sumar— con dichas minorías para sustentar la siguiente legislatura. Porque la decisión popular del 23 de julio lanza un mensaje muy enriquecedor: los dos grandes partidos estatales no pueden legítimamente marginar a las minorías, que representan sensibilidades que han de ser integradas en las instituciones.

Es difícil compaginar los calores de este ferragosto inclemente con las urgencias políticas pero este año no queda más remedio que intentarlo. La ciudadanía no espera, y con razón.

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