Abstención táctica

Las señales son cada vez más inequívocas y, salvo que estalle alguna mina explosiva en las filas puigdemontistas, JxC votará a favor de Pedro Sánchez en una investidura que se celebrará en noviembre, al cabo de casi cuatro meses de las elecciones generales. Coalición Canaria respira más tranquilamente: no será su voto quien evite o precipite la convocatoria de nuevos comicios, que no quiere absolutamente nadie, salvo el Partido Popular, y ni siquiera, sospecho, todos los conservadores. Así que la diputada Cristina Valido, que ya se reunió con el presidente Sánchez, diálogo al que se sumó María Jesús Montero, le expuso lo que le pide el cuerpo a los coalicioneros desde el principio: una abstención táctica en la investidura y una disposición para negociar la agenda canaria y algo similar a un pacto de legislatura para los próximos años, si es que este Gobierno dura años, que me parece a mí que no. Para sacer adelante los presupuestos y las restantes leyes, para aprobar incluso los decretos que son su modo favorito de legislar, Sánchez deberá practicar milagros una y otra vez para sumar 176 votos. Por pura piedad vamos a olvidar la ocurrencia de Ángel Víctor Torres de reunirse en Madrid con la ministra de Hacienda – televisado por el canal autonómico – para contraprogramar infantilmente la reunión entre Sánchez y Valido. A Torres le debe asesorar alguna empresa de pompas fúnebres.

Algunos opinan que la amnistía a los implicados en el golpe ocurrido en Cataluña en 2017 como motivo para no votar a favor de Sánchez es un pretexto espurio de los coalicioneros. CC ha utilizado pretextos para casi todo en sus cuarenta años de historia –como cualquier partido político – pero en este caso no es una excusa. Sus dirigentes saben perfectamente que las bases del partido – y una amplia mayoría de los votantes – rechaza la amnistía. Y no únicamente en Tenerife, La Palma o El Hierro, sino también –mayoritariamente -- en Fuerteventura y Lanzarote. Para los papanatas y mamagüevos de la izquierda terruñera, los que se orinan encima cuando ven agitarse una estelada y viven cual niños envidiosos la independencia como la única épica emancipadora de nuestro tiempo, un nacionalismo que no sea independentista no merece ser llamado nacionalismo y se reduce a un artefacto de derechas. Porque está a punto de cuajar el apotegma– después de un incesante ejercicio propagandístico en las últimas semanas – según el cual quien no apoya la amnistía solo puede ser un reaccionario. Quien no apoya la amnistía –en síntesis - no está a favor de la reconciliación, de la concordia, de la generosidad, del progreso. Y eso cuando hace tres o cuatro meses la amnistía era rechazada por Sánchez y los suyos y por todos sus entusiastas palanganeros y chupamedias.

Que esta estúpida monserga pueda inocularse en dosis masivas no habla precisamente bien de nuestra educación cívica. Habla más concretamente de la debilidad de un sistema democrático que se aproxima a una crisis estructural y de cuya veloz erosión son responsables básicos –aunque no únicos – el PSOE y el Partido Popular. Coalición Canaria se ha definido siempre como un nacionalismo que se encuentra cómodo en los límites de la Constitución de 1978, sin renunciar tampoco a las reformas (consensuadas) que sean necesarias y reclamando las competencias, políticas y fondos que estiman oportunos para aumentar la cohesión territorial y social de los isleños. Hace menos de un lustro fue aprobado un nuevo Estatuto de Autonomía que ampliaba y reforzaba el autogobierno del país. En ese sentido no se puede achacar al nacionalismo canario – el de Coalición y el de Nueva Canarias – ninguna parálisis, ningún retroceso, ninguna renuncia de sus convicciones y sus estrategias básicas. La amnistía, en cambio, abre un proceso potencialmente peligroso para la cohesión de España y los acuerdos a vida o muerte con los privilegiados socios independentistas pueden ser lesivos para Canarias – política, financiera, presupuestariamente – en los próximos meses y años. La amnistía puede ser un chollo para algunas centenares de personas en Cataluña; para Canarias, como para Extremadura, Valencia o Murcia es una señal de peligro.

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